Marta de la Vega 08 de junio de 2020
El
RP2, el 187n° 11, el TIAR o los Cascos Azules de la ONU no son factibles si los
gobiernos aliados de los países democráticos del mundo en contra de la tiranía
usurpadora de Maduro y la camarilla militar civil que lo sostiene y protege,
dirigidos en primer plano por la dictadura cubana, con Rusia, China e Irán en
el trasfondo, han afirmado varias veces que no están de acuerdo con el uso de
la fuerza ni pueden respaldar una incursión militar. Una intervención armada
constitucional o un desembarco por razones humanitarias en costas venezolanas
tampoco están en la agenda ni de la Unión Europea, ni del grupo de Lima, ni del
gobierno actual de los Estados Unidos.
Todos
los que impulsamos la lucha por la democracia, la decencia, el respeto a los
otros y el cumplimiento estricto de las normas que garanticen la civilidad y la
convivencia pacífica en Venezuela, nos preguntamos hoy cómo es posible que el
sátrapa enquistado en Miraflores o en Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, se mantenga
aún en el poder. La cúpula de las fuerzas armadas es la que tiene el dominio
del país.
En
todos los niveles, sea por miedo, sea por horror a la delación de sus propios
compañeros, o por las torturas indescriptibles de las que han sido víctimas los
sospechosos de disidencia o de insubordinación, sea por la relajación de sus
conductas institucionales, sea por degradación de sus principios y valores, en
los que ya el honor no se divisa, las fuerzas militares o policíacas sustentan
la dictadura madurista. O callan de manera cómplice ante los desafueros y
abusos atroces cometidos por los integrantes de los organismos de seguridad y
contrainteligencia del Estado, la Guardia Nacional Bolivariana o las Fuerzas de
Acciones Especiales, que son escuadrones de exterminio para aterrorizar y
asesinar a ciudadanos inermes.
Sus
motivaciones no provienen de razones ideológicas ni es por respeto a la
Constitución venezolana vigente, pisoteada despiadadamente desde hace muchos
años para aferrarse al poder a cualquier costo. Se ha construido un entramado
denso y oscuro de corrupción generalizada que se extiende desde el general de
más alto rango hasta el soldado raso y contamina todas las estructuras del
Estado, hoy refugio de una banda de hampones que controlan las instituciones de
la república, la explotación criminal del Arco Minero, el narcotráfico con
pingües ganancias, el contrabando de gasolina y ahora la “custodia” de las
bombas surtidoras de combustible.
En
este sentido, la posibilidad de un “quiebre” militar ha resultado ser una
táctica fallida en la visión estratégica por parte de la dirigencia
democrática. Causas muy poderosas como las que acabamos de enumerar frenan una
acción de las fuerzas armadas, pese a conatos de rebelión, para acatar la
Constitución siguiendo su artículo 328 y contribuir a restaurar el Estado de
Derecho.
En
Venezuela ha habido históricamente una mentalidad de privilegio y supremacía
militaristas a pesar de que la Constitución subordina el poder militar al poder
civil. También cierto menosprecio de aquellos hacia estos últimos. Los códigos
de los militares resultan enigmáticos para el mundo civil. No han podido ser
descifrados por la dirigencia democrática para trazar un camino efectivo de
acercamiento hacia el cuerpo armado. Estos sienten desconfianza hacia los
civiles como alternativa real de poder. ¿Qué hacer entonces?
El
engranaje entre los problemas de la gente y sus protestas y un gobierno de
emergencia nacional es indispensable para impulsar el cambio político. Su
antecedente más importante fue el pliego de conflictos elaborado por múltiples
organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, entregado en la
concentración del 10 de marzo pasado al presidente interino de la república,
Juan Guaidó. El Plan País marca una dirección experta y seria para resolver la
multicrisis nacional.
Otro
hecho clave es la firma que acaba de ocurrir para asegurar sin obstáculos el
ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela entre la OPS (Organización
Panamericana de la Salud) con un representante del gobierno interino y el
ministro de salud del régimen de Maduro. No es un acuerdo político como se
pretende hacer ver sino, por un lado, un reconocimiento al gobierno legítimo de
Juan Guaidó y por el otro, un esfuerzo técnico multinacional para evitar de
nuevo la tragedia del 23 de febrero pasado al impedir brutalmente la entrega en
territorio venezolano de la ayuda humanitaria.
Es
decisivo comunicar ya a la ciudadanía todos los aspectos del contenido de la
propuesta de los negociadores democráticos en Oslo y Barbados, que muchísima
gente no conoce. La importancia mayor del gobierno de emergencia nacional es
que facilita un “puente de plata” a los chavistas, militares y civiles, sin
excluir a los distintos actores de la oposición.
Las
modificaciones presentadas por el gobierno estadounidense agregan una serie de
garantías para los militares, la permanencia del alto mando actual hasta las
elecciones presidenciales, la suspensión de las sanciones y la escogencia de
Maduro y sus acompañantes de quedarse en el país o salir al que ellos deseen
sin que se les persiga o extradite. Esta condición es necesaria pero no suficiente
para que cese la usurpación y comience una transición incluyente de todos los
sectores políticos y sociales del país a fin de emprender su reconstrucción.
Marta
de la Vega
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