Omar Barboza Gutiérrez 20 de febrero de 2017
Los
hechos han demostrado que los intereses de la corrupción hace tiempo que
controlan las políticas económicas, cambiarias y financieras del gobierno
nacional, y han tenido suficiente influencia y poder para evitar que este
gobierno rinda cuentas de lo que hace con el dinero de todos los venezolanos,
que hoy gracias al manejo deshonesto e ineficiente de los recursos públicos,
están pasando por las situaciones de escasez y alto costo de la vida, que se
traducen en hambre y en no conseguir las medicinas para preservar la salud y la
vida.
Es por
eso, que cuando se produce el triunfo de la Unidad Democrática el 6 de
diciembre de 2015, y se vieron ante la posibilidad Constitucional de estar ante
una Asamblea Nacional decidida a cumplir con su atribución de controlar el
gasto público y denunciar los actos de corrupción, enseguida la macolla que
controla al oficialismo y se beneficia con la corrupción, puso en marcha una
estrategia para que la nueva Asamblea Nacional no pudiera ejercer sus
atribuciones constitucionales en representación del pueblo venezolano y se
convirtiera en un obstáculo para que ese pequeño grupo que controla el poder en
Venezuela se siga enriqueciendo ilícitamente a costa del sufrimiento de las
mayorías nacionales.
El
primer paso que dieron fue designar en lo que restaba del mes de diciembre de
2015 unos supuestos Magistrados que no reunían los requisitos para ocupar esos
cargos, pero estaban comprometidos políticamente con el gobierno y dispuestos a
torcer la Constitución e irrespetar la soberanía popular para complacer la
voluntad totalitaria y corrupta del gobierno nacional, y los designaron
violando para ello de manera descarada los procedimientos y lapsos establecidos
por la Constitución y las leyes.
Y esos
Magistrados empezaron a cumplir con su compromiso político suspendiendo los
efectos de la proclamación de los diputados electos por el Estado Amazonas para
arrebatarle a la Unidad Democrática las dos terceras partes de los diputados y
las atribuciones que se derivan de ello. Luego en el mes de enero de 2016 le
aprobaron inconstitucionalmente al gobierno nacional el Decreto de Emergencia
Económica que solo podía aprobar la Asamblea Nacional, y luego, cuando de
acuerdo a la Constitución ese Decreto no se puede prorrogar por más de 60 días,
lo han prorrogado por más de un año.
Esa
emergencia económica, que no ha resuelto ninguno de los problemas que el
gobierno dijo que resolvería con ella, lo que ha servido es para convertirse de
acuerdo al uso que se le ha dado, en un Decreto que autoriza a despilfarrar y a
robar el dinero público sin control y con impunidad. Por ello, el gobierno
nacional la ha utilizado sin importarle la Constitución ni la Ley, para auto
aprobarse un Presupuesto Nacional que no ha sido publicado ni en la Gaceta
Oficial ni en ninguna parte, para hacer con él lo que les da la gana,
incluyendo créditos adicionales y traslados de partidas clandestinos.
Igualmente ha sido utilizada para firmar contratos de interés nacional sin ser
aprobados por la Asamblea Nacional, como los negocios que se han hecho con el
oro y otros minerales en el llamado Arco Minero, que son actos de corrupción,
además de atentar en contra de la preservación del ambiente en esa zona tan
importante para Venezuela y el mundo.
Así
mismo negocian sin aprobación de la Asamblea Nacional como lo dispone el
Artículo 150 de la Constitución, los derechos del país sobre la explotación de
su petróleo como ocurrió en el caso de Petromonagas, donde le vendieron un 23%
del total de las acciones de esa empresa que eran de la República a la empresa
rusa Rosneft, sin la autorización legislativa y sin que el país conozca los
detalles de esa operación. Por otra parte, cada vez son más graves las
acusaciones en contra de altos funcionarios de estar implicados en
narcotráfico, y el gobierno se niega a investigar esos señalamientos.
No
contentos con eso, se proponen endeudar más al país violando la Constitución y
las leyes sin autorización de la Asamblea Nacional, sin tomar en cuenta que ya
han multiplicado por seis veces el monto de la deuda externa, a pesar de que
tuvieron varios años de bonanza petrolera.
Hoy
nuevamente, cumplimos con advertir a los entes internacionales que cualquier
endeudamiento del país para que sea válido y reconocido debe contar con la
aprobación de la Asamblea Nacional, y que cuando asumen a su riesgo hacerle un
préstamo al gobierno nacional sin cumplir con la Constitución y las leyes
venezolanas, le están prestando es al actual gobierno nacional, pero no a la
República Bolivariana de Venezuela, porque la República para endeudarse
válidamente si debe cumplir con los requisitos constitucionales y legales que
regulan esa materia en nuestro país.
Omar
Barboza Gutiérrez
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