Por Froilán Barrios
Utilizaron como señuelo la
recién aprobada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en
diciembre de 1999 para camuflar sus verdaderas intenciones, ante un país que
aspiraba a iniciar un nuevo siglo y una nueva fase política, bajo signos de prosperidad
y de renacimiento de la democracia, ante la tozudez del decadente puntofijismo
incapaz de renovarse. Esa legítima ilusión pronto se tornó en vana, al trazar
el prócer de Sabaneta la senda y el objetivo de corporativizar la sociedad
venezolana.
Los primeros pasos se
diseñaron en agosto de 2000 con la convocatoria a referéndum sindical, cuyo
objetivo era disolver al sindicalismo, particularmente la CTV, convocando al
pueblo a un acto ilegal el 3 de diciembre de 2000, violatorio de la carta magna
(artículo 95) y de convenios internacionales (87, 98 OIT) cuyo resultado fue la
intervención desde el Estado al movimiento sindical, artimaña por cierto
coincidente con el decreto de la Junta Militar de 1949 que proscribiera al
sindicalismo y algunos partidos políticos de la época.
La próxima estación fue 2006
con la aprobación de la Ley orgánica de los consejos comunales, cuyo destino ha
sido desarticular la base social de la población, agrupada en asociaciones
autónomas de vecinos y juntas parroquiales, al sustituir estos órganos de la
democracia participativa de expreso rango constitucional (artículos 71, 182,
184), por estos organismos comunales de relación vertical con el Estado, al
colocarlos como apéndices del Ministerio del Poder Popular.
La operación no se detuvo
allí, desde el Ejecutivo se desarrolló toda una ofensiva, la fallida reforma
constitucional de 2007, sancionada con la dolorosa derrota gubernamental el 2D,
cuyo despliegue mostró el bojote y la aviesa intención de instaurar el Estado
comunal y la nueva geometría del poder, de expresa orientación neocorporativa
fascista.
El traspiés sufrido por el
régimen no lo detuvo en su plan, cautivó a sectores opositores para implantar
la reelección indefinida en 2008, y luego rematar la faena con la aprobación
del entramado jurídico de leyes orgánicas comunales en diciembre de 2010, por
una Asamblea Nacional carente de legitimidad, al existir otra ya electa en
septiembre de ese año cuando el régimen carecía de votos para aprobar leyes
orgánicas.
El modus operandi de
torcidas intenciones le conllevó a una nueva faena, la aprobación de una Ley
orgánica del trabajo en mayo de 2012, mediante un ilegal decreto surgido de una
ley habilitante, de las que el régimen ha abusado a placer, violatorio de la
disposición transitoria constituyente para imponer el DLOTTT, que sustituye a
los directores laborales para imponer los Consejos de Trabajadores (artículos
497, 498).
Contexto previo a la recién
aprobada Ley de los consejos productivos de trabajadores, aprobada el 30 de
enero de 2018 por la fraudulenta montonera del PSUV autodenominada ANC, ley
precedida por un decreto presidencial, el N° 17, en el marco del estado
de excepción y emergencia económica de noviembre 2016, ratificado en 2017, cuyo
contenido definitivamente establece la instauración en todo el sistema de
relaciones de trabajo, tanto público como privado, de comisarios
permanentes del régimen sobre toda actividad interna, que conlleva hasta la
delación ante innumerables organismos del Estado a quien se aparte del carril
estatal.
En resumen, no es
especulación; es evidente, estamos frente a un mapa trazado por el
castromadurismo rumbo al Estado comunal, donde la elección presidencial es solo
un episodio; una situación que amerita, ante la falta de voluntad política, la
unidad de todas las fuerzas democráticas con el apoyo de la comunidad
internacional, para enfrentar el macabro plan de implantar un apartheid en el
que solo existan los sumisos al régimen.
Lo lamentable del trance que
nos agobia es cuando una sociedad solo ve el árbol y se niega ver el bosque,
bien sea por culpa de sus dirigentes o por simplemente conformarse con su fatal
destino.
07-02-18
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