Por PRODAVINCI
Las cifras muestran un
escenario preocupante: de acuerdo con la información suministrada por el
Gobierno a la OPEP, la producción petrolera, al cierre de enero de 2019, es de
1,4 millones de barriles diarios, dato que se traduce en una caída del 48%
respecto a enero de 2013; la deuda en bonos de PDVSA aumentó en un 1.366% entre
2005 y 2015 y la empresa cayó en default, mientras que Venezuela comienza a
desaparecer del radar de la inversión extranjera.
Vale recordar que en 2005
Hugo Chávez, en ese entonces presidente de la República, presentó el Plan
Siembra Petrolera y aseguró que habría un crecimiento sostenido de la producción
hasta alcanzar 5,8 millones de barriles diarios en 2012, pero la producción no
creció y, al contrario, ha disminuido severamente durante el gobierno de
Nicolás Maduro.
Entre las causas de la
inmersión destacan la masiva pérdida de capital humano cuando en 2002 la
gerencia de PDVSA paralizó la empresa por oponerse a decisiones del Gobierno y
la mitad de sus empleados fueron despedidos, incluyendo la gran mayoría del
personal ejecutivo y técnico; la nacionalización de compañías que prestaban
servicio a la industria petrolera; la renegociación forzosa de contratos con
compañías extranjeras, generando un alto daño reputacional y la falta de
inversión para mantener y elevar la producción.
A las cargas que están
quebrando la espalda de la industria petrolera se añade un escenario político
convulso que ha derivado en sanciones de Estados Unidos, el principal comprador
del petróleo venezolano: básicamente la administración de Donald Trump ha
prohibido a las empresas y ciudadanos de Estados Unidos financiar a PDVSA o
adquirir petróleo pagándole el envío al gobierno de Nicolás Maduro, algo que
disminuye severamente los recursos en caja.
El petróleo aporta el
96% de los dólares que ingresan al país y ejerce un efecto multiplicador sobre
la economía al requerir servicios de otros sectores como el metalmecánico y la
construcción. Venezuela posee las mayores reservas de crudos pesados del
planeta y expertos afirman que con los cambios adecuados es posible rescatar la
industria petrolera y superar la crisis.
Atraer la inversión
Francisco Monaldi,
Investigador Titular del Instituto Baker de Políticas Públicas de la
Universidad de Rice en Houston, explica en su trabajo Después del colapso:
¿Cómo revitalizar la industria petrolera venezolana?que el conjunto de medidas
a aplicar debe tener como objetivo principal “incrementar significativamente la
inversión aguas arriba para estabilizar la producción y eventualmente lograr un
incremento muy sustancial en las próximas dos décadas”.
“Ese objetivo debe ser
compatible con las enormes necesidades fiscales del Estado venezolano, por
tanto, una parte muy significativa del capital debe provenir de compañías
petroleras privadas y, cuando sea factible, complementar el financiamiento con
fondos obtenidos a través del mercado de valores y project finance”, dice
Francisco Monaldi.
Para atraer estas
inversiones es necesario introducir cambios en materia fiscal e institucional:
“El marco fiscal y contractual debe ajustarse a las diferentes características
y rentabilidades de los campos petroleros para hacerlos competitivos en la
atracción de inversiones, y al mismo tiempo garantizar que las rentas sean
capturadas por el Estado en diferentes escenarios de precio y productividad”,
dice Francisco Monaldi.
Desde su punto de vista, lo
más idóneo sería realizar subastas competitivas y transparentes creando un
“marco fiscal progresivo, de forma que la participación gubernamental suba con
la rentabilidad de los proyectos, las regalías deben variar con el precio del
petróleo, como se hizo recientemente en México. Igualmente, la participación
contractual del Gobierno debe variar con la rentabilidad y ser el parámetro
fundamental en la subasta. Esto reducirá los incentivos del Estado para la
renegociación oportunista de los contratos cuando los precios del petróleo
suban”.
Otro aspecto a tomar en
cuenta es diseñar una estrategia para comercializar el crudo pesado de la Faja
del Orinoco que por su alta viscosidad tiene que ser mejorado en refinerías
especializadas (conocidas como mejoradores) o mezclado con diluyentes, de lo
contrario, es vendido a precios muy bajos que le restan rentabilidad.
