Por Alberto Lovera
Ya van, por ahora, cinco
estados donde se han cambiado a los gobernadores oficialistas y sustituidos sin
que medien elecciones. Esto es solo una pieza de una operación política que se
está ejecutando con el objetivo de perpetuar en el poder a una camarilla que ha
perdido el favor popular, pero sigue teniendo nada desestimables herramientas
de poder.
Desde sus inicios el régimen
chavista estigmatizó la democracia representativa, aunque hacía uso de la
mayoría electoral que tuvo durante largos años para legitimarse nacional e
internacionalmente, y para fortalecer su hegemonía, haciendo uso de
modificaciones legales y de hecho para intentar bloquear la posibilidad de la
alternabilidad, buscó desde tiempo atrás reducir el ámbito sometido a la
elección universal, directa y secreta.
En la propuesta de reforma
constitucional del 2007, que fue rechazada en referéndum, ya se postulaba que
los Consejos Comunales no surgirían del sufragio ni elección alguna, sino de un
proceso poco definido de deliberación comunitaria. Haciendo caso omiso del
veredicto popular adverso, muchas de las propuestas fueron convertidas en
leyes. Una de esas leyes fue la del Poder Público Municipal que eliminó en 2010
las Juntas Parroquiales, hasta entonces de elección popular.
En ocasiones anteriores se ha
pretendido escamotear o retrasar elecciones. Así fue en las elecciones
parlamentarias, que sólo después de mucha presión, se logró una fecha cierta.
Ya conocemos el resultado adverso para el régimen.
En el pasado año no solo se
negó el derecho constitucional a convocar un referéndum revocatorio
presidencial, sino que se pospusieron las elecciones regionales.
Le ha seguido el saboteo
sistemático a la gestión de la Asamblea Nacional, tratando de anularla mediante
un TSJ al servicio de una bandera política. Y pende una espada de Damocles
sobre la gestión parlamentaria, que nos obliga a defender la legitimidad de los
diputados electos por el soberano y de la propia AN.
Ahora nos encontramos con una
operación que pretende no sólo obstaculizar las elecciones de gobernadores y
alcaldes, sino conculcar el derecho de las organizaciones políticas mediante un
proceso de registro que lo haga prácticamente imposible, mientras se sigue
amenazando con ilegalizar a la MUD. Un intento de borrar toda posibilidad de
organización política que no esté tutelada por el régimen. Y sigue sin
definirse la fecha de las elecciones regionales.
Se pretende arrebatar el derecho
al voto a la ciudadanía. Como han perdido el apoyo popular, ahora quieren
elegir a dedo. No se atreven a someterse a la voluntad popular. O quieren un
simulacro de elecciones en el momento que les convenga, sin opositores, lo cual
es inaceptable para cualquier demócrata.
10-02-17
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