Teniendo en
cuenta la próxima reunión de Jefes de Estado de Mercosur a efectuarse en
Brasilia los días 15 y 16 del presente mes, el Grupo Ávila quiere expresar su
reconocimiento a la labor que están desarrollando algunos gobiernos del bloque,
en el sentido de convertirlo en más eficiente, dinámico y abierto, y de lograr
su mejor inserción en el contexto económico internacional, lo que podría
redundar en mejores y mayores oportunidades de comercio, inversiones, empleo y
bienestar social.
Sin embargo,
también queremos manifestar nuestra preocupación no sólo por la marginal
participación de Venezuela dentro del bloque, cuyo modelo económico va a
contravía de las tendencias prevalecientes en el Mercosur, caracterizadas por
el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, la activa participación de
los diversos sectores empresariales y sindicales en la formulación de la
política económica, sino por la posición de satanización del libre comercio que
rompe con la orientación de apertura comercial que se podría consolidar en la
Cumbre, particularmente en lo que respecta a las negociaciones del acuerdo de
libre comercio con la Unión Europea.
El Grupo
Ávila está consciente de la importancia que los instrumentos jurídicos de
Mercosur han asignado a los temas de los derechos humanos y la
institucionalidad democrática, plasmados con la introducción de la Cláusula
democrática en el Protocolo de Ushuaia I de 1998, y en su posterior perfeccionamiento,
mediante la adopción del Protocolo de Ushuaia II en el año 2011.
En tal
sentido, teniendo en cuenta las experiencias que se han vivido en varios países
de la región, en particular en Venezuela, el Grupo Ávila estima, que el
Mercosur debería llevar adelante, con la amplia y activa participación de la
sociedad civil, una reforma del Protocolo de Ushuaia encaminada al
perfeccionamiento de dicho instrumento
en lo que respecta a la legitimidad de funcionamiento democrático de los
gobiernos de los países miembros.
Estos
avances son cruciales, aunque estimamos que se debería progresar en el
perfeccionamiento de esta normativa, tomando en cuenta no sólo el tema de la
legitimidad de origen y sus alteraciones, sino también lo concerniente a la
legitimidad en el ejercicio de las funciones democráticas de los gobiernos
miembros.
Caracas, 9
de julio de 2015
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