Por Lorena Meléndez
En noviembre, Luisa Ortega
Díaz llevó a la Corte Penal Internacional, en La Haya, los expedientes de 79
venezolanos que murieron en medio de las protestas de 2017
Para la fiscal en el exilio,
el Plan Zamora fue diseñado por el Ejecutivo para atacar a los
manifestantes como si se tratase de un grupo militar
Afirmó que, cuando el
Ministerio Público investigaba las muertes ocurridas durante los cuatro meses
de protestas de este año, los fiscales se encontraban con múltiples obstáculos
Su despacho, aseguró, solicitó
a Estados Unidos la investigación sobre los sobrinos de Cilia Flores acusados
por tráfico de drogas. Pero estos nunca llegaron a su despacho
Aseveró que tiene todas las
pruebas sobre el caso Odebrecht para implicar a Maduro y a otros altos
funcionarios
Por Lorena Meléndez G.
@loremelendez
Bogotá
Esa mañana del domingo 26 de
noviembre, en una pastelería de la selecta zona norte de Bogotá, Luisa Ortega
Díaz vestía un blazer sobrio y un pantalón azul marino. Llevaba también una
blusa clara que contrastaba con su conjunto oscuro y que iba acorde con su
cabello rubio intenso, el tono que la ha identificado durante los últimos dos lustros.
El atuendo era el mismo que se le había visto desde hacía 10 años, el tiempo
que ha sido Fiscal General de la República, aunque la asamblea nacional
constituyente la haya destituido y la persecusión política la haya obligado a
salir del país clandestinamente en una lancha con rumbo a Aruba en agosto
pasado. Lo único que había sacado previamente, confesó, eran sus títulos y
credenciales académicas.
Aunque la sobriedad de su
vestuario se ha mantenido, la fiscal en el exilio ha cambiado por completo sus
formas, esas que preservaba al momento de hablar sobre el gobierno de Nicolás
Maduro, al menos hasta mediados de 2016. Desde hace año y medio, la mutación
había dado varios pasos hacia adelante, cada vez más agigantados, y como
muestra de ello dejó sus condenas los excesos policiales de las OLP, a las
ilegales actuaciones de los colectivos y hasta al Tribunal Supremo de Justicia
por intentar disolver la Asamblea Nacional. Atrás quedó quien durante años se
expresó con un lenguaje institucional que, más que señalamientos, mantenía
silencios en casos polémicos como los de Franklin Brito, la jueza María Lourdes
Afiuni y Leopoldo López. Hoy, por ejemplo, es capaz de decir que el Ejecutivo
implementa acciones propias de regímenes comunistas y dictatoriales.
“Hay una política del gobierno
propia de los nazis y de (Joseph) Stalin que fue aplicada también en la España
de Franco. Eliminan los pasaportes sin ningún motivo, sin ninguna fórmula
procesal, sin ninguna razón, sin que exista un expediente para controlar a la
gente. Si te vas, te vas ilegalmente, y vas a pasar trabajo afuera, y si te
quedas aquí vas a estar sometido a la persecución del gobierno. Una vez, y esto
siendo fiscal general, oí a una funcionaria de un consulado decir “nosotros no
entregamos los pasaportes a quienes lo solicitan hasta que no verificamos en
internet quién es”. Ese es el criterio que tienen para dar o no un pasaporte
cuando eso es un derecho y eso tienen a miles de venezolanos en todo el planeta
en una situación de indefensión. Eso es violatorio de los derechos humanos”,
comentó. Y luego vino una advertencia bajo el velo de la revelación: “cuando
consigné las denuncias (contra Maduro) ante la Corte Penal, nos reservamos
consignar nuevas evidencias y nuevos hechos”.
Hoy, también tiene el valor
para afirmar que quienes asumieron el control del Ministerio Público (MP)
destruyeron, entre muchas cosas más, la Unidad de Criminalística de la
institución.
“Ese era un laboratorio para
investigar las violaciones de los derechos humanos, para que las experticias no
fueran hechas por los cuerpos policiales a los que se les atribuía la
violación. Bueno, eso fue totalmente desmantelado. Los insumos y equipos
costosísimos, y cuyo mantenimiento era impecable, todo desapareció. Se llevaron
los químicos, los kits, todo lo que han podido llevarse se lo han llevado
porque no hay un control”, sentenció.
