Por Emma Sánchez Álvarez
El rector afirma que las
universidades privadas "han sido totalmente marginadas y relegadas por el
gobierno". Opina que debe volverse a la anterior Ley Orgánica de Ciencia y
Tecnología para que esas áreas sean financiadas por las empresas privadas
Desde hace más de una década,
los titulares de los más diversos medios de comunicación, hablan y denuncian
acerca de la grave crisis que viven las universidades en el país. Se hacen
anuncios sobre cierres técnicos de más de 20 universidades venezolanas por
falta de presupuesto y los rectores han exigido al gobierno sueldos dignos para
docentes y trabajadores. Los estudiantes sufren todos los días las
carencias de comedores, transporte, insumos y herramientas para sus
prácticas, deficiencias que les impiden enfocarse seriamente en su crecimiento
académico... el funcionamiento de las casas de estudios superiores que han
elegido para convertirse en profesionales raya en lo pésimo.
El padre José Virtuoso, rector
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), considera que el problema más
grave que tienen las universidades públicas y privadas de Venezuela es la
situación económico-social que genera violencia e inseguridad.
Estima que hasta ahora la
prioridad del gobierno en materia universitaria ha sido la
masificación. Por otra parte, Virtuoso asevera en esta entrevista
con Contrapunto, que la universidad privada en Venezuela “ha sido
totalmente marginada y relegada por el gobierno". En este sentido, afirmó
que cree que hay una gran deuda de reconocimiento del Estado con las
universidades privadas, “porque han sido en este país un importantísimo apoyo
subsidiario de la educación universitaria”.
Igualmente el padre Virtuoso
opinó que el respeto de la autonomía de las universidades es otro aspecto que
el gobierno tiene que tomar en cuenta. "El gobierno, a través del
Ministerio ha querido centralizar cada vez más las decisiones de la educación
universitaria, cuanto la Ley de Universidades otorga a estas casas de estudios
públicas y privadas una autonomía fundamental para el desarrollo de sus
políticas formativas. Insisto, hay una gran deuda con la calidad y con la
autonomía universitaria”.
–¿Cuáles son los cinco
problemas más graves que afronta la UCAB?
–Yo creo que el primer
problema tiene que ver fundamentalmente con el clima-país, que está signado por
la inseguridad personal, con el tema de violencia y criminalidad, que afecta de
manera muy especial la vida universitaria porque, entre otras cosas, supone
extremar los cuidados de seguridad interna en el campus y las personas que
están aquí necesitan permanente protección. Después está el tema económico
y social. Los docentes y el trabajador universitario se sienten muy frustrados
porque ven cómo su salario no alcanza frente a las exigencias a las que tiene
que responder. Evidentemente, la universidad hace todo lo posible por mantener
un sueldo lo mejor que se puede. Sin embargo, en este contexto inflacionario y
de escasez, pues es muy difícil que el sueldo alcance. En el caso de los
estudiantes, uno de los principales problemas es ver que su futuro está
cerrado. Los estudiantes no ven cómo hacer vida aquí después de graduados. Los
muchachos están en la universidad pero mirando hacia afuera del país, mirando
la posibilidad de emigrar.
–Para usted, ¿cuál sería la
salida a esta crisis que tiene a las universidades en una situación de carencias
y desmotivación?
–-Si me piden una evaluación
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), diría que estamos haciendo las
cosas como mejor podemos. Estamos en un proceso de desarrollo de calidad de
nuestros procesos académicos y administrativos; con un esfuerzo tremendo porque
nuestro campus sea acogedor y agradable, para que nuestros estudiantes sientan
que la Universidad puede crecer y desarrollarse. El gran problema es el
contexto país, insisto, que genera problemas muy graves a nivel económico, de
motivación y funcionamiento cotidiano.
–¿Qué tanto ha afectado a su
universidad la fuga de cerebros, de talentos, de profesores?
–A nosotros nos afecta la fuga
de talento, como a todas las universidades. Sin embargo, el porcentaje en la
UCAB, yo no lo tengo específicamente cuantificado, pero con respecto a las
otras universidades del país, es más bien bajo. Entre nosotros hemos tenido
pérdidas importantes en recursos humanos, pero no en una proporción alarmante.
