Por Lester Lopez O., 24/08/2016
Apreciación
de la situación # 75
De un régimen de malandros y delincuentes se puede esperar cualquier
cosa menos que cumplan con las leyes, acuerdos
y mucho menos con principios y valores, especialmente cuando los árbitros
institucionales que deben intervenir para que esto no ocurra son parte del
mismo régimen, por lo que para los opositores al mismo, solo le queda el
recurso de la protesta pública y masiva que concluya, por la vía de la presión
popular o de fuerza, con el fin de la tiranía reinante.
Pero esta solución de facto puede acarrear consecuencias posteriores
adversas para las nuevas autoridades, especialmente en el ámbito internacional,
si estas autoridades no están comprometidas con principios y valores
reconocidos por esa comunidad y también porque los costos de la transición
fueron mínimos en cuanto a pérdida de vidas humanas y materiales. De allí que
la observación de organismos multilaterales internacionales en el periodo
previo a las acciones que concluyeron con la caída del régimen, cobran vital
importancia al momento en que el concierto de la naciones deban reconocer las nuevas
autoridades que, por supuesto, deben tener carácter transitorio y una promesa
de elecciones libres para elegir nuevas autoridades en el corto plazo o en el
tiempo necesario para organizarlas. Eso dice el librito.
Afortunadamente en nuestro país, el constituyente en 1999, previó el
mecanismo del referendo revocatorio para evitar esas salidas de fuerza, de tal
manera que se pudiera salir de un mal gobierno por la vía pacífica, democrática
y electoral si el pueblo o el soberano así lo solicitaran. Pero el actual
régimen de malandros y delincuentes, de cuyas raíces salió la idea del referendo
revocatorio, ahora dice que eso es una forma de derrocarlos-descubriendo el
agua tibia- y alegan que tienen derecho a ejercer su derecho de cumplir su periodo
constitucional hasta el año 2019. Nada mencionan, esta vez, de los derechos del
soberano a quien se ufanan de representar y han llevado a condiciones de
miserias inaceptables.
La MUD nacional, con el apoyo de la sociedad civil organizada, ha
programado un evento de protesta masiva, pacífica, el primero de septiembre,
con el nombre de “la toma de Caracas” para exigir al ente rector tres cosas: a)
que fije la fecha para la recolección del
20% de las firmas exigidas para el RR; b) que fije la fecha para la
realización del RR y c) que fije la fecha para las elecciones regionales de
gobernadores y diputados a los conejos legislativos de los estados; todo para
este año 2016 como lo establece la Constitución Nacional.
Pero las amenazas de los voceros del régimen no se han hecho esperar,
ya convocaron una contra marcha en Caracas para el mismo día y acciones con los
cuerpos de seguridad del estado para que los manifestantes que vienen de las
distintas regiones del país no puedan llegar a tiempo a la manifestación. No
prever un enfrentamiento, por parte de los organizadores de la MUD nacional,
entre ambos grupos de manifestantes sería una demostración de candidez por
parte de los mismos.
En previsión a eso, la MUD debe insistir en la presencia de
representantes u observadores internacionales de todos los organismos
multilaterales con los que se han tenido conversaciones hasta ahora aunque no
se hayan tenido resultados prácticos para la fecha, son los que pueden
certificar que nos hemos conducidos de la manera más democrática y pacífica
posible en caso de que las acciones se salgan del cauce debido, especialmente
porque el gobierno va a buscar provocar las acciones violentas. No se debe
olvidar que la rectora autonombrada como la única persona que decidirá el futuro
del país, porque no acepta presiones de nada ni de nadie, ha amenazado, en
diferentes oportunidades, con suspender el proceso revocatorio si las
condiciones de estabilidad política y social del país no eran las adecuadas.
Por estas razones, y otras que expondremos más adelante, es necesario
que la MUD insista en la presencia internacional en nuestro país y
especialmente en la aplicación de los principios de la Carta Democrática de la
OEA, no pueden dejar al señor Almagro por fuera.
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