¿Qué pasó en el Ministerio
Público luego de que la ANC la destituyó?
La irregular situación, la
ilegal e inconstitucional toma militar del MP me obligó a mí a adoptar esta
medida de venirme a Colombia, así como obligó a varios trabajadores del MP,
entre ellos directores, a salir de Venezuela. Ahora el Ministerio Público quedó
en manos de delincuentes, tanto que una de las autoridades que está al frente
se encargó, siendo una fiscal investigadora, de construir expedientes y sembrar
evidencias para culpar a muchos venezolanos, y ahora quien está al frente del
MP lo que ha venido haciendo es complacer al gobierno nacional para que este
permanezca en el poder, se consolide en el poder, no para hacer justicia, que
es el fin único del sistema de justicia. Nosotros no encontramos eso en el
actual Ministerio Público, además de que han desmantelado la institución. Es el
Sebin el que está dentro de sus instalaciones manipulando expedientes,
construyendo evidencia desde la mentira no desde la verdad para incriminar a la
gente por capricho. La información que yo tengo de los propios trabajadores es
espeluznante porque obligan a los fiscales a adoptar o tomar acciones que no corresponden
a una investigación cierta, so pena de privarlos de libertad o de perseguirlos
(…) Además, otra cosa, tengo información de que más de 600, casi 700
trabajadores han sido despedidos en estos tres meses. Un número exagerado. Y
otros cientos han sido obligados a renunciar.
¿Tienen prueba de eso?
Sí. La lista la tenemos.
El patrón en las protestas y
los 79 expedientes en La Haya
Foto: ortegadiaz.com
Hasta el momento en el que
usted estuvo al frente del Ministerio Público, ¿a qué conclusión se llegó en el
tema de las muertes durante las protestas? ¿qué patrón identificaron?
Violación sistemática de los
derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno a asesinar y
encarcelar, a perseguir a toda la disidencia política. Tú lo puedes ver en las
manifestaciones (…) Nunca dejaron los manifestantes llegaran a su destino a
cumplir su objetivo. Ellos mismos provocaron esta situación para encarcelar,
asesinar, para perseguir a las personas y se produjeron acciones dirigidas a
sectores, a poblaciones enteras como es el caso de Los Verdes, de las
Residencias Victoria (ambas en El Paraíso, Caracas). Allí destruían la
propiedad y esto fue aplicado a nivel nacional en varias zonas como para hacer
una razzia, una limpieza social. Llegaban derribando las rejas, destruyendo los
ascensores, quemando apartamentos: rasgaban los muebles, quebraban los enseres,
los adornos, mataban a las mascotas. Sacaban preso al que resultara sospechoso,
sencillamente porque querían. Bajaban a los estacionamientos y destruían los
vehículos, tipo nazi y tipo Stalin en la Unión Soviética (…) Por supuesto esto
se fue incrementando y ellos se fueron tecnificando y perfeccionando. Ya
no solamente adoptaban medidas para impedir que las manifestaciones se
desarrollaran libremente, porque las convocatorias eran a manifestaciones
pacíficas – ellos no tienen por qué presumir que son violentas y para eso están
ellos, para evitar que las manifestaciones sean violentas– sino que se armaban,
usaban armas de fuego, modificaban los proyectiles para hacerlos más letales,
de modo tal que pudieran eliminar más número de personas. Cuando yo pretendía
hacer una investigación de las muertes de alguna de estas personas, que
lamentablemente perdieron la vida durante alguna de las manifestaciones, me encontré
con todos los obstáculos, empezando por la Guardia Nacional. Nunca se dio
respuesta al tema de Pernalete, así como nunca se dio respuesta a varias
solicitudes que nosotros hicimos, como la del conductor de la tanqueta.
¿Cómo perfeccionaron esa estrategia
de atacar a los manifestantes? ¿Seguían un patrón?
