DIANA CALDERÓN 08 de enero de 2017
Las
redes sociales amanecieron inundadas hace unos días por una serie de vídeos
producidos con calidad y un objetivo claro. Los mensajes de navidad y año nuevo
que colapsaron las comunicaciones móviles y nuestra propia capacidad de
responder por la cantidad y frecuencia, fueron reemplazados por uno que se
repetía estratégicamente: Estado corrupto, 20 billones robados por políticos,
la salud en quiebra y no más a los nuevos impuestos con los que el 2017 empezó
en Colombia.
Ninguno
hizo referencia a la disminución histórica de la tasa de homicidios, la más
baja por primera vez en medio siglo. Al contrario, se incrementaron las
críticas al presidente Juan Manuel Santos que logró sellar el proceso de paz
con las FARC. El silencio de los fusiles del cual Colombia no tenía memoria no
fue aplaudido y en cambio se insiste en castigar al mandatario incluso
proponiendo la revocatoria de su gobierno.
Imposible
no pensar quién está detrás de esa campaña anti políticos que se apropia de un
tema de fondo como es la corrupción. La respuesta es simple: son los mismos
políticos que aspiran a ser elegidos en el 2018 en contra de otro sector
político que roba sistemáticamente de las entidades estatales amacizadas con el
sector privado. En algunos casos las organizaciones ciudadanas participan pero
para aparecer registradas en las imágenes del mensaje con el que quieren llegar
a sus audiencias o futuros votantes.
Aciertan
en la escogencia del tema para posicionar una especie de movimiento anti político
que le abra espacio a nuevas figuras. Sólo en el último año tuvimos que
enfrentar dos escándalos. Primero, los sobrecostos irregulares reportados por
la Contraloría en Reficar, una moderna refinería construida en Cartagena por
más de 4 mil millones de dólares, y el pago de sobornos de la empresa brasilera
Odebrecht en el caso colombiano por valor de 11 millones de dólares para
garantizarse contratos de infraestructura. Sin hablar del robo de los alimentos
a los niños desnutridos de la Guajira y de un rosario de casos que relaciona el
expresidente Alvaro Uribe en uno de sus comunicados de comienzo de año.
No
estoy diciendo que los vídeos sean producidos por el Centro Democrático. A
pesar de las coincidencias en los casos usados para ilustrar la corrupción,
podrían ser realizados también por un sector del Polo Democrático. Incluso por
los más Verdes del espectro político colombiano. O desde las mismas Voces de
Paz con las que las FARC se inauguran como movimiento político.
Lo
cierto es que lo que están buscando tiene riesgos enormes para la democracia,
abriendo caminos al populismo que ya recorrieron con consecuencias irreparables
países como Venezuela. O Brasil, donde los salvadores llegaron a convertir a
esa nación en su botín.
Estamos
a tiempo de recomponer el camino para no abonar el terreno a quienes buscan
profundizar las crisis para alimentarse de ellas. Y solo será posible si a cada
escándalo se le pone fin pero tras las rejas. Ya en ese papel ha empezado a
demostrar su capacidad el fiscal Nestor Humberto Martínez pero hay que ir más
allá de destapar. Castigar. Le tocará también al nuevo procurador Fernando
Carrillo llegar con independencia a hacer lo propio y honrar la expectativa
sobre su periodo.
El
gobierno actual no puede darse el lujo de mostrar un estado incapaz, preso de
su propia reglamentación para no ser eficiente como ocurrió con las demoras
para poner a funcionar las zonas veredales para la concentración de las FARC.
Ahí sí debían actuar con el conocido fast track pero no solo para aprobar leyes
en el Congreso.
Las
normativas alcanzadas no son ni mínimamente garantías de la implementación de
los acuerdos si en el terreno las cosas no funcionan en los tiempos
establecidos.
Una
ciudadanía que no parece hacer parte de la red iracunda e impune que castiga a
los políticos a los que imita en sus peores delitos, tiene una gran oportunidad
para usar las herramientas de participación ciudadana sobre todo en lo que
tiene que ver con la vigilancia del quehacer de los mandatarios regionales y locales.
A
propósito de las iniciativas de revocatoria de los alcaldes de Bogotá,
Bucaramanga, Neiva, Pereira y Cartagena, bien valdría la pena establecer un
mecanismo para que los opositores de los mandatarios a los que se pretende
tumbar no perviertan una figura que debería ser el “coco” para los
ineficientes, y no la plataforma de sus aspiraciones electorales.
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