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viernes, 4 de septiembre de 2015

Hijos de la patria por @davinci1412


Por  Gioconda San Blas



Al momento de escribir estas líneas, la Defensoría colombiana contabiliza más de mil niños víctimas de la ruptura familiar, porque padre, madre y hermanos nacidos a uno u otro lado de la frontera han quedado separados. Esto en oposición al art. 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que explícitamente indica que los Estados Partes (Venezuela uno de ellos) velarán porque el niño no sea separado de sus padres


La imagen no me abandona, me asalta una y otra vez como una de las representaciones más vergonzosas de la infamia. Una joven madre es deportada a Colombia, mientras su bebé de 4 meses queda en este lado de la frontera al cuidado del padre. “Ahora ella y su pareja se encuentran en la mitad del río Táchira para que ella amamante a su bebé. Lo hacen casi a diario, pero en ocasiones deben interrumpir la rutina debido a los cierres de las trochas”, nos cuenta Maolis Castro en un desgarrador reportaje (La frontera a media asta, http://bit.ly/1NH0IwD). Sujeta al discrecional juicio de los guardias nacionales, la bebita es “hija de la patria” y por lo tanto, no puede seguir a la madre. Hija del estado todopoderoso, pues.

Al momento de escribir estas líneas, la Defensoría colombiana contabiliza más de mil niños víctimas de la ruptura familiar, porque padre, madre y hermanos nacidos a uno u otro lado de la frontera han quedado separados. Esto en oposición al art. 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que explícitamente indica que los Estados Partes (Venezuela uno de ellos) velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos. Un principio que la ONU refuerza al insistir en la necesidad de reunificar a los niños y jóvenes separados de su familia.

Según Amnistía Internacional, la Defensoría colombiana ha registrado cientos de quejas de abandono de familiares, maltrato físico y verbal de militares venezolanos, destrucción de viviendas, despojo de pertenencias en los desalojos y retención de documentos. Un claro contraste con las declaraciones del defensor del pueblo a este lado de la frontera, quien dice vigilar la actuación respetuosa de la Guardia Nacional en materia de derechos fundamentales, a pesar de evidencias en contrario. Si de capturar malhechores, paramilitares y guerrilleros se trata, hay fórmulas legales para ello que resguardan a la población inocente.

Pareciera que el régimen se regodea en acciones de asalto militar contra la población civil, amparado en la nocturnidad. Ya en 2003 pudimos ver una primera edición de esa conducta cuando una madrugada, unos 350 efectivos de la Guardia Nacional venezolana y de la policía del estado Falcón tomaron por asalto la urbanización Los Semerucos, arremetiendo contra 100 familias cuyos titulares habían sido expulsados de la nómina de la empresa aunque conservaban al momento el arriendo de las viviendas.

Más recientemente, las operaciones de liberación del pueblo (OLP) se han caracterizado por el irrespeto a los derechos humanos, allanamientos ilegales, abusos y maltratos. Llamadas por Provea “razzias contra los pobres”, en los 23 operativos del primer mes fueron detenidas 4.021 personas, algunas menores de edad, de las cuales sólo 368 (9%) fueron retenidas por presunción de hechos punibles. Estas tropas de asalto, con la aparente misión de apresar maleantes, usan la discrecionalidad del poder para arremeter contra todo y todos.

En medio de su tristeza por la separación familiar e inexperto en purismos legales sobre derechos humanos, Camilo reflexiona: “Somos desplazados del conflicto armado colombiano. Vinimos hace 25 años a Venezuela en búsqueda de paz, pero ahora atravesamos una de las peores pesadillas de nuestras vidas: somos otra vez desplazados” (http://bit.ly/1KpIlMf).

03-09-15




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