Sí, hay un plan que nosotros
entregamos en La Haya, el plan Zamora, donde se ve cómo gestionaron la
seguridad ciudadana, como si fuese un Ejército a combatir a otro Ejército, ese
fue el criterio (…) Una cosa es el orden público y otra es el orden interno, y
la GN asumió que el orden público era un tema de orden interno, algo así como
que, si viene un carterista y arrebata una cartera a una persona, eso es orden
público. Ellos consideran que eso debe ser tratado como orden público para
militarizar la seguridad ciudadana, que fue lo que hicieron con el 8610 (la
resolución que en enero de 2015 legalizó el uso de armas de fuego para el
control de las protestas), que tuvieron todos los obstáculos para aplicarlo por
las objeciones que yo hice. Hay una comunicación que yo le dirigí al ministro,
con ocasión a esa resolución. Ahí se comenzó a institucionalizar el uso de arma
de fuego en las manifestaciones, no solamente por los resultados de las
personas fallecidas, heridas. Porque no solamente las que perdieron la vida,
sino la cantidad de lesionados durante esos eventos. Creo que estaba en el
orden de los dos mil. Fueron tecnificando y perfeccionando, era normal asumir
que toda la Fuerza Armada debía portar armas de fuego y, claro, es altamente
letal cuando tú te vas a una manifestación o a abordar un tema de seguridad
ciudadana y portas un arma de fuego. Lo más probable es que pierdan la vida
muchos venezolanos que a lo mejor han transgredido la ley, otros no, pero no
tienen derecho a morir de esa manera. Eso fue lo que ocurrió en Barlovento, no
sé si tú recuerdas, mataron a muchachos inocentes. El único delito de ellos era
ser pobres, y la seguridad ciudadana fue abordada como un tema militar.
¿Se giraron órdenes desde el
alto mando militar o policial? ¿Ustedes tienen algún tipo de prueba de esto?
No, fíjate lo siguiente: ellos
nunca escribieron el plan, porque en las OLP tú buscas algún documento escrito
y no lo encuentras. Y las operaciones tampoco eran escritas, todo era hablado,
pero te puedo decir que en esas reuniones todos los que participaban eran
militares. Inicialmente yo era convocada, pero cuando comencé a hacer
objeciones, más nunca me convocaron a esas reuniones. Eran todos militares.
¿Desde cuándo se comenzaron a
hacer esas reuniones? ¿Desde el inicio de la OLP?
No, en 2015 comenzaron. Me
convocaban a mí y yo siempre hacía objeciones, decía ‘eso no puede ser, eso
tampoco, eso tampoco’… y no me convocaron nunca más.
¿Cuál era el criterio que utilizó
el MP para elaborar la lista de víctimas en medio de las protestas?
El criterio era relación
directa o indirecta con los eventos. Hay un caso en el que murieron
electrocutadas varias personas. Si bien es cierto que ahí no hubo acción
directa del Ejecutivo o de una fuerza policial, pero la circunstancia que
estaba ocurriendo en ese momento y lo que estaban ejecutando en ese momento
esas personas (un saqueo) fue producto de la situación del país. Es decir, que
tiene una relación directa. En ese momento, el problema de los alimentos ya era
terrible. Cuando yo salí de Venezuela, conseguir medicamentos y algunos
alimentos era imposible. Había que bachaquearlos o traficar las influencias
para poder hallarlos. Y la gente desesperada. Otros lo hacen también no por
necesidad, sino por ir a echar broma, empiezan a saquear. Y eso fue lo que pasó
en este comercio.
Runrun.es tiene más
víctimas en ese hecho. Lo comprobamos a través de testimonios e incluso tenemos
sus cédulas de identidad…
Nosotros pudiéramos contrastar
esas cifras. Me gustaría porque a lo mejor estamos equivocados. Nosotros,
acuérdate, teníamos la información de primera mano y yo no tenía ningún interés
en ocultar esas cifras. Y algo que cuidé mucho en el Ministerio Público fue dar
las cifras. Sean malas o buenas, eso te permite crear políticas de Estado.
Y hubo además otros casos. En
Petare se registraron varios que no están en la lista. Está el de Carlos
Eduardo Aranguren, que había bajado de su casa, en Barrio Unión, hasta la
redoma de Petare. Ese día, el 2 de mayo, hubo muchos enfrentamientos con
colectivos. Su familia dice que lo mató la Guardia Nacional…
En el país, no sé si viste las
cifras, pero hay más de 1.800 muertes a manos de los cuerpos de seguridad. Pero
no todos ocurrieron en el marco de las manifestaciones. Es probable que haya
sido registrado como una muerte a manos de los cuerpos de seguridad, pero no en
el marco de las manifestaciones, que es una situación distinta.
