Rafael Veloz García 03 de junio de 2020
@Rafaelvelozg
Existe
una correlación negativa entre la pandemia y la justicia, como consecuencia de
un confinamiento sin previsión, que ha generado la paralización de la justicia,
en términos del funcionamiento del derecho formal, es decir de la
administración de justicia. Esta paralización de la justicia ha dejado su
funcionamiento, en manos de los organismos auxiliares de la justicia: Los
cuerpos policiales y de seguridad. Este funcionamiento ha sido asumido en forma
de “manus militaris” por dichos cuerpos y la aplicación del derecho se ha
venido ejecutando a través de operaciones materiales que se caracterizan más,
por el ejercicio de la fuerza, que por la garantía de los derechos civiles y
políticos de los ciudadanos. Este estado material o uso de la fuerza pública,
policial o de seguridad, se realiza a discreción, aprovechando la soledad del
confinamiento de la pandemia y de la practica paralización de la justicia. En
este solitario entorno es donde la brutalidad policial y las redes de extorsión
surgen como actos “normales” en los procedimientos policiales, violandose los
derechos más fundamentales del ciudadano, como lo son el derecho a la vida, a
la libertad y el derecho de expresión e información.
El
caso más reciente de esta brutalidad policial ha ocurrido con la muerte de
George Floyd, allende a nuestras fronteras, pero que aquí también ocurre con
frecuencia, aprovechando el confinamiento y la práctica paralización de la
justicia.
Las
detenciones a periodistas, médicos y lideres políticos y el incremento de
muertes simuladas de enfrenamientos han sido consecuencia de una justicia asumida
por los cuerpos policiales como consecuencia de un cofinamiento pandémico sin
previsiones, para evitar practicamente, la paralización de la justicia.
El
confinamiento prescrito en ocasión de la pandemia no solo ha restringido el
derecho de circulación o movilidad del ciudadano y otros derechos derivados del
derecho fundamental de la libertad, como lo es el derecho a la libertad de
expresión e información sino también ha restringido el sagrado derecho a una
justicia continua y permanente, como elemento esencial de un Estado democrático
y social de derecho.
El
gobierno del poder judicial, usurpado desde el 23 de diciembre de 2015 con
designación de actores políticos en el TSJ, de un Parlamento que había vencido
su periodo, no ha presentado un plan preventivo y alternativo para el
funcionamiento integral y continuo de la administración de justicia sino que
solo se ha limitado al funcionamiento precario de los tribunales de control
penal, generando un retraso procesal e injusticia sin precedentes en todo el
poder judicial. Es el “comodín” de Maduro para obtener lo que los votos no han
alcanzado.
Ese
instrumento político, si ha sido eficaz y eficiente en decidir asuntos
políticos, como lo relacionado con la junta directiva de la AN y el de recibir
la solicitud del Ministerio Público sobre Voluntad Popular, lo que devela que
el confinamiento de la pandemia no solo paraliza a la justicia sino que ello se
ejercita con móvil político subyacente.
Rafael
Veloz García
@Rafaelvelozg
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