SILVIA AYUSO 13 de febrero de 2017
El
vicepresidente de Venezuela ha entrado este lunes en la lista negra de
narcotraficantes de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha incluido a
Tareck El Aissami en el grupo de sancionados por su "significativo papel
en el narcotráfico internacional", lo que le convierte en el funcionario
venezolano más alto en ser castigado por Washington. Las agencias involucradas
en la decisión han insistido en que se trata de una acción contra un individuo,
no contra un gobierno, y que es el resultado de una "larga
investigación". Pero con este paso la Administración de Donald Trump abre
un nuevo frente en América Latina y redobla la presión sobre Caracas iniciada
por su predecesor, Barack Obama.
Además
del vicepresidente venezolano, en la lista de sancionados figuran el
empresario venezolano Samark José López Bello, al que Washington considera el
“testaferro” de El Aissami, y 13 empresas “pertenecientes o controladas por
López Bello” o sus asociados. Las compañías tienen sede en EE UU, Panamá, Reino
Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas.
Las sanciones se enmarcan en la Ley Kingpin,
promulgada en 1999 con el objetivo de bloquear las actividades de individuos o
de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculadas con el
narcotráfico y que sean una amenaza para Estados Unidos. Implican la
congelación de cualquier bien o activo que los señalados tengan en territorio
estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos estadounidenses
realicen transacciones comerciales con los castigados. Fuentes del Gobierno
estadounidense dijeron que se estima que los bienes de los sancionados en EE
UU, especialmente en la zona de Miami, ascienden a “decenas de millones de
dólares”. Florida, y más concretamente Miami, es una zona privilegiada por los boliburgueses,
la oligarquía que floreció a la sombra del chavismo.
Una
acción con fuertes tintes políticos
Las
autoridades estadounidenses han sido enfáticas a la hora de señalar que la
designación de El Aissami es una decisión “contra un individuo, no un
gobierno”. Se trata de “la culminación de una investigación de varios años bajo
la Ley Kingpin para identificar a narcotraficantes significativos en Venezuela
y demuestra que el poder y la influencia no protegen a los que se involucran en
estas actividades ilícitas”, dijo en un comunicado el director en funciones de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro,
John Smith. “El mensaje de esta designación no es político ni económico ni
diplomático; se trata de ir contra el narcotráfico”, insistió otra fuente
oficial en la teleconferencia.
No
obstante, a nadie se le escapan las múltiples y graves implicaciones políticas
de una decisión que pone en la mira de EE UU al segundo hombre de mayor poder
en Venezuela y potencial sucesor de Nicolás Maduro al frente del Gobierno.
De
hecho, hace solo una semana, 32 legisladores, tanto congresistas como senadores
republicanos y demócratas, firmaron una carta escrita por el senador demócrata
Bob Menéndez y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen pidiéndole a Trump que imponga nuevas sanciones “inmediatas”
a funcionarios venezolanos “responsables de violaciones de derechos humanos y
de corrupción”, incluidos, subrayaban, “aquellos presuntamente involucrados en
la crisis alimentaria venezolana”. Los legisladores también reclamaban que las
agencias estadounidenses “investiguen de forma exhaustiva” la “conducta y
actividades” del nuevo vicepresidente venezolano El Aissami, en vista de las
informaciones que ligan al nuevo número dos venezolano con “corrupción,
narcotráfico y la influencia de organizaciones terroristas en Venezuela”.
Uno de
los signatarios, el senador republicano por Florida Marco Rubio, celebró las
sanciones contra El Aissami y manifestó su esperanza de que sean “solo el
principio para asegurarnos de que el régimen de Maduro siente presión para
poner fin a sus actividades ilícitas, liberar a todos los presos políticos,
empiece a tolerar el disenso y respete la voluntad de los venezolanos que
votaron para que se abandone el desastroso camino de (Hugo) Chávez y Maduro”.
Rubio
es, junto con el demócrata Menéndez, el coautor de la
ley que a finales de 2014 abrió la puerta a sanciones contra funcionarios
venezolanos por parte de Washington durante el Gobierno de Obama. Este
emitió una primera tanda de penalizaciones en marzo de 2015, cuando señaló a
siete altos funcionarios venezolanos responsables de seguridad y justicia del
Gobierno de Maduro como responsables de la “erosión de los derechos humanos” en
el país. Además, para gran indignación de Caracas, el presidente demócrata declaró
una “emergencia nacional” respecto de Venezuela, un instrumento que le
permite al Ejecutivo, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que
haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.
Venezuela,
también en el radar de Trump
A
diferencia de México, Venezuela no ha figurado en la primera línea de ataque de
la retórica de Trump. Pero es un país por el que el presidente republicano se
ha interesado en repetidas ocasiones de manera más discreta.
Hace
un mes, días antes de asumir la presidencia, Trump recibió en su despacho en la
Torre Trump en Nueva York a un grupo de hispanos, entre ellos el exembajador
guatemalteco en Washington Julio Ligorría. Según confirmó este a EL PAÍS, el
magnate mostró un interés particular por el país sudamericano: Trump
preguntó por Venezuela y se interesó específicamente por la situación
de dos de los políticos opositores encarcelados por el Gobierno de Nicolás
Maduro, Leopoldo López y Antonio Ledezma, de acuerdo con las fuentes.
En las
últimas horas, Venezuela ha vuelto a ser tema de conversación en la Casa
Blanca. Según el comunicado oficial de la Administración Trump, durante
la llamada que Trump hizo el domingo al presidente peruano, Pedro Pablo
Kuczynski, el estadounidense “manifestó su preocupación por los
acontecimientos en Venezuela, incluida la situación humanitaria en ese
país”. Trump también dijo estar “preocupado” por Venezuela cuando habló
con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, un día antes, el sábado.
El
interés de Trump por Venezuela podría tener un carácter personal. Uno
de los clubes privados de lujo que el magnate devenido en presidente tiene en
Florida está en Doral, popularmente conocido como “Doralzuela” por la
cantidad de venezolanos asentados en esa zona, situación que le habría
sensibilizado más sobre la situación del país sudamericano.
Pero
Trump no es el único de la nueva Administración estadounidense con historial
venezolano. El nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, también tiene desde hace tiempo una cuenta
pendiente con el Gobierno chavista. El texano era jefe de la petrolera
Exxon Mobil cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria
petrolera en la década de 2000, hecho que provocó grandes pérdidas a la
compañía que dirigía Tillerson. Ambos se enfrentaron en los tribunales
internacionales y, finalmente, Exxon Mobil aceptó un acuerdo por 1.600 millones
de dólares, mucho menos que los 10.000 millones en los que había estimado sus
pérdidas en Venezuela por la maniobra del Gobierno.
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