“Construir costosos
mejoradores no parece viable en las condiciones actuales, aunque esa
posibilidad no debe ser descartada en el futuro. Por ahora, un circuito de mezcla
óptimo debe ser diseñado y ejecutado. Debido a los riesgos, bajos márgenes y
necesidad de encontrar mercados, estos proyectos deben ser desarrollados con
socios adecuados”, dice Francisco Monaldi.
Agrega que “la creciente
proporción de crudos pesados hace necesaria la expansión de los mercados de
refinación para tales crudos. Citgo es aún más estratégica para garantizar
acceso al mercado estadounidense. El desarrollo de otros mercados como China e
India debe ser profundizado estudiando convenios de suministro y asociaciones”.
Al mismo tiempo, el país
debe plantearse tener flexibilidad en los contratos a fin de que resulte
atractiva la inversión en los campos petroleros menos rentables. “Algunos
campos pueden ser manejados a través de contratos de servicio o bajo contratos
operacionales de riesgo y/o producción compartida; otros podrían desarrollarse
con empresas mixtas. La clave es asegurarse que cada tipo de campo tenga una
estructura contractual adecuada para hacer de la inversión un hecho posible y atraer
el tipo de socio adecuado”, propone Francisco Monaldi.
Al analizar la situación
interna de PDVSA, considera que la empresa necesita “enfocar su inversión en su
negocio principal y en proyectos de extracción de altos retornos y bajo costos.
Debe ser profesionalizada y despolitizada, y los salarios significativamente
mejorados. La compañía debe recobrar su autonomía operacional y operativa con
reglas y objetivos claros”.
Francisco Monaldi aborda el
tema de la distribución del ingreso petrolero y considera que “la creación de
un fondo petrolero de los venezolanos, con los ingresos fiscales provenientes
de la industria, que tenga un vínculo directo con la ciudadanía, también
ayudaría a incentivar el desarrollo del sector petrolero y a darle una base
política al sector, evitando los ciclos de inversión y expropiación que han
sido comunes en la región”.
Propone que “los precios de
productos refinados del petróleo, el gas natural, y la electricidad en el
mercado interno” se ajusten para que reflejen su costo de oportunidad y “a
cambio, una porción significativa de los ingresos obtenidos por la reducción de
los subsidios se distribuya en transferencias directas en efectivo, para
compensar a la ciudadanía y en especial a los más vulnerables. Con esta
reforma, la mayoría de los ciudadanos estarían mejor económicamente, a la vez
que la eficiencia e igualdad mejorarían sustancialmente”.
Claridad normativa
Andrés Guevara y Carlos
Bellorín, expertos en materia petrolera, explican en su trabajo 10
reformas de la política energética para recuperar la industria petrolera
venezolana que el país debe implementar medidas similares a las realizadas
en Colombia, México y Brasil a fin de asegurar el desarrollo del sector.
Una de las reformas clave es
ir a un sistema donde se diferencian claramente los roles en el manejo de la
industria petrolera: “El ministro diseña política petrolera, el presidente de
la compañía nacional de petróleo dirige el negocio y una agencia reguladora
implementa la política y fiscaliza a toda la industria, incluyendo a la empresa
nacional de petróleo”.
Agregan Guevara y Bellorín
que esta estructura garantiza “una industria dirigida por profesionales
dedicados a tiempo completo que permite un nivel de juego en el que las
empresas pueden competir, asociarse y participar. Esto agrega dinamismo y
eficiencia”.
La agencia tendría como
modelo las que ya existen en Colombia (Agencia Nacional de Hidrocarburos), en
Brasil (Agencia Nacional de Petróleo) y en México (Comisión Nacional de
Hidrocarburos).
La idea es que la agencia
ayude a “definir el régimen fiscal aplicable y a ejecutar las rondas de
licitación de exploración y producción”; sea autónoma y tenga “suficiente poder
para emitir regulaciones y hacerlas cumplir pese a los ciclos políticos, sin
favoritismo”; mantenga “una base de datos pública de todos los contratos” y
realice “consultas públicas sobre cualquier cambio en las leyes o reglamentos”,
explican Guevara y Bellorín.
Además, proponen modificar
el artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que obliga al Estado a
mantener una participación mayor del 50% en todas las empresas mixtas porque
“este enfoque nacionalista se ha convertido en un cuello de botella en momentos
en que tanto el Estado como PDVSA están quebrados”.
