Por Froilán Barrios
Si hay un movimiento social que las tiranías
intentan domesticar en las primeras de cambio es el de los sindicatos y los
gremios, aun cuando se identifiquen numerosas distorsiones y desviaciones en su
seno, estos encarnan en esencia la autonomía frente al Estado y los partidos
políticos, la pluralidad y la democracia.
Por ello no fue
casualidad que una de las primeras tareas de Fidel Castro y el Che Guevara en
1959 fue secuestrar la Central de Trabajadores Cubana (CTC), convirtiéndola
hasta la actualidad en una agencia de propaganda del régimen castrista,
encomienda aprendida de la URSS donde los sindicatos eran la correa de
transmisión del Partido Comunista y los Soviets, y de la China maoísta cuyos
sindicatos son simplemente jarrones decorativos que avalan la sobreexplotación
del sistema al no existir ni contratos colectivos ni el derecho a huelga.
Esta inquina contra los
sindicatos y gremios profesionales la asumió igualmente Hugo Chávez y el
“presidente obrero”, el primero hizo gala de su cultura militar verticalista
que no admitía en su cerrada mente el diálogo social, por el contrario, su
práctica era dictar órdenes y que la tropa obedeciera, y el segundo por ser
formado en la escuela estalinista del castrismo cuya enseñanza le asigna el
sindicato la obligación de estar al servicio de la revolución, así esta sea una
estafa como la que sufrimos en Venezuela.
Pues bien, ante la
protesta social que se expande en todo el territorio nacional por la ruina
acelerada de los servicios públicos, acicateada por la escasez de gasolina y
por la pandemia del covid-19, el régimen ha acentuado la represión bien sea en
las calles con colectivos parapoliciales y en las redes sociales instalando la
inquisición del siglo XXI, contra el que manifieste rechazo a vivir en la indigencia
general que sobreviven los venezolanos.
La tiranía que llora
constantemente por el bloqueo, no escatima finanzas en el uso de sofisticados
recursos para mantener una red de escuchas, de soplones, cuyos modelos
terroríficos son la Stasi policía política de la ex Alemania Oriental, la KGB
soviética y el G2 cubano, apuntados a perseguir todo género de disidencias y
amedrentar a un pueblo diezmado y hambriento.
Recientemente han
arremetido de nuevo, esta vez contra la médico ginecólogo Andreína Urdaneta del
Hospital General de Cabimas privándola de su libertad, siendo «el delito»
colocar en su WhatsApp la cuestionada imagen del “presidente obrero”, quien por
cierto goza de un repudio a su gestión de más de 80% de la población, cifra
registrada en diversas encuestas. Esta práctica autoritaria también le fue
aplicada a la bioanalista Andrea Sayago del hospital de Valera, quien
cuestionara recientemente la ruina hospitalaria ante la pandemia.
En la presente semana
han retomado su furia contra el gremio de enfermería del estado Zulia y en
especial contra su presidenta, licenciada Hania Salazar, al conminar a
numerosas enfermeras a denunciarla como promotora de un paro inexistente, con
el solo objetivo de levantar un expediente y privarla de libertad. Lo que resume
la preocupación del régimen de acallar la protesta laboral a como dé lugar
recurriendo a métodos policiales para silenciarla.
En resumen,
presenciamos en nuestro país la implementación definitiva del delito de opinión
como política de Estado, que registra la detención de más de 400 presos
políticos, y que apunta hoy a arreciar la ofensiva contra el movimiento
sindical y gremial, en un país donde son derechos constitucionales, la libertad
sindical, artículo 95; el derecho a huelga, artículo 97; a contratos
colectivos, artículo 96; a la manifestación, artículo 68; incluso avalados por
los convenios internacionales firmados por el Estado venezolano desde el siglo
pasado.
03-06-20
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