Por Víctor Salmerón
En medio de una galopante
inflación que evapora el ingreso de los trabajadores, el pasado 21 de julio la
Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, con los votos a favor de la
oposición, el proyecto de Ley Especial de Protección al Salario y se espera que
en el corto plazo avance hacia la aprobación definitiva.
El proyecto
A fin de “garantizar el
equilibrio entre el salario y el costo de la vida para la clase trabajadora” el
texto ata el sueldo mínimo a la tasa de cambio oficial en la que el dólar tenga
el mayor precio (actualmente se trata del Dicom) de la siguiente manera:
primero establece una banda en la que obligatoriamente deberá estar el salario
mínimo con un piso de 35 mil bolívares y un techo de 45 mil bolívares. Cuando
la ley entre en vigencia se calcula el monto en dólares de los parámetros
dependiendo del tipo de cambio del Dicom de ese día. Si el precio del dólar
aumenta en el Dicom, el Gobierno tendrá que elevar el valor en bolívares del
piso y techo de la banda a fin de que se mantenga el equivalente en divisas.
Por ejemplo, al cierre del
22 de agosto, el dólar se cotizó en 644,6 bolívares en el Dicom. Por lo tanto,
si la ley hubiese entrado en vigencia ese día, el salario mínimo tendría que
ubicarse en una banda con un piso equivalente a 54,2 dólares y un techo de 69,8
dólares. Si el dólar aumenta de precio en el Dicom, el Gobierno estaría
obligado a elevar el salario en la proporción adecuada para mantener estos
parámetros.
No hay mayor claridad sobre
cuándo tendría que concretarse el incremento. El artículo cuatro del proyecto
señala que “la Banda de Protección al Salario Mínimo (…) deberá ser ajustada
por el Ejecutivo Nacional trimestralmente”, mientras que el artículo seis
indica que cuando “resulte que el valor del salario mínimo vigente quedare
fuera de la Banda de Protección del Salario Mínimo, el Ejecutivo Nacional
procederá inmediatamente a decretar el aumento del salario”.
Las consecuencias
Si bien es loable el intento
por defender la capacidad de compra del salario, analistas consideran que la
ley será perjudicial para los trabajadores porque se traducirá en mayor presión
inflacionaria y menos creación o reducción del empleo formal.
Uno de los puntos centrales
es que el proyecto de ley no toma en cuenta que los aumentos del salario deben
ir asociados a mejoras en la productividad, es decir, en la capacidad para
incrementar la producción por trabajador. Paul Krugman, premio Nobel de
Economía, señala en su libro La era de las expectativas limitadas:
“La productividad no lo es
todo, pero a largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar
su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por entero de su capacidad
para aumentar su producción por trabajador”
Y la productividad, está
asociada con capacitación del recurso humano y mejoras tecnológicas.
Al evaluar el impacto que
tendría la Ley de Protección al Salario en la economía, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica,
menciona en primer término el divorcio con la productividad:
“Aumentar la cantidad de bolívares
a través de alzas del salario, en un contexto recesivo y sin mejoras de la
productividad, se traduce en más bolívares persiguiendo menos bienes y por ende
en incrementos de precios. Entonces, los salarios reales, que son los que
importan, no se incrementarán debido a la inflación”
Asdrúbal Oliveros agrega que
el impacto en las empresas será considerable:
“El problema principal de la
propuesta es que elevaría de un momento a otro los costos para las personas y
empresas que dan empleo porque tendrían que pagar más en salarios. Este costo
extra tendría que asumirse en varios frentes: el primero es trasladándolo al
consumidor, es decir, subiendo los precios, arriesgándose a perder mercado y
competitividad. El segundo, sería disminuyendo la cantidad de productos pues
recordemos que en Venezuela hay controles de precios. La otra posibilidad es
sacrificando de forma injusta su margen de ganancia, pues el Gobierno no tiene
por qué castigar más a quien genera riqueza, empleos y paga impuestos. Y
finalmente está el recorte de costos, recurriendo en primer término al despido
de personal, a pesar de la inamovilidad laboral. Otro tema es que se
desestimula la creación de nuevas empresas”
A manera de conclusión,
Asdrúbal Oliveros dice:
“El negativo efecto dominó
que provoca una medida populista como esta, supera por mucho los posibles
beneficios temporales que se conseguirían. Para decirlo claro, subir el salario
mínimo artificialmente terminaría generando desempleo, subempleo e
informalidad”
Efraín Velásquez, presidente
del Consejo Nacional de Economía, también tiene objeciones:
“Pensando en reducir la
inflación en el mediano o largo plazo, establecer este mecanismo lo hace más
difícil. El proceso de reducción de la inflación toma más tiempo cuando tienes
mecanismos institucionales de ajuste que se convierten en un elemento del
proceso inflacionario. Debe haber un diseño de política económica que incorpore
al salario mínimo como una variable fundamental, eso es diferente a establecer
mecanismos institucionales de ajuste. El segundo punto es que el ajuste está
hecho en base al Dicom, que no existe formalmente, nunca se publicó el convenio
cambiario para crear sus normas de operación”
Efraín Velásquez agrega el
tema fiscal, porque cada vez que aumente el precio del dólar en el Dicom, el
Gobierno tendría que incrementar el salario mínimo a los trabajadores públicos.