“Cuando llega el
momento de invertir, PDVSA simplemente no tiene los recursos para pagar su
parte. Como consecuencia, los proyectos se retrasan y la producción
eventualmente cae”, explican.
Desde su punto de
vista, lo apropiado es aplicar el mismo principio que rige para el sector
gasífero: “La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (también conocida como la
Ley de Gas) permite, pero no requiere, la participación del Estado. Entonces,
¿por qué no cambiar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para que sea similar?”,
dicen Guevara y Bellorín.
Otro aspecto legal a
considerar es reformar la Constitución para “que se aclaren o excluyan confusas
referencias a la nacionalización petrolera de 1975” en la exposición de
motivos.
Al igual que en México,
Colombia y Brasil, Guevara y Bellorín consideran que el país debe mantener su
empresa estatal de petróleo, pero “si queremos reactivar la industria, hay que
entender qué áreas mantendrá la compañía nacional bajo su control y cuáles
dejarán de operar para luego ser licitadas” en procesos transparentes y competitivos.
Precisan que en Colombia,
Brasil y México “se les dio un derecho preferente a las compañías nacionales
petroleras de escoger qué áreas querían conservar. En todos los casos las
compañías conservaron las áreas que estaban en producción o cerca de producir y
las oportunidades exploratorias más importantes y con menor necesidad de
inversión o riesgo”.
En materia de impuestos
indican que “el marco fiscal de Venezuela tiene un enfoque único que no toma en
consideración el tipo de yacimiento, su complejidad y estructura de costos.
Esto no es ideal para un país que tiene una gran variedad en campos
petrolíferos: algunos maduros, otros en declive, otros con mucho gas y otros
con petróleo extra pesado, otros en tierra y otros offshore”.
Para solucionar este
inconveniente proponen reformar las normas tributarias para “simplificar y
reducir los impuestos para ser más competitivos. Es mejor tener un porcentaje
menor de una renta que un porcentaje mayor de ninguna”.
Guevara y Bellorín destacan
que se debe obligar a PDVSA a suministrar mayor información sobre sus
operaciones: “La falta de transparencia de PDVSA es legendaria. PDVSA no
informa al Estado de sus operaciones, producción, costos y, mucho menos, de
cualquier accidente o derrame o cualquier acontecimiento o detalle relevante
que, como empresa estatal, está obligada por ley a divulgar de forma regular y
abierta”.
Consideran de especial
importancia que se obligue a PDVSA a rendir cuenta por las operaciones que
lleva adelante por cuenta propia, sin socios internacionales, porque “algunos
de los campos petroleros más prolíficos de Venezuela se explotan bajo este tipo
de caja negra”.
Compras nacionales
Ramón Espinasa, quien se
desempeñó como economista jefe de PDVSA y es profesor en la Universidad de
Georgetown, también se muestra partidario de que se cree una agencia reguladora
para el negocio petrolero.
En su trabajo Lecciones
y propuestas para la reconstrucción del sector petrolero: A 75 años de los
acuerdos de 1943 afirma que es vital brindar condiciones adecuadas a las
compañías extranjeras para que inviertan y expandan sus operaciones en
Venezuela.
“Hoy en día PDVSA tiene el
monopolio del acceso directo a las reservas. De hecho, los inversionistas
privados tienen acceso al recurso, bien a través de empresas mixtas o contratos
de servicio con la empresa estatal. Esto no es menor, dos tercios de la
producción nacional la llevan a cabo empresas privadas a través de las empresas
mixtas. En la práctica, el sector petrolero nacional está privatizado, bajo un
marco que reserva el monopolio de la producción a la empresa estatal”, dice
Ramón Espinasa.
Agrega que “PDVSA no está en
condiciones técnicas ni gerenciales, ni le es conveniente desde un punto de
vista operacional, de ser la contraparte nacional de las empresas privadas. Si
se quiere expandir ostensiblemente la inversión y la producción, las empresas
privadas grandes, medianas y pequeñas van a exigir condiciones de seguridad
sobre sus inversiones al menos similares a las de los otros países petroleros
de América Latina. Los grandes productores de hidrocarburos de la región
Brasil, Colombia, México y Perú han creado agencias reguladoras no productoras,
independientes, para que sean la contraparte nacional de las empresas
privadas”.
