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jueves, 8 de marzo de 2018

UNA TRANSICIÓN DENTRO DE LA TRANSICIÓN, por María Isabel Puerta




María Isabel Puerta 08 de marzo de 2018

 ..... cualquier posibilidad de lograr una transición -sin un mayor baño de sangre- pasa porque haya quien esté dispuesto a garantizar impunidad (luego vendría la justicia transicional), permitiendo no solamente la sustitución de Maduro y su claque, sino la salida de los militares más comprometidos con la violación de DD.HH. y corrupción. En este escenario, lo más conveniente sería un militar (o un ex-militar) porque con quien se necesita establecer un diálogo es con quienes deciden, los militares.

El régimen político venezolano enfrenta un tremendo desafío: superar una crisis política en medio de una enorme crisis económica. El problema es que la crisis política ha provocado la intervención internacional, principal obstáculo para la solución de la crisis económica en sus propios términos.

La pérdida de ingresos, no solamente por la caída en los precios del petróleo, sino por el pésimo manejo de la principal industria del país, ha sumido al país en una crisis económica de proporciones catastróficas. Las condiciones estructurales del país, gracias al progresivo desmantelamiento del aparato productivo con las políticas económicas de Chávez, continuadas por Maduro, requieren del auxilio de la banca mundial. La intervención financiera en forma de plan de reconstrucción requiere de una transición política, de manera que si no se resuelve la crisis política, no habrá forma de superar la coyuntura económica. Se trata de una crisis estructural.

El régimen político venezolano es considerado como autoritario (Democracy Index, 2018), que la definición de Linz (1996) se entiende como un sistema político de pluralismo limitado con espacio para una “semi-oposición.” Una de las grandes bajas en una democracia en deterioro es la representación política de los intereses de la sociedad. En Venezuela, la crisis de los partidos fue uno de los síntomas de la crisis de la democracia. Las advertencias fueron hechas. En lugar de transformar a los partidos políticos (COPRE), se apostó por la corriente anti partidos, profundizando la crisis de representación que nos ha conducido por casi dos décadas de chavismo.

El planteamiento de una transición del régimen autoritario chavista hacia una democracia no deja de ser una aspiración con probabilidades de éxito muy limitadas. En primera instancia, porque para acordar un régimen de transición se requiere del apoyo (participación) de la fuerza armada, como sostén del chavismo. En segundo lugar, por tratarse de un régimen militar de naturaleza delincuencial, las condiciones para acordar esa transición resultarían muy complejas para la Oposición, porque requerirán de un conjunto de concesiones que perjudicarían a quien las permita.

Una transición política en Venezuela estará en manos de aquellos no tengan aspiraciones políticas a largo plazo, porque las decisiones que habrán de tomarse serán suficiente para acabar con cualquier aspiración futura, pero que son indispensables para conducir ese proceso.

En este escenario, el de una institución militar comprometida con un régimen autoritario, dependerá de su decisión que esa transición política sea posible. La decisión no es tan solo permitir una sustitución de Nicolás Maduro por la vía electoral, es también permitirle gobernar a su sucesor. Estas son las condiciones que dificultan que la Oposición sea la que conduzca el proceso, y que en su lugar, sean actores del propio régimen quienes asuman ese papel.

Finalmente, cualquier posibilidad de lograr una transición -sin un mayor baño de sangre- pasa porque haya quien esté dispuesto a garantizar impunidad (luego vendría la justicia transicional), permitiendo no solamente la sustitución de Maduro y su claque, sino la salida de los militares más comprometidos con la violación de DD.HH. y corrupción. En este escenario, lo más conveniente sería un militar (o un ex-militar) porque con quien se necesita establecer un diálogo es con quienes deciden, los militares.


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