“En el contexto actual esto
implica que la brecha fiscal es mayor, que el financiamiento monetario es mayor
y que la inflación es mayor”
Anabella Abadi, analista de la Unidad de
Investigación y Análisis de ODH Grupo Consultor y profesora de la Universidad
Católica Andrés Bello, considera que el proyecto de ley no pone el foco en el
centro del problema:
“Se habla de garantizar el
equilibrio entre el salario y el costo de la vida, pero se obvia el equilibrio
que debe existir entre la productividad de las empresas y el salario a ser
pagado. En otras palabras, se coloca el foco sobre la consecuencia (el
desequilibrio entre el salario y el costo de la vida) y no sobre el problema de
fondo (pérdida de productividad y de la capacidad de compra del bolívar). Otro
aspecto es que los tipos de cambio oficiales —incluso el más alto, Dicom—
presentan importantes distorsiones y dolarizar el salario implica que se
ajustará en función, no de la productividad, sino de la pérdida de valor del
bolívar. Considero que la referencia objetiva para la fijación de los salarios
debería ser la productividad de cada empresa”
Anabella Abadi agrega
el efecto en las empresas:
“Fedecámaras ha señalado en
declaraciones a la prensa que con el reciente aumento del salario mínimo,
decretado por el Ejecutivo Nacional el 12 de agosto, se podría generar el
cierre de medianas y pequeñas empresas, así como también la pérdida de puestos
de trabajo, debido a que a este tipo de organizaciones les cuesta absorber
estos cambios para pagarle a sus empleados. No puedo sino preguntarme: ¿las
empresas tendrán la capacidad económica para asumir los montos mínimos de
salario mínimo definidos en el proyecto de Ley y el respectivo impacto sobre la
progresividad del resto de la escala salarial?”
Otro aspecto a
considerar es la arbitrariedad del piso y techo de la banda de protección al
salario, como explica Anabella Abadi:
“Según el proyecto, para la
fecha de la entrada en vigencia de la ley, la banda de protección del salario
mínimo se fija entre 35 mil y 45 mil bolívares, pero no parece haber una clara
justificación para dichos montos; parecen algo arbitrarios. Incluso, considero
que representan una paradoja: son insuficientes, pero impagables”
Las creencias
Detrás de la idea de
preservar la capacidad de compra del salario mínimo con una ley está la
creencia de que la economía se comportará de acuerdo al deseo de los
políticos. Asdrúbal Oliveros afirma:
“Ojalá fuera así de fácil
terminar con la pobreza. Quien eso piensa, comete el mismo error que los que
creen que imprimiendo dinero y endeudando al Estado se estimula el crecimiento
y el desarrollo económico de forma sostenida. Quien eso piensa, exhibe igual su
soberbia al creer que las leyes económicas, los mercados y los agentes
económicos, serán serviles y obedecerán la voluntad de los políticos. No hay
nada más alejado de la realidad. De ser tan sencillo ya no tendríamos por qué
estar sufriendo crisis cada vez más severas, ni tendría por qué haber pobres en
el mundo. Tendríamos la vida resuelta”
Ante la interrogante de cuál
debe ser el camino a seguir para beneficiar a los trabajadores, Asdrúbal
Oliveros sostiene:
“Promover la estabilidad
monetaria, reduciendo la inflación, estimulando el ahorro y la acumulación de
capital, respetar la propiedad privada, sanear al Fisco y abrir todos los
mercados de nuestra economía a la competencia empresarial. Eso es primero,
luego vienen los mejores ingresos, no al revés. Hoy por hoy, la mejor política
de protección del salario es reducir de forma rápida la inflación. Los
trabajadores lo agradecerán. Eso es en lo que deberían estar pensando los
políticos, los de verdad, los responsables”
24-08-16
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