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sábado, 11 de febrero de 2017

Varapalos constitucionales por @leomoralesP


Por Leonardo Morales


Si quisiéramos hacer un diagnóstico acerca de la salud democrática del país llegaríamos a la lamentable conclusión de que las prescripciones que establece la Constitución venezolana en esa materia están severamente afectadas. Hasta hace poco todo se refería a la ruptura del hilo constitucional por las interferencias del Poder Judicial con dictámenes contra el Poder Legislativo para favorecer los antojos de Maduro y su régimen. Sentencias dirigidas al resquebrajamiento del principio de división de poderes que, además, afecta seriamente otro principio como el de la representación, que ha sido, desde que el oficialismo perdió vergonzosamente la mayoría parlamentaria, vulnerado y desconocido por el gobierno.

La democracia no es solo eso. Es también una práctica gubernamental que debe satisfacer las demandas sociales que hacen posible que la sociedad viva de acuerdo a unos niveles que tiene razones de exigir. Así, cuando el gobierno no es capaz de velar por la alimentación, la salud, la seguridad personal y de los bienes de todos sus ciudadanos, pone en evidencia el incumplimiento de aspectos normados por la Constitución quebrantando decisiones y aspiraciones democráticamente logradas por todo el tejido social.

Los poderes abyectamente subordinados a los dictados del Ejecutivo -así ocurre en los regímenes no democráticos-, han ido configurando y desarrollando impúdicamente el legado de Chávez. Nada de lo adelantado se corresponde con un extravío político momentáneo, más bien se trata de unas ejecutorias que tarde o temprano se impulsarían.


Cada vez que el gobierno actúa contraviniendo el cuerpo normativo de la Constitución lo hace contra la voluntad de todos los venezolanos y, en razón a semejante conducta, viola los principios democráticos. Este es un gobierno transgresor que desde muy temprano violaba y viola a una Constitución que aún no llega a sus 18 años.

El TSJ o el gobierno, que actúan agarraditos de la mano, trasgreden sistemáticamente los derechos políticos de los venezolanos; el estado Amazonas tiene un año sin su representación política en la Asamblea Nacional luego de una sentencia del máximo tribunal del país cuyo único objetivo era impedir que la oposición contará con las dos terceras partes del cuerpo legislativo que obtuvo legítimamente en el 2015.

El CNE, integrante activo del steel band oficialista, facilitó la suspensión del revocatorio atendiendo, como gusta y suele hacer, a las peticiones palaciegas y, por si fuera poco, se sumó a una nueva violación constitucional al no convocar las elecciones regionales previstas para el 2016.

Ahora, el derecho a la asociación y la promoción de la participación política de los venezolanos es restringida por el Poder Electoral o por el gobierno, que son lo mismo, afectando a los partidos políticos tanto del Polo Patriótico como a los asociados en la MUD. El anunció del CNE, sobre la renovación de los partidos políticos, persigue afinar la aspiración del líder supremo de contar con el partido único de la revolución y va más allá al pretender con otra eventual decisión gubernamental desde el TSJ, sacar a la MUD del juego electoral.

Como en aquellos regímenes decimonónicos que encabezaron Stalin, Mussolini o Hitler se avanza a la fuerza de medidas judiciales y administrativas para echar por tierra los derechos políticos establecidos en la constitución para satisfacer el sueño inacabado de Chávez y que ahora impulsan sus herederos.

En las condiciones que presenta el CNE y el gobierno, habrá competencia electoral en tanto a reglas de juego que rigen los procesos electorales, mas no habrá competitividad por cuanto se pretende imponer límites a las disputas electorales al reducir la oferta electoral a la que presente exclusivamente el gobierno.

10-02-17