Por Marino Alvarado, 09/02/2017
El gobierno avanza hacia ese
propósito: usar un sector de la población para que realice labores de represión
política y de represión a las luchas sociales.
Imagine estimado lector este
escenario. Usted tiene una semana sin que en su comunidad llegue el agua. Junto
a los vecinos adelantó muchas gestiones sin obtener solución y agobiados
deciden llamar la atención de las autoridades realizando una protesta pacífica.
Se concentran en una esquina con pancartas y tobos vacíos. En el momento menos
esperado aparece un grupo de motorizados y otras personas a pie, civiles, que
se identifican como parte de las Fuerzas Especiales de Acción Rápida , gente
como usted que trabaja, o estudia, o es su vecino, pero a quienes les han dado
responsabilidades que corresponden a la policía. Ellos vienen no a escuchar la
preocupación de la comunidad, mucho menos a reforzar el reclamo que efectuan,
llegaron para reprimirte. En lugar de ser funcionarios de la policía, son
civiles que se presentaron para obligarte a que cese la protesta. Y si te
niegas, seguro usaran la violencia para dispersar la concentración. Si civiles,
que tal vez como tú carecen también del servicio de agua y sufren, por ejemplo,
la inseguridad, pero creen que hacen patria, que son revolucionarios acallando
la protesta o denunciando en el Sebin u otro organismo policial a quien emita
opiniones que cuestionen la gestión del gobierno.
Ese escenario puede ser muy real
a corto plazo. El pasado 01 de febrero el presidente Nicolás Maduro indicó que
desplegará esas fuerzas especiales en barrios, campos, universidades, fábricas.
Los obreros que organicen huelgas para exigir derechos ya no solo deberán
preocuparse por la posibilidad de ser reprimidos por la fuerza pública, sino
por civiles integrantes de las milicias desplegados con esa misión.
En
el decreto se faculta a las organizaciones de base del llamado Poder Popular
para que realicen labores de vigilancia, dígase sapeo, y para mantener el orden
público, es decir para reprimir.
La base jurídica de esta
arbitrariedad y medida inconstitucional la tenemos en el artículo 2.9 del
Decreto de Estado de Excepción que nos rige. En el decreto se faculta a las
organizaciones de base del llamado Poder Popular para que realicen labores de
vigilancia, dígase sapeo, y para mantener el orden público, es decir para
reprimir. Es la materialización de la Doctrina de Seguridad Nacional. Hay un
enemigo interno y contra ese enemigo hay que incorporar a la población a
colaborar con las fuerzas represivas.
El gobierno de manera
inconstitucional viene creando un andamiaje jurídico para su ejercicio
dictatorial. Para ello tiene a su favor la complicidad del Tribunal
Supremo de Justicia y el silencio y sumisión del Defensor del Pueblo.
Debo advertir el peligro que
significa organizar, incitar y ordenar a un sector de la población para
reprimir a otro que reclama derechos o se identifica opositor. Se puede
incrementar la violencia y aumentan los riesgos a las violaciones de derechos
humanos. Violaciones perpetradas por particulares cumpliendo órdenes de
funcionarios o toleradas. Son mayores los riesgos de violaciones al derecho a
la vida y a la integridad física. Recordemos que en varias protestas desde el
2014 hasta la fecha, se ha podido ver a grupos de civiles actuando
conjuntamente con la policía y la Guardia Nacional Bolivariana para detener a
quienes protestan. No olvidemos que varios manifestantes en el 2014 fueron
asesinados y cuando se realizaron las investigaciones resultaron los
responsables vinculados a entes u organizaciones pro gobierno.
Frente al avance del
autoritarismo y aumento de riesgo a la violación de los derechos, se requiere
de las fuerzas democráticas mayor organización y decisión. Es necesario
afianzar en el marco de la Constitución y la Ley las acciones de resistencia
para restablecer la democracia y construir un mejor país.
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