Pero esto sí ocurrió en medio
de disturbios… Hubo muchísimas manifestaciones allí ese día…
Pásame el nombre y nosotros
revisamos…
Hubo muchos casos así. Se los
voy a pasar… También quería preguntarle sobre el caso de Neomar Lander. ¿A qué
conclusiones pudieron llegar?
Yo no te lo sabría decir.
Aunque la gente piensa que yo manejo los casos, es imposible que lo haga con
tantos. En el de Pernalete, a mí me conmovió mucho la mamá y el papá. Ellos
fueron a mi oficina, al papá se le subió la tensión y hubo que sacarlo al
servicio médico. Eso me impactó mucho. Nosotros en ese momento estábamos casi
orientados hacia donde se conducía la investigación, pero yo me comprometí con
ellos y les dije que con seguridad ese caso lo íbamos a sacar. Hay unos que
recuerdo más que otros, pero nosotros tenemos esos expedientes completos. Nosotros
consignamos los expedientes de casi todos los fallecidos en las manifestaciones
allá en La Haya, los expedientes completos. Y la Corte (Penal Internacional)
creo que tiene que admitirlo. Nadie había llevado esas cosas. Son muchísimos
casos, claro, es imposible llevarlos todos. Pero llevé 79 expedientes y son
muchísimos. Aparte de esos 79, llevé experticias, inspecciones balísticas,
autopsias. Y estamos en eso, recogiendo más.
¿Por qué se seleccionaron esos
79 casos?
Acuérdate de que yo trabajo
con un equipo y eso fue discutido por el equipo. Yo sigo mucho lo que dice el
equipo y ahí hay situaciones en las que yo entro a revisar. El equipo me dijo:
‘doctora, vamos a recoger estos 79 que están perfectos’.
¿Esos 79 casos qué
demostraban?
Que había violación a los
derechos humanos. Porque nosotros registramos 17 detenciones arbitrarias. No
podíamos consignar las 17 mil, porque no las tenemos todas, pero sí consignamos
un gran número. También, de asesinatos, presentamos otras autopsias que
demuestran que fueron ejecuciones.
“Yo le eché plomo a las OLP
desde que salieron”
¿Cuáles eran las motivaciones
que se escondían detrás de las OLP que usted misma ha calificado como
“operaciones de limpieza”?
Perpetuarse en el poder, crear
un sistema dictatorial, no tener control sobre las acciones que ellos ejecutan,
infundir miedo en la población, violar los derechos humanos. Porque, ¿qué ha
ocasionado todo esto? La corrupción, la gente empieza a pedir cuentas y ellos
comienzan a buscar mecanismos para esconder todas esas acciones. Entonces,
reprimen al pueblo, toman las instituciones, destituyen ilegalmente a alcaldes,
gobernadores, funcionarios, los inhabilitan, inventan leyes. Por eso crearon la
Constituyente, algo perfecto para hacer lo que les dé la gana.
¿Pero hubo algo detrás además
de esa necesidad de perpetuarse en el poder? Lo menciono porque hubo demasiadas
víctimas.
En Runrun.es contabilizamos más de 500 muertes en estas
operaciones…
¿Hubo alguna relación con el crimen organizado, por ejemplo?
Allí hay grupos civiles
armados también. Maduro dijo muchas veces que estaba armando a los civiles sin
ningún tipo de preparación. Pero eso solo fue una muestra porque era una
política que desde hace mucho tiempo la venían implementando. Lo veíamos en
hechos concretos que ocurrían. Hubo muchos casos en donde se evidenciaba que
había grupo de civiles armados…
Ciudad Caribia fue uno de
estos casos…
También en Quinta Crespo… A
los grupos de civiles armados les dieron autoridad. Hubo un caso, donde los
civiles armados aprehendieron a unos ciudadanos, levantaron el acta policial y
llevaron a las personas ante los tribunales. El fiscal del caso se opuso a eso
y pidió libertad plena porque eso era el derrumbamiento del Estado de derecho.
¿Cómo unos civiles armados se estaban arrogando ser fuerza pública e iban a
ejecutar una acción? Entonces, no solamente los armaban sino que les daban
autoridad. Eso es una pérdida total o el desmembramiento del Estado de derecho,
que fue lo que hicieron con todas las instituciones, no solamente con el
Ministerio Público, sino también con la Asamblea Nacional, y con el propio
Tribunal Supremo de Justicia y con el CNE. Porque Maduro y el Ejecutivo son los
voceros de estos poderes (…) Las democracias se caracterizan por la separación
de poderes, la democracia se distingue por la autonomía que tengan los
distintos poderes, ahí no las hay. Es el Ejecutivo que quiere tener el control.
