Por Marta de la Vega V.
Si nos vamos a un diccionario
de lengua española el término autocracia significa en política el poder
ejercido por una sola persona cuya voluntad se convierte en suprema ley. O
también puede ser comprendido como el poder ejercido de manera absoluta y
excluyente por un grupo, cuyos intereses prevalecen por encima de los objetivos
de los otros poderes públicos, de los demás actores políticos y de la sociedad
en su conjunto.
No hay virtudes cívicas que
regulen la convivencia social. Roto el Estado de derecho, transgredidas las
leyes o impuestas estas en función de los intereses de una minoría dominante o
para favorecer al autócrata, sin marco constitucional ni orden jurídico
vigentes, nada limita ni modera el poder abusivo de la camarilla gobernante.
Este grupo usurpa las funciones públicas y la legalidad. La consecuencia
es la indefensión total de la gente frente a la voluntad omnímoda del tirano,
el debilitamiento de las instituciones que son sustituidas por el personalismo
y la demagogia clientelar, la ausencia de normas sólidamente establecidas cuyo
incumplimiento esté respaldado por las consiguientes sanciones.
Interpretación laxa de la ley
y pragmatismo son mecanismos de control social. Sumisión, miedo, coacción, son
los instrumentos de violencia arbitraria e ilegítima usados para reducir
cualquier disidencia o crítica, para doblegar al ciudadano, para paralizar a
los que dependen del Estado desde el punto de vista económico, para
asustar a los más vulnerables y para que se resigne la población a la
desesperanzaaprendida mediante represión, persecuciones, amenazas, asesinatos a
mansalva e impunes.
La ruina deliberada de la
economía, por cálculo político y por ineptitud, acrecienta la dependencia con
el Estado, cuya estructura populista, amiguista y demagógica encadena y somete
a los electores a las apetencias de la parcialidad política dominante. Pavorosa
crisis humanitaria. La maquinaria del Estado se convierte en el superárbitro
social que decide el destino de la nación.
El gobierno arrebata las
estructuras del Estado para ponerlas a su servicio, el Estado como apéndice del
gobierno ignora a los ciudadanos, los utiliza y los somete por sus carencias y
necesidades. Mandar, no gobernar, para afianzar su dominio y aferrarse al
poder. Gobierno tiránico, usurpador, sin legitimidad ni capacidad de responder
a las demandas sociales ni llevar a cabo las obligaciones que le competen. Este
escenario es el de Venezuela hoy a pocos días del 20 de mayo de
2018, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que ha servido de
capataz del proyecto chavista madurista para consolidarlo bajo la égida del
dictado imperial de los Castro y de su actual sucesor designado presidente de
Cuba, ha ejercido su papel para asegurar la permanencia del régimen venezolano.
Ahora se autoproclama garante
de las presuntas elecciones presidenciales, como declaró recientemente Beatriz
Becerra, representante de España, vicepresidente de la Subcomisión de Derechos
Humanos en el Parlamento de la Unión Europea. Que Rodríguez Zapatero las llame
elecciones resulta revelador, cuando son un nuevo intento-dice Becerra- de la
dictadura de Maduro para acabar del todo con la oposición democrática. No hay
garantías de ningún tipo. La oposición ha sido ilegalizada, sus líderes
están presos, inhabilitados o exiliados. La convocatoria no cumple ninguno de
los estándares internacionales. Fueron impuestas y adelantadas arbitrariamente
las fechas por una anc inconstitucional e ilegal. Así no se puede votar.
El fraude está cantado y por
eso el dilema no es votar o no votar. Se trata de impulsar y decir la estrategia
adecuada para la restauración de la democracia, con un liderazgo que tenga
visión de largo plazo y grandeza de hombres de Estado.
15-05-18
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