Judith Sukerman 08 de mayo de 2018
@judithsukerman
El
resultado del 20 de mayo está cantado, es un fraude anunciado. Hoy a escasos 15
días de ese evento, pareciera que el país se encuentra en un callejón sin
salida; devastado por la peor crisis económica de la historia y en medio de un
absoluto vacío de conducción política para enfrentarlo. El gobierno lo sabe y
se aprovecha de ello.
Después
del anuncio de la “tendencia irreversible” que hará Tibisay Lucena, al borde de
la medianoche, Nicolás Maduro consciente de su muy precaria legitimidad, tendrá
irremediablemente que procurar una vía que le permita crear un ambiente de
gobernabilidad en el que pueda tomar las impostergables decisiones de carácter
macroeconómico y financiero, indispensables para superar una coyuntura en la
que sabe no podría resistir mucho tiempo más.
La
implementación de medidas económicas como las que necesita Venezuela para
superar esta espantosa crisis económica y social, implicaría un alto costo
político; pero teniendo en cuenta los ínfimos niveles de agrado y aprobación
que tiene el régimen, no podrá correr el riesgo de asumir solo este costo, ni
aun haciendo uso de la fuerza. Es por ello que se vería obligado a construir un
acuerdo en el que sectores de la oposición respalden sus decisiones y
contribuyan a mantener la gobernabilidad.
El
expresidente español Felipe González, expresaba este fin de semana en rueda de
prensa ofrecida desde Colombia, su preocupación por la posible existencia de un
pacto con Maduro, en un intento por lavar su imagen. Y señaló que Henry Falcon
—en virtud del incumplimiento de condiciones que el mismo había tachado de
inexcusables- ha explicado ante embajadores de la Unión Europea que habría “un
acuerdo poselectoral”.
Esta
declaración debe encender todas las alarmas a los venezolanos; y debe obligar a
los líderes de la oposición verdaderamente alineada con los intereses del país,
a un inmediato pronunciamiento conjunto comprometiéndose a no prestarse para
tan peligroso juego.
Demasiadas
coincidencias hacen obligatorio que revisemos el “Gran Acuerdo Político
Nacional”, firmado en 2008 por el dictador de Zimbawe Robert Mugabe y Morgan
Tsvangirai, líder de la oposición en ese país, tras meses de violentos
enfrentamientos que originaron una inmensa ola de desplazados, que huían del
conflicto después de un proceso electoral no reconocido por la Unión Africana
de Naciones, la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur, ni por gran
parte de la comunidad internacional.
Ese
Gran Acuerdo Político Nacional comienza reconociendo a Mugabe como Presidente.
Designa a Tsvangirai como Primer
Ministro y al líder del tercer partido del país se le nombra Primer
Vicepresidente Ministro, cargo creado especialmente para la firma de este
acuerdo, en el que fue mediador el presidente de Sudáfrica para el momento
Thabo Mbeki. En la negociación para el reparto del poder entre el gobierno y la
oposición de Zimbawe, se decidió que 15 de los ministros serían designados por
el oficialismo y 16 por los partidos opositores.
El
nombramiento de Tsvangirai y de la mayoría de los ministros (cargos que fueron
ocupados por relevantes figuras de la oposición), ingenuamente fue considerado
un triunfo de los líderes opositores al pensar que garantizaría un gobierno
compartido. En consecuencia se abandonaron las protestas de calle y la
confrontación con el gobierno. Al ser parte del gobierno, perdieron su
capacidad de hacer oposición. Pero la realidad era que el control verdadero del
gobierno y su burocracia, lo seguía manteniendo Mugabe, solo que desde
entonces, compartía y diluía los costos políticos que antes le eran exclusivos
con los principales líderes de la oposición, que se debilitaron totalmente al
absorber dichos costos.
Muchos
de los compromisos que se incluyeron en ese gran acuerdo nacional nunca fueron
cumplidos, y así, en un gobierno donde nada se consultaba pero donde todos eran
corresponsables, transcurrieron 4 años desde su implementación. Llegada la
oportunidad, se convocó a unas nuevas elecciones nacionales, regionales y
municipales de manera conjunta, en las que arrasaron Robert Mugabe y su partido
en todos los cargos. Dada la aplastante derrota, Mugabe da por concluido el
gran acuerdo nacional y acusa a los opositores de incompetentes y de ser los
causantes de la debacle económica que hizo que Zimbawe ocupara el último puesto
en el ranking de desarrollo humano mundial.
Permitir
la firma de un acuerdo poselectoral con el gobierno y el chavismo, sería aún
peor que haber asistido al proceso fraudulento del 20 de mayo. Esto le daría a
Maduro y su régimen la posibilidad de sortear su falta de legitimidad,
neutralizar a la oposición y endurecer el control.
Los
ciudadanos tenemos que ser vigilantes de
que el afán por un par de cargos no nos haga repetir la dantesca historia de 37
años de opresión que vivió Zimbawe.
Judith
Sukerman
@judithsukerman
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