A mí Maduro me dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional: “Yo no sé
qué vamos a hacer para sacarlos de allí”. Y yo le dije: “Pero es que ese no es
un juego democrático”. “Bueno, pero es que yo nunca voy a entregar el poder”,
me contestó.
Hablando de los grupos civiles
armados, ¿ustedes tienen pruebas o evidencia de la participación de ellos
dentro de estos grupos tanto dentro de las OLP como dentro de las protestas?
Cientos de declaraciones de
testigos.
En julio de 2016 usted hizo un
primer pronunciamiento en contra de las OLP a raíz de la actuación de
colectivos en una de estas operaciones en Ciudad Caribia. Y luego, en noviembre
de ese mismo año, criticó los excesos policiales que se cometieron en estas.
Pero, ¿por qué dejó correr un año de OLP para pronunciarse sobre todas las
irregularidades que estaban ocurriendo?
Las OLP comenzaron en junio de
2015. Busca mis declaraciones…
Sí, las busqué, por eso le
pregunto.
La primera vez que se plantean
las OLP, el primer día que las hicieron fue una funcionaria del Ministerio
Público y vino horrorizada, literalmente horrorizada. A todas estas yo ajena,
porque no sabía, son políticas del Ejecutivo… Y busca mis declaraciones
después. Lo recuerdo perfectamente porque esa fue la primera. Nosotros ahí
tenemos una investigación buenísima y ese, creo, fue uno de los expedientes
completos que consignamos porque no implicaba la muerte de una persona sino de
muchas. Fue el primero que se hizo en la Cota 905… La fiscal me dijo ‘doctora,
esto es terrible’, y empieza a decirme lo que hicieron. Yo dije, ‘ya yo me voy
a pronunciar’. Y busca mis declaraciones. Claro, yo siempre guardaba, y el día
que salía a declarar me pronunciaba sobre eso. Yo le eché plomo a las OLP desde
que salieron, antes porque no sabía, pero luego de esa primera vez, yo empecé a
echarles plomo. Búscalas. Es más, fíjate una cosa, vamos a buscar las
declaraciones mías en 2010 contra los policías, que El Nacional abrió
conmigo 5 o 6 veces, porque estaba echándole plomo a los policías por la
actuación policial. Eso fue en 2010 que yo insistí en la reforma policial. Y
recuerdo que esa Misión A Toda Vida Venezuela surgió por las tantas objeciones
que yo hice a la actuación policial. Yo siempre he hablado de la prevención
policial… Lamentablemente yo perdí esos registros porque los tenía en mi casa.
De Odebretch a los sobrinos
presidenciales
Foto: La Patilla
¿Usted ha seguido en contacto
con los fiscales que investigan el caso Lava Jato y a Odebrecht en Brasil?
Sí. Ese es un tema difícil. En
el expediente que consta en Brasil, cuyas pruebas yo también tengo en mis
manos, hay muchísimos elementos que comprometen la responsabilidad no solo de
Maduro sino otros altos funcionarios de su gobierno. Yo confío en que la fiscal
general de Brasil – una mujer muy responsable y muy seria – y el vicefiscal –
con quien he interactuado muchas veces – en algún momento tendrán que accionar.
¿Pero ha logrado tener acceso
a las evidencias?
(Sonríe) Todas… Todas.
¿Qué tipo de evidencias?
Son documentos, testimonios y
grabaciones.
¿Estados Unidos está
investigando este tema? ¿Está investigando a los venezolanos que están
implicados en el caso Odebrecht?
Desconozco. Sé que están
investigando, pero no he tenido acceso. Ellos sabrán qué es lo que están
investigando.
Usted ha llevado el caso de
las protestas a instancias internacionales. Pero hay algunos casos que se
conocieron durante sus últimos meses en Venezuela, como el de Pdvsa y Citgo.
¿Qué acciones puede hacer en el plano desde afuera con respecto a estas
denuncias?
