Por Juan Leopoldo Martínez, 06/09/2015
Según las estadísticas de Migración Colombia al menos mil 381 ciudadanos neogranadinos han sido deportados de
Venezuela y la Organización de Naciones Unidas estima que al menos 10
mil personas naturales de la vecina nación han regresado a su país de
origen por miedo a ser expulsados de forma abrupta como le ha sucedido a tantos
de sus compatriotas.
El argumento del gobierno venezolano ha sido el tema del “contrabando
de extracción” de productos nacionales, principalmente, a la vecina Cúcuta
donde son vendidos a precios superiores al costo de adquirirlos en Venezuela, que
obviamente supone una sustanciosa ganancia.
Pero desde la visión más superficial, las deportaciones masivas suponen
el incumplimiento de varias garantías de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Cuando funcionarios venezolanos expulsan a un individuo por
el simple hecho de ser colombiano, como ha sido denunciado en varias oportunidades, se infringe lo que
establece el artículo 9 “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado.”
Esos ciudadanos también denuncian la demolición de sus viviendas y
enseres, claramente, en contra de los dispuesto en el artículo 17 que
especifica “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”
Explicar cada derecho violado tomaría un ensayo. Pero el tema
fundamental es que la búsqueda de solución a un problema no puede implicar la
transgresión masiva de garantías de ciudadanos, que conforman una comunidad
según el Instituto Nacional de Estadística de 721 mil 791 colombianos según el
censo 2011.
Adicionalmente, en Venezuela no existe un programa de inmigración
regular en donde se establezcan límites de origen de la persona, mínimo de
educación o de inversión en el país para poder tener residencia, cuotas de
ciudadanos anuales u otra serie de factores que son considerados en otros
países de América.
Entonces, querer solucionar el problema sin importar los perjuicios que
esto implica, no es la forma más apropiada de solventar algo. Para eso existe
un sistema judicial formal que puede determinar culpables e imponer las
sanciones que aplique. En ese sentido hay que colocarse en la posición del
inmigrante y preguntarse ¿qué venezolano podría estar de acuerdo que a los
criollos que viven en el exterior se les acuse masivamente de un problema
nacional y sean expulsados de forma abrupta de ese lugar?
Tomado de:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico