Por #MonitorProDaVinci
La manifestación convocada
por la Mesa de la Unidad Democrática para el 1 de septiembre de 2016 con el
fin exigir celeridad en los lapsos del Referendo Revocatorio ha sido uno
de los temas principales de la discusión pública. A tres días de su
realización, y ante las expectativas planteadas en el escenario político
venezolano, en Prodavinci reflexionamos sobre 5 preguntas que los venezolanos
se están haciendo de cara a la movilización.
1.
¿Es el evento del #1S el inicio de una estrategia
de presión de calle para el revocatorio?
Luego de que la rectora del
CNE, Tibisay Lucena, afirmara el 9 de agosto que “Si se
cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección del
20% de las firmas probablemente se llevaría a cabo hacia finales de octubre”,
el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y el Secretario Ejecutivo
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, ratificaron la convocatoria a la movilización del 1 de
septiembrepara exigir una fecha concreta en la recolección de
firmas. El argumento utilizado fue que el CNE está en capacidad de cumplir los
procesos dentro del lapso establecido, por lo que no haría falta esperar a que
concluyeran los lapsos.
La respuesta de los
convocantes de la manifestación invita a pensar que, en caso de que el CNE no
se pronuncie el 1 de septiembre anunciando la fecha de recolección de firmas,
la Mesa de la Unidad seguirá presionando para que el Referendo Revocatorio
se realice en 2016.
En ese mismo sentido se
pronunció Henrique Capriles, para quien el 1 de septiembre debe ser
considerado como el inicio “de una nueva etapa de cara al 20% y de cara al
[Referendo] Revocatorio. Ese es el alcance de 1 de septiembre”. En Voluntad
Popular coinciden, puespara el diputado Freddy Guevara,
ese día comienza “una nueva etapa de la lucha del pueblo de Venezuela que no
deberá finalizar hasta que logremos un cambio este año”.
2.
¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas de Seguridad?
El Ministro de la Defensa,
General en Jefe (G/J) Vladimir Padrino López, se
refirió a la manifestación durante un acto de transferencia
de mando del Comando de la Guardia del Pueblo ante los militares
presentes:
“Yo creo que es importante
que seamos preventivos en esto porque el pueblo tiene derecho y la garantía
constitucional de protestar, lo que no podemos permitir es que se esté
incendiando al país. Yo alerto a partir de este momento para prevengamos
cualquier hecho de violencia que altere la paz de la República”
Por su parte, el Comandante
General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides
Torres, también se adelantó a