Nosotros tenemos todos los
expedientes de las investigaciones que adelantamos durante mi gestión. Es más,
pedimos privativa de libertad y citamos para imputar y jamás fue posible
lograrlo. Te puedo citar el caso de Amuay, que fue por falta de mantenimiento…
Y también salió tardísimo ese
caso. Muchos años después de que ocurrió…
Sí, es que en esa
investigación la experticia no fue fácil, fue una experticia muy técnica. Es
como, algunas veces, los casos de corrupción. Esas auditorías no son fáciles
porque hay muchos documentos, hay que revisar, comparar… Y otros casos, como el
del Coque en Anzoátegui. Esa es otra investigación que nosotros tenemos, que
nunca se ha hecho nada. Hay otros casos pequeños, como uno de Pdvsa que
investigamos y que incluso citamos para imputar y nunca fue posible porque no
iban, no querían. Se compraron unas lanchas y el precio de las lanchas era, por
decirte, 350 mil dólares, y las compraron a 1.950.000 dólares, es decir con
sobreprecio, y encima no las entregaban. Teníamos muchísimas investigaciones de
Pdvsa. A Pdvsa la destruyó la corrupción, la falta de mantenimiento, ahí no
había mantenimiento preventivo de nada. Mira, te he dicho bastante…
¿Y por qué nunca salió una
imputación contra Rafael Ramírez, quien durante tantos años fue la cabeza de
Pdvsa?
Todos los altos funcionarios
tienen antejuicio de mérito, ¿no? Yo no recuerdo que directamente haya habido
un… Déjame estructurar esto. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es
citarla para imputarla. No es suficiente hablar, tú tienes que materializar la
imputación y la imputación tiene que ver con el antejuicio de mérito. No como
están haciendo ahora, que sin un antejuicio de mérito despojan a la persona de
su inmunidad como lo hicieron con mi esposo, que es diputado, con (Antonio)
Ledezma. Y la persona llamada a sustituirlo no es quien lo sustituye sino el
que ellos pusieron. Eso es una condición de Estado fallido porque las
instituciones no funcionan.
¿La Fiscalía ejecutó acciones
en el tema de la emergencia humanitaria, con respecto a la escasez de alimentos
y medicinas?
Ese tema, el de la emergencia
humanitaria, no era competencia directa del Ministerio Público. La competencia
nuestra era el abordaje de algunas situaciones concretas, como por ejemplo el
cierre de la Unidad de Nefrología del J.M de los Ríos porque estaba
contaminando a los niños por falta de mantenimiento. Pero, íntegramente, el tema
de la crisis humanitaria, no podíamos abordarlo porque no es competencia
nuestra. El caso de los siete hospitales, había uno que tenía 90% ejecutado y
lo desmantelaron. Y nosotros citamos a (la ex ministra de Salud, Eugenia) Sader
y al hijo –que está disfrutando su fortuna en Estados Unidos– y nunca fue
posible. Pedimos la privativa de libertad y citamos para imputarlos y nunca
concurrieron.
¿Y sobre la escasez de
medicinas se hizo algo concreto?
Nosotros hicimos reuniones con
distintos hospitales y pedimos unos amparos por el tema de la escasez de
medicamentos; hay unos amparos que pedimos a favor de los periodistas, a favor
de médicos por la escasez de medicamentos, esos se hicieron seguidos. Nos
reunimos con pacientes oncológicos que no conseguían medicamentos y pedimos
amparos contra todos estos hechos.
¿Pudieron hacer
investigaciones sobre el caso de los sobrinos de Cilia Flores imputados por
tráfico de drogas en Estados Unidos?
Nosotros pedimos la
información a los Estados Unidos y entiendo, no tengo la prueba, me dijeron que
había llegado a la Cancillería, pero nunca llegó al Ministerio Público.
Inmediatamente después de que ocurrió el evento, eso fue a finales de 2015, ya
nosotros estábamos haciendo la solicitud.
¿Pero se pudo adelantar esa
investigación?
Sí, y ese expediente sí me lo
traje en original, porque eso lo desaparecen. Así como Tarek (William Saab,
fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente) que
desapareció todas las investigaciones contra él (risas).
Por cierto que él hizo una
acusación grave contra usted cuando dijo que había participado en el desfalco
de la Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Tiene algo que decirle sobre esto?
Yo no cazo peleas personales,
esto es un problema de país. Mi mensaje es para venezolanos, para buscarle
solución. ¿Tú crees que a mí no me duele lo que está sufriendo la gente? A mí
me da un dolor cuando yo veo aquí en Colombia a los venezolanos en la situación
en la que están.
05-12-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico