Por Leonardo Morales
Si quisiéramos hacer un
diagnóstico acerca de la salud democrática del país llegaríamos a la lamentable
conclusión de que las prescripciones que establece la Constitución venezolana
en esa materia están severamente afectadas. Hasta hace poco todo se refería a
la ruptura del hilo constitucional por las interferencias del Poder Judicial
con dictámenes contra el Poder Legislativo para favorecer los antojos de Maduro
y su régimen. Sentencias dirigidas al resquebrajamiento del principio de
división de poderes que, además, afecta seriamente otro principio como el de la
representación, que ha sido, desde que el oficialismo perdió vergonzosamente la
mayoría parlamentaria, vulnerado y desconocido por el gobierno.
La democracia no es solo eso.
Es también una práctica gubernamental que debe satisfacer las demandas sociales
que hacen posible que la sociedad viva de acuerdo a unos niveles que tiene
razones de exigir. Así, cuando el gobierno no es capaz de velar por la
alimentación, la salud, la seguridad personal y de los bienes de todos sus
ciudadanos, pone en evidencia el incumplimiento de aspectos normados por la
Constitución quebrantando decisiones y aspiraciones democráticamente logradas
por todo el tejido social.
Los poderes abyectamente
subordinados a los dictados del Ejecutivo -así ocurre en los regímenes no
democráticos-, han ido configurando y desarrollando impúdicamente el legado de
Chávez. Nada de lo adelantado se corresponde con un extravío político
momentáneo, más bien se trata de unas ejecutorias que tarde o temprano se
impulsarían.
Cada vez que el gobierno actúa
contraviniendo el cuerpo normativo de la Constitución lo hace contra la
voluntad de todos los venezolanos y, en razón a semejante conducta, viola los
principios democráticos. Este es un gobierno transgresor que desde muy temprano
violaba y viola a una Constitución que aún no llega a sus 18 años.
El TSJ o el gobierno, que
actúan agarraditos de la mano, trasgreden sistemáticamente los derechos
políticos de los venezolanos; el estado Amazonas tiene un año sin su
representación política en la Asamblea Nacional luego de una sentencia del
máximo tribunal del país cuyo único objetivo era impedir que la oposición
contará con las dos terceras partes del cuerpo legislativo que obtuvo
legítimamente en el 2015.
El CNE, integrante activo
del steel band oficialista, facilitó la suspensión del revocatorio
atendiendo, como gusta y suele hacer, a las peticiones palaciegas y, por si
fuera poco, se sumó a una nueva violación constitucional al no convocar las
elecciones regionales previstas para el 2016.
Ahora, el derecho a la
asociación y la promoción de la participación política de los venezolanos es
restringida por el Poder Electoral o por el gobierno, que son lo mismo,
afectando a los partidos políticos tanto del Polo Patriótico como a los
asociados en la MUD. El anunció del CNE, sobre la renovación de los partidos
políticos, persigue afinar la aspiración del líder supremo de contar con el
partido único de la revolución y va más allá al pretender con otra eventual
decisión gubernamental desde el TSJ, sacar a la MUD del juego electoral.
Como en aquellos regímenes
decimonónicos que encabezaron Stalin, Mussolini o Hitler se avanza a la fuerza
de medidas judiciales y administrativas para echar por tierra los derechos
políticos establecidos en la constitución para satisfacer el sueño inacabado de
Chávez y que ahora impulsan sus herederos.
En las condiciones que presenta
el CNE y el gobierno, habrá competencia electoral en tanto a reglas de juego
que rigen los procesos electorales, mas no habrá competitividad por cuanto se
pretende imponer límites a las disputas electorales al reducir la oferta
electoral a la que presente exclusivamente el gobierno.
10-02-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico