Apertura Venezuela: El Agua Potable en la Agenda del Gobierno no es tema de primera importancia, @carome31

sábado, 27 de agosto de 2016

El Agua Potable en la Agenda del Gobierno no es tema de primera importancia, @carome31

Por Carlos Romero M., 26/08/2016

Una mirada por la región latinoamericana, nos lleva a Panamá en donde el Gobierno ha logrado aprobar un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el cual, según nota de prensa[1][1], ha sido el producto de 12 consultas públicas y cuyo contenido es presentado como el instrumento de planificación para definir políticas públicas que busquen mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptable para los panameños.

Ese Plan Nacional, se prevé no sólo la creación de una institucionalidad que logre desarrollar e implementar el Plan en un marco de cooperación interinstitucional, sino que además, prevé la reducción de riesgos asociados con eventos como las sequías e inundaciones.

En Venezuela en noviembre 2013, Miguel Leonardo Rodríguez, entonces Ministro de Ambiente, luego fue Presidente de Hidroven y actualmente diputado suspendido por el TSJ por Amazonas, anunció como algo real la presentación de un Plan Nacional de Agua, con un costo de 16 mil millones de bolívares y cuya misión era mejorar, reforzar y establecer el suministro de agua, especialmente en comunidades populares [2].

Tres años más tarde el Plan no es un documento público al cual se pueda acceder vía la página web de Hidroven y menos vía la página web de Hidrocapital, al menos para el 24 de agosto de 2016; ahora bien, según nota de prensa del 8 de mayo del 2014, ese Plan Nacional de Aguas, sirvió de justificación para que la Asamblea Nacional aprobara la cantidad de 2 mil 210 millones de bolívares, que según Ramón Lobo, entonces vicepresidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sería destinado para el Plan Nacional de Agua en el marco del Plan de la Patria.[2][3]

Según Manuel Briceño, entonces Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, en mayo 2014, afirmó que el Plan Nacional de Agua fortalecería la rehabilitación de las infraestructuras importantes para abastecer de agua potable a toda la población; la dinámica, particularmente en Caracas, advierte con mucha claridad que tal misión no se logró, lo que pone en evidencia el fracaso de ese Plan y su inexistencia en el mundo virtual.

Mientras Naciones Unidas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 y el Vaticano a través de la Encíclica Laudato Si abordan el problema de la cantidad y calidad del agua como uno de los grandes desafíos del presente que exige diálogo y acuerdos, el Gobierno de Nicolás Maduro, no asume el debate, mantiene silencio, crea más y más incertidumbre en la población en la medida que no facilita información alguna sobre la crisis hídrica y lo que si deja claramente establecido es que el racionamiento es indefinido, el deterioro del servicio público irreversible y en consecuencia el Socialismo del Siglo XXI se convierte en la principal causa del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos

Para el Socialismo del Siglo XXI, presidido por Nicolás Maduro, la Ley de Aguas como la Ley Orgánica de Prestación del Servicio del Agua Potable y Saneamiento, se convierten en instrumentos jurídicos nominales y formales, ignorados e inútiles en la práctica por el propio Estado. Las ruinas institucionales y jurídicas que soportan al régimen, lo convierten en el promotor de la privatización de la prestación del servicio de agua, pero además, lo hace responsable del pago doble por el servicio de agua, sin la debida garantía de calidad; ello ocurre cuando el ciudadano compra cisternas porque pasan días que no llega agua, o porque no se cumple el horario de racionamiento, el servicio especial que exige un pago considerable a un actor privado, representa un pago adicional al pago ordinario que se hace a empresas como Hidrocapital.

Para la Laudato Si, el tema del agua debe ser asumido como un asunto de primera importancia, pero la ausencia de información por parte del gobierno nacional y el informe de la Asamblea Nacional sobre la Crisis del Agua aprobado en abril 2016, ponen en evidencia que en Venezuela el tema no es de primera importancia.

Para valorar la actuación del Gobierno, es importante iniciar el análisis con los compromisos asumidos a través del Plan de la Patria 2013-2019, que según los representantes del oficialismo, tiene valor y fuerza de ley, esos compromisos previstos en el Objetivo 3.4 que plantea la profundización de una nueva geopolítica nacional, fueron:

Fortalecer y mejorar los sistemas de agua potable a lo largo del territorio nacional.
Mantener e incrementar la continuidad del servicio de agua potable a 250 litros por persona, tanto en zonas urbanas como rurales en todo el territorio.
Construir 100 acueductos a nivel nacional para garantizar la producción de 4.000 millones de metros cúbicos de agua potable, para satisfacer la demanda de 32.000.000 de habitantes para el 2019.
Culminar la construcción de Tuy 4, que beneficiaría el área metropolitana con 21.000 litros/segundo de agua. Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi, beneficiando Nueva Esparta y Sucre con 2.700 litros/segundo. Ampliación de Sistema Regional del Centro, que beneficiaría el estado Carabobo, Aragua, aumentando producción de 7.300 a 9.000 litros/segundo. Acueducto Barcelona-Guanta-Lecherías, para beneficiar habitantes de esas poblaciones aumentando producción de 3.000 a 6.000 litros/segundo.
Continuar la construcción de distribución de agua potable y saneamiento de aguas servidas en asentamientos que aún presenta carencia del servicio.

Ese Plan de la Patria va quedando moribundo con el pasar del tiempo y esos compromisos facilitan el análisis para valorar el fracaso del Socialismo del Siglo XXI y del Gobierno de Nicolás Maduro en garantizar a los venezolanos agua limpia, segura y permanente.

La Asamblea Nacional como Poder autónomo y constitucionalmente llamado a ejercer un control político sobre el Poder Ejecutivo, con la legitimidad que posee, asumió la responsabilidad de evaluar la crisis del agua y es así como en abril 2016, aprueba en plenaria, el Primer Informe sobre la Crisis de Agua en Venezuela, presentado por una Comisión Mixta[3][4] y cuyo contenido resulta importante para ser analizado y debatido en asambleas de ciudadanos para comprender mejor las causas del racionamiento de agua en nuestras comunidades.

En ese informe, disponible en la página web de la Asamblea Nacional, se advierte de la contaminación “irreversible” de las fuentes de agua potable que surten a Caracas y a la conurbación de Maracay-Valencia; destaca el incumplimiento del Estado en ejecutar las grandes obras propuestas y su irresponsabilidad en ejecutar obras que hoy no tienen utilidad práctica; además reclama que el Estado no cumple su obligación de informar sobre la calidad del agua y cuestiona que las empresas de servicio se han convertido en instrumentos políticos.

Concluye la Asamblea Nacional afirmando que el Niño no es la causa principal de la crisis hídrica, identificando en consecuencia que la causa directa se encuentra en la implementación de un modelo político y económico, que la Asamblea advierte se caracteriza por el mal manejo de políticas públicas, falta de planificación, ineficiencia y abrupta corrupción de los recursos públicos.

El Gobierno no puede responder simplemente con un racionamiento y menos aún se puede permitir que el mismo sea asumido como indefinido, es urgente, el reclamo pacífico, cívico y contundente, organizado y sistemático de los ciudadanos porque en esa Constitución aprobada vía referendo, expresamente se reconoce que el Estado es responsable, y en consecuencia, los riesgos a los que expone el gobierno a la sociedad con la escasez y las ausencia de garantías sobre la calidad del agua no pueden ser ignorados.