Creo que porque la gran mayoría de la gente siente que la UCAB sigue siendo una
universidad con condiciones laborales y académicas bastante adecuadas. Esto no
implica que la gente no tenga en la cabeza las perspectivas de poder emigrar
ante una oferta que le convenza. Yo diría que esa posibilidad está en el
bolsillo y en la mente de las personas, aunque todavía no nos ha afectado como
sí lo ha hecho con otros centros de estudios del país.
–La crisis ha logrado que un
alto porcentaje de estudiantes que se matriculan en la universidades privadas
no puedan pagar sus estudios. ¿Qué está haciendo la UCAB con este problema?
–Nosotros tenemos una política
amplia de apoyo al estudiante. El 30 por ciento de nuestros estudiantes reciben
algún tipo de financiamiento en su matrícula, eso significa alrededor de 3.000
mil estudiantes. En nuestra sede de Caracas, en Los Teques y Guayana tenemos en
el orden de 16 mil estudiantes de pregrado. El 30 por ciento recibe un apoyo
financiero. Gracias al respaldo de las empresas privadas, de muchos en el
Estado y de donantes particulares que están ayudando a la UCAB en el programa
de becas. Esto nos permite poder ayudar a un número muy importante de alumnos.
–Hay un nuevo ministro de
Educación Universitaria. ¿Cuáles son las prioridades que usted cree que hay que
plantearle y cuáles son las que el gobierno tiene?
–Tendré la oportunidad de
escucharlas en el próximo Consejo Universitario que él presidirá. Hasta el
momento las prioridades del gobierno en materia de la educación universitaria
ha sido la masificación. Es decir, lo que se ha pretendido con las políticas
universitarias ha sido incorporar a estudiantes. Escuché al presidente Maduro
en estos días en su alocución, hablaba de 2 millones 800 mil estudiantes de
educación universitaria sin contar los de educación técnica-universitaria,
colegios e institutos. Creo que desde hace varios años el gobierno
efectivamente ha venido desarrollando una política de ampliar las ofertas de
cupos, obligar a las universidades nacionales a eliminar los requisitos y
méritos de entrada, y favorecer becas. Esta ha sido una clara línea del
gobierno, obviando otros detalles de la educación universitaria. Considero que
la inclusión y la apertura están bien, que se abra la educación universitaria a
todo el que quiera participar.
El problema –continúa– es que
tiene que ser una oferta de calidad. Nosotros no hacemos nada con convertirnos
en una gran fábrica de títulos universitarios, que a la hora de la verdad
detrás de ese título hay muy pocas capacidades desarrolladas. Por sus fines, la
Universidad requiere ser una institución de altísima calidad. Calidad
tecnológica, docente, en la investigación, en el desarrollo de sus capacidades
para estar presente en el debate público, etc. Para mí es la gran brecha. Yo
creo que existe un número muy alto de la matrícula universitaria venezolana, y
aplaudo esto. Pero también considero que ese número por sí solo no responde a
todo lo que significa la educación universitaria de calidad que ayude al
desarrollo de nuestro país.
–¿Qué aspectos positivos ha
hecho el Ministerio de Educación Universitaria que deben ser profundizados o
retomados?
–Yo creo que la agenda
pendiente es tremenda. Usted va a la Universidad Central de Venezuela (UCV), a
la Simón Bolívar (USB), a la de Carabobo, a la de Los Andes o la del Zulia y
encuentra que están realmente demasiado empobrecidas. Cuentan con presupuestos
de hambre. Esto significa que estás reduciendo la calidad y, algo
fundamental, la posibilidad de contar con docentes bien pagados y motivados con
el trabajo que tienen que realizar. El gobierno tiene una gran deuda con la
educación universitaria, que es la deuda de la calidad. Esto implica unos
presupuestos importantes. Segundo, respetar la autonomía universitaria y
la diversidad. El gobierno, a través del Ministerio, ha querido centralizar
cada vez más las decisiones de la educación universitaria, cuando la Ley de
Universidades otorga a estas casas de estudios públicas y privadas una
autonomía fundamental para el desarrollo de sus políticas formativas.
–¿Y con las universidades
privadas?
–-Hay una gran deuda de
reconocimiento, porque han sido en este país un importantísimo apoyo
subsidiario de la educación universitaria. Evidentemente el mayor número de
estudiantes y docentes ha estado en las universidades nacionales, y ahora está
en todo el sistema que ha desarrollado el ejecutivo nacional. Pero insisto, el
aporte de las universidades privadas en calidad y atención es sustancial.
Tenemos en el orden de los 600 mil estudiantes, aproximadamente.
–¿Y de qué forma el gobierno
puede apoyar la educación universitaria privada?
–Para mí eso es una materia
pendiente. A las universidades privadas se les pueden apoyar de muchísimas
maneras. Una forma tiene que ver con el acceso a divisas para el pago de
tecnología, base de datos; es decir, todo lo que implica la compra de insumos
en el exterior. Por ejemplo, la compra de tecnología necesariamente la tienes
que hacer en divisas, y una política preferencial para las universidades sería
una vía, porque estos recursos ahora están vedados. Otra, es la invitación para
reconocer a la universidad en la participación de foros, proyectos, y en
diversas áreas de crecimiento y de desarrollo nacional.
–¿Cree que el gobierno tome en
cuenta todas estas necesidades de las universidades privadas que usted expone?
–Hasta el momento no lo ha
hecho. La universidad privada ha sido totalmente marginada y relegada.
Imagínese usted si se margina a las públicas nacionales, yo diría que a las
privadas se le ha reduplicado esa exclusión.
–¿Se mantiene la producción
científica y las investigaciones? Se supone que de las universidades salen
propuestas para el país, ¿han podido mantenerlas?
–Creo que cabe más –todo este
tema de la producción de investigación y conocimientos generales en las
universidades–, a través de las publicaciones, de la participación en el debate
nacional, de apoyo a la empresa privada, que está muy restringido porque los
presupuestos de investigaciones en las universidades se han reducido. En
la Universidad Católica, en las áreas que ha venido desarrollando por muchos
años, como son los estudios de corte humanísticos, de ciencias sociales y en
Derecho, cuenta con una importante producción en materia de investigación, de
publicaciones y de incidencia pública. Pero esto se debe fundamentalmente a la
política de convenios con instituciones que han creído en nosotros y que se han
involucrado con los proyectos, pero no hemos contado con algún apoyo por parte
del gobierno, una vez que se reformó la Ley Orgánica de Tecnología.
–¿Usted cree que es por esa
reforma que no se desarrolla la producción e investigación en las
universidades?
–-Sí, y eso tiene una
respuesta muy concreta: debe volverse a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología
antes de la reforma, que establecía un mecanismo muy idóneo para que las
universidades contaran con un presupuesto adecuado para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, que fundamentalmente financiaba, por obligación, el
sector privado, que tenía que dedicar parte de sus ingresos al financiamiento
de proyectos de investigación. Estos recursos eran vigilados por el Estado para
que no se desviaran. Luego que se reformó esta ley, ese dinero ya no va a las
universidades sino que va al Estado y este lo distribuye según sus parámetros.
Se controlaron esos fondos y ya las universidades no cuentan con ellos. Sería
bueno contar con un mecanismo de financiamiento de la empresa privada, y que
hubiera fuentes idóneas de parte del sector público para apoyar la ciencia y la
tecnología.
–¿Qué peticiones le haría la
Universidad Católica Andrés Bello al gobierno?
–Hay que revisar urgentemente
los presupuestos de las universidades nacionales. Yo creo que la situación de
estas casas de estudios es realmente critica, y eso supone revisar y ajustar
para darles los recursos necesarios. Lo segundo, es lo relativo a respetar la
autonomía de las universidades públicas y privadas. La Constitución Nacional
garantiza este mecanismo. Evidentemente la autonomía tiene unas características
distintas en las universidades públicas y en las privadas. Reconocer esto es
reconocer también la autonomía de sus Consejos Universitarios y de las
distintas instancias para poder dictar sus normas internas, sus políticas
administrativas y académicas. El tercer aspecto es recobrar la instancia
del Consejo Nacional de Universidades. Este espacio es, en estos momentos, una
reunión de universidades, presidida por el Ministro de Universidades, pero no
es una instancia de verdadera deliberación y aprobación de políticas
universitarias para el crecimiento del país.
Y en cuanto a las
universidades privadas –finaliza– creo que es necesario tender puentes para
favorecer su mayor inclusión, sus aportes al desarrollo del país y su
fortalecimiento a través de vías de financiamiento indirecta. La universidad
privada en este momento se sostiene por la matrícula de sus estudiantes. La
única manera de hacer que la universidad privada pueda ser accesible a muchos
más estudiantes es garantizando apoyos importantes.
31-01-17
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