MAOLIS CASTRO 08 de enero de 2017
Nicolás Maduro quiere
demostrar al enemigo que está preparado ante un hipotético ataque. El
presidente venezolano ordenó esta semana un nuevo despliegue de tropas armadas
para el 14 de enero. “Hoy, Venezuela tiene un poder militar, un poder militar
desplegado en la calle por la paz, la independencia y la soberanía”, dijo el
mandatario. Para mantener ese poder, el chavismo no ha dejado de aumentar su
arsenal durante los últimos 16 años, en medio sin embargo de una fuerte crisis
económica. Las últimas compras de armamento apuntan a Rusia y China.
El
arsenal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha
crecido durante la Revolución. El país ocupa el quinto lugar en América Latina en
gasto militar. Está, además, entre las 36 naciones del mundo que más invierten
en esta partida. Durante el chavismo, entre 1999 y 2015, hubo una inversión de
más de 5.620 millones de dólares (unos 5.536 millones de euros) en armamento,
según cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de
la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés).
La
compra de artillería no cesa pese a la en este país con una profunda crisis
económica. En diciembre, Maduro aprobó dinero para la adquisición de material
militar vendido por Rusia y China. “He autorizado los recursos suficientes para
dotar de la más moderna tecnología mundial y armas a todos los combatientes de
la fuerza de acción especial, a todos los grupos especiales y a todas las
tropas de acción rápida de la FANB”, dijo en un discurso televisado.
Días
antes, el presidente de Venezuela había enfrentado una ola de protestas
generada por la salida de circulación del billete de más alto valor, el de 100
bolívares. En el Estado de Bolívar, al sur del país, fue decretado un toque de
queda para zanjar el desenfreno de la protesta. Las hordas. La militarización y
la flexibilización de la medida monetaria apaciguaron los ánimos.
Los
temas armamentísticos son manejados con discrecionalidad por el Gobierno. Para
Lexys Rendón, coordinadora de la asociación Laboratorio de Paz,
este año se puede alcanzar la cúspide de la opacidad en la Administración sobre
las partidas de la defensa. “El presupuesto de la nación ni siquiera fue
discutido por la Asamblea Nacional, sino que se aprobó directamente por el
Tribunal Supremo. Esto se debió a una confrontación entre los poderes públicos
[el Parlamento, controlado por la oposición, y el Supremo, dirigido por el
chavismo]. Cada vez las cuentas del Ejecutivo son más turbias”, explica.
Muchas
organizaciones civiles han exigido una disminución del presupuesto dinero
depositado en la de defensa de Venezuela, el país con la mayor contracción
económica de América. Las inversiones solo se han reducido por la caída de los
precios del petróleo. El Gobierno recortó en un 90% las compras militares del
periodo 2015-2016 respecto a los dos años anteriores, según revela un informe
de la asociación civil Control Ciudadano, pero esta medida apenas supuso. Esta,
apenas, es una tempestad en la carrera armamentística del chavismo. Ya el año
pasado hubo un aumento del 5% en la compra de equipos y sistemas de armas para
la FANB.
Pero
las armas no solo están en manos del Ejército. Aunque los artefactos
explosivos, los fusiles y las municiones bélicas son administrados
exclusivamente por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares
(Cavim), una empresa del Estado venezolano que surte a la Fuerza Armada y a la
Milicia Bolivariana, el dominio de algunas de estas letales armas ha pasado de
forma irregular a manos ajenas en Venezuela.
Granadas
en las calles
Una
granada mató a Gian Franco Cesa, un arquitecto de 25 años, cuando fue detonada
accidentalmente por uno de sus dos secuestradores dentro de un coche en
Caracas. La explosión ocurrió el 8 de agosto, unos días antes de que despegara
el avión en el que la víctima quería viajar a Estados Unidos para escapar de la
crisis. El estallido también fulminó a los delincuentes.
Los
ataques con granadas ocurren en cárceles, en comisarías y en las calles de
Venezuela. Durante dos años, entre 2013 y 2015, Venezuela fue el país de
Latinoamérica con el número más alto de civiles muertos por la explosión de
granadas en Sudamérica, según la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme
en América Latina y el Caribe (UNLIREC. El sangriento registro continuó el año
pasado. En un reportaje del diario digital Runrunes contabilizó 49 muertes y
155 heridos durante 32 atentados con granadas de enero a agosto de 2016.
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