Desde su punto de vista, el
rompecabezas debe armarse de la siguiente forma: “El Estado tiene el deber y el
derecho de administrar el recurso natural para beneficio del país” y “licita la
adjudicación de tierras con potencial de desarrollo de hidrocarburos, mediante
un proceso licitatorio de un conjunto de parámetros que pueden incluir desde un
bono de entrada, más allá del pago de regalías, hasta programas mínimos
operativos o de contenido y empleo local”.
El rol de la agencia
reguladora sería hacer el inventario del potencial de las reservas de
hidrocarburos con diferentes grados de certeza, implantar las políticas del
ejecutivo para la apertura de territorios, nuevos o ya en producción, preparar
el proceso licitatorio bajo los lineamientos del ejecutivo y supervisar el fiel
cumplimiento de los contratos en representación de la nación.
“La agencia requerirá
personal altamente especializado como geólogos, ingenieros de petróleo y de
reservorios, especialistas en la evaluación financiera de negocios petroleros,
y abogados especializados en la elaboración de contratos petroleros, todos de
calidad internacional. La calidad de este personal es fundamental para el
manejo de contratos de largo plazo y se debe evitar que cambien con los ciclos
políticos”, dice Ramón Espinasa.
Agrega que “la agencia se
deberá manejar con el grado de independencia que tiene el Banco Central en la
mayoría de los países”.
A fin de incrementar el
impacto positivo de la inversión extranjera, Ramón Espinasa indica que “es
importante que las empresas inversionistas privadas maximicen sus compras
locales de bienes y servicios y la contratación de empleados, profesionales y
técnicos venezolanos. Un incentivo importante a este fin es que en el proceso
licitatorio para el desarrollo de recursos se ponga como uno de los parámetros
licitatorios la contratación de empleo local y las compras nacionales”.
En materia de impuestos
propone que “la agencia de hidrocarburos diseñe sistemas de regalías variables
para las distintas áreas hidrocarburíferas del país, que aseguren que el Estado
se beneficie más que proporcionalmente de los aumentos de renta debido a
aumentos de precio, calidad de los hidrocarburos o productividad de los
yacimientos”.
Ramón Espinasa considera que
se le debe quitar a PDVSA una cantidad de responsabilidades ajenas al negocio
petrolero: “Hay que separar las actividades propiamente petroleras de la colcha
de retazos que actualmente es PDVSA. Separar todas las actividades que no son
petroleras que van desde distribución de alimentos a la construcción de
viviendas. Cuanto menos hay que separar las contabilidades y operaciones de las
actividades petroleras de las que no lo son. Desenterrar la empresa petrolera
de todo el cúmulo de actividades que se le han tirado encima”.
“La capacidad de PDVSA de
acudir a los mercados para financiarse es nula por varios años, con lo que le
queda a la empresa es asociarse con empresas privadas que aporten recursos de
capital y humanos. Seguramente esto será más fácil si PDVSA se segmenta en
cuanto menos tres empresas de producción, transporte y refinación y se producen
asociaciones específicas en cada uno de los segmentos”, propone Ramón Espinasa.
Modelo de distribución
Gustavo Baquero, ingeniero
industrial quien se ha desempeñado como ejecutivo en compañías petroleras como
British Petroleum, Repsol y Estatoil, escribió junto al político venezolano
Leopoldo López el libro Venezuela Energética, donde proponen un nuevo
sistema para distribuir la renta petrolera.
“Proponemos que el ingreso
petrolero generado por la venta de petróleo sea dividido entre el Estado y los
ciudadanos. Tomando como referencia la herencia legal y las leyes vigentes,
proponemos que exista un ingreso petrolero ciudadano (IPC) compuesto por la
suma de las regalías, la sobretasa del impuesto sobre la renta aplicado al sector
petrolero y los dividendos de Pdvsa”, explican.
El ingreso del Estado
estaría compuesto por “la suma de la tasa normal del impuesto sobre la renta y
el 50% del ingreso petrolero ciudadano”.
“El objetivo principal de
este nuevo modelo de distribución es constituir el Fondo Patrimonial de los
venezolanos para que todo venezolano mayor de edad disponga efectivamente del
ingreso petrolero que le corresponde, objetivo fundamentado en la propiedad
ciudadana del petróleo”, dicen Baquero y López.
En el Fondo se depositaría
el Ingreso Petrolero Ciudadano “que buscará darle rendimiento a este dinero e
invertirlo en el aumento de las capacidades de los venezolanos, en seguridad
social y como mecanismo de ahorro”, proponen Baquero y López.
02-04-19
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