Por José Vicente Carrasquero
A.
Venezuela se encuentra en un
momento crucial, decisivo, concluyente. Hemos vivido 18 años de muchas
complicaciones, de dificultades que han aniquilado nuestra calidad de vida.
Sufrimos las consecuencias de una forma de hacer política que finalmente llegó
a donde todo el mundo sabía que iba a llegar, a sumir a los venezolanos en la
miseria. A hacer inviable el desarrollo del país y por lo tanto imposibilitar
el crecimiento de la persona como factor esencial de la sociedad.
La situación no es trivial y
no puede ser analizada con las herramientas que se aplicarían a la normalidad
democrática. Hay un acuerdo casi universal de que en Venezuela hay una ruptura
del hilo constitucional, una alteración del orden democrático. En otras
palabras, el gobierno en su intento de pasar por encima de todo principio
democrático ha devenido en una dictadura que busca mantenerse a sangre y fuego
en el poder.
Así como la situación política
no es normal, tampoco lo es la calidad y cualidad de las personas que ocupan
las posiciones de poder. Para comenzar, su forma de hacer política es por la
vía de la imposición de sus criterios y formas de hacer. No está en sus maneras
eso de oír al pueblo y actuar en consecuencia. Hay un compromiso con el
proyecto político por encima de la Constitución y las leyes.
Como si esto fuese poco, muchas
de quienes ocupan posiciones de poder están de una manera u otra ligados a
hechos reñidos con las leyes y que los hace objeto del debido castigo. Desde
haber tomado por asalto las arcas públicas hasta la violación del inventario
total de los derechos humanos pasando por delitos de narco tráfico configuran
una lista de delitos de la cual no se puede salir fácilmente. El poder parece
ser el último refugio de una clase política compuesta por bandoleros.
¿Cómo se supera la ruptura del
hilo constitucional? ¿Cómo se repara el orden democrático? La respuesta a estas
preguntas tampoco es trivial. Sin embargo, está claro que las acciones que
llevaron a tal ruptura son delitos muy graves que se pagan con cárcel. Quienes
cometieron esos delitos y sus cómplices usurpan posiciones de poder.
Visto así, el juego requiere
audacia de parte de los actores de oposición, se encuentren o no bajo el
paraguas de la MUD. Hay ciertas premisas que se deben tener en cuenta y que
examinaremos a continuación.
La primera y más importante es
que los que rompieron el hilo constitucional no tienen cualidad alguna para
repararlo. El problema generado por las sentencias no se resuelve con la
eliminación o enmienda de las mismas. El resarcimiento de este gravísimo hecho
que constituye un golpe de estado al poder legislativo requiere una acción
institucional.
Es claro que los jueces de la
sala constitucional no actuaron por la libre. Obedecían ordenes de los
directivos del partido al cual pertenecen. Por lo tanto, existen otras personas
que ocupan importantes puestos de poder que también quedan inhabilitados para
reponer el orden democrático.
La segunda premisa importante
es que tanto el poder electoral como el poder moral han sido cómplices de los
hechos que nos han traído a esta situación. El primero por ser ejecutor
reiterado de la violación masiva del derecho humano a votar. El segundo por no
haber investigado con la debida seriedad el problema generado por el Tribunal
Supremo al materializar un golpe de estado contra el poder legislativo.
Esto nos lleva a la tercera
premisa según la cual el orden constitucional no se repondrá con unas
elecciones regionales. Eso no resuelve el asunto de la culpabilidad de los
jueces y sus cómplices, ni las violaciones del poder electoral y mucho menos la
inacción del poder moral.
¿Está el juego trancado? No.
La solución tiene su origen en al menos dos grupos de acciones. La primera y
más importante es la manifestación de descontento del poder popular. De la
gente cuyo honor ha sido mancillado continuamente desde hace quinquenios. La
presión de un pueblo en la calle exigiendo la restauración del orden
democrático, del imperio de la ley fundamentado en la constitución nacional. Es
la presión del pueblo la que posibilitará una salida a la crisis más grave que
ha vivido Venezuela en los últimos 60 años.
Por su parte, el poder
legislativo, electo por el pueblo el 6 de Diciembre de 2015 debe proceder a
reinstitucionalizar el país. Para ello debe proceder a nombrar un Tribunal
Supremo de Justicia según los criterios y procedimientos que imponen la
Constitución y las leyes. Es bien sabido que el nombramiento de los
jueces actuales estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a cuanto
reglamento hubiese.
El nombramiento de un nuevo
Consejo Nacional Electoral, con gente realmente independiente, proba y con la
formación necesaria para llevar a cabo la tarea de facilitar la voluntad
popular. Es más que claro que las rectoras del actual cuerpo carecen no
solamente de independencia política sino que además no tienen criterio propio.
Un nuevo poder moral es un
requisito indispensable para tener una institucionalidad sólida que garantice
la independencia de los poderes. El contralor que nombra familiares para
trabajar con él, un defensor que solo defiende al partido de gobierno y sus
fechorías y una fiscal que ya tiene demasiado tiempo en ese cargo son motivos
más que suficientes para renovar esas dependencias.
Finalmente, elecciones
generales en 2017. La expresión popular para decidir el futuro del país, para
recomponer el tejido social, para rescatar nuestra capacidad de soñar con un
futuro próspero de una Venezuela que vea crecer a nuestros hijos con felicidad
y posibilidades.
17-04-17
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