Penuria eléctrica, por Miguel Méndez Rodulfo

Miguel Méndez Rodulfo 12 de febrero de 2016

El racionamiento eléctrico llegó a Caracas con la intensidad ya conocida por el interior del país. El cierre de los centros comerciales en las horas pico no solamente afecta a tiendas de ventas de artículos al público, sino que lesiona a oficinas de empresas, clínicas odontológicas, consultorios médicos, gimnasios, supermercados, farmacias, restoranes, talleres de servicios, oficinas del gobierno de atención al público, peluquerías, tintorerías, ópticas, agencias de viaje, etc., etc. Este cierre parcial coloca plomo en el ala a unos negocios de por sí aquejados por la grave crisis económica, las expropiaciones y la inseguridad; de manera que la posibilidad de un cierre definitivo de estos emprendimientos gravita, de manera fatal, sobre sus dueños. Si ello ocurriere miles de personas perderán sus empleos, la economía se contraerá aún más, el gobierno dejará de recibir impuestos, los empleados públicos tendrán más difícil cobrar sus sueldos y el país se hundirá todavía más.

En la tradición histórica de los países, la inversión en los servicios públicos fundamentales: agua potable, saneamiento, electricidad, disposición de residuos sólidos, telefonía, validad, etc., había sido efectuada por el sector público. El tema de las grandes sumas a invertir en estas infraestructuras, la prestación universal del servicio, los subsidios a los pobres, la justeza de las tarifas, la administración de los costos y otros aspectos, privaban en la decisión de que el Estado fuera el proveedor de estos servicios. Esta es una condición sine qua non para los socialistas, pero sobre todo para el chavismo que lleva gobernándonos 17 largos años. El punto es que ya la telefonía celular no la provee el gobierno (él es un operador más), que se hacen autopistas bajo el régimen de concesiones, que el sector privado puede hacer un relleno sanitario y cobrarle a la municipalidad un monto por el servicio prestado, y así en otros muchos sectores. Hoy día el Estado no tiene porqué asumir estas inversiones, debido a que una legislación moderna puede abrir el acceso al sector privado de áreas antes reservadas al sector público, y hacerlo con mayor eficiencia, productividad y rentabilidad, siempre con una regulación adecuada del Estado. En su lugar la inversión pública debe orientarse preferentemente, como debe ser, hacia educación, salud, barrios, vivienda social, seguridad y cuido del ambiente.

Este gobierno chavista que sufrimos, estatista hasta los tuétanos, ha asumido el sector eléctrico con la tradicional retórica populista, de manera que sólo el sector público debe proveer el fluido energético que nos brinda luz y comodidad; sin embargo, lo ha hecho con tanta ineficiencia y corrupción que los resultados están a la vista, o mejor al padecimiento, de todos: así la Central Hidroeléctrica Tocoma, programada para entrar en servicio en 2007 y que agregaría 2.200 megavatios, nunca ha sido puesta en funcionamiento. Termo Bachaquero, jamás ha llegado a operar. Con respecto a la generación térmica, Planta Centro que debía generar 2.000 Mv, produce la cuarta parte de eso; Josefa Camejo, en Paraguaná, que debía producir 450 Mv, genera 140, y Pedro Camejo, en Valencia, genera la mitad de los 300 Mv que debía producir. Además, por cuestiones de negociado y corrupción desde 2009 el gobierno estuvo comprando una chatarra tecnológica, denominada plantas de generación distribuida, que además de consumir combustibles líquidos de alto valor de exportación, se compraron con evidente sobreprecio y a la fecha nunca operaron bien. Todo esto explica los apagones de hoy. Los países limítrofes con Venezuela, padecen del mismo Niño, pero no tienen un plan de racionamiento como nosotros. Este gobierno ultrosamente socialista, frente a su evidente fracaso, se vuelve salvajemente capitalista, al dejar a la gente a su propio desamparo, obviando la responsabilidad asumida de proveer a la sociedad un servicio básico y fundamental.

Miguel Méndez Rodulfo

Caracas, 12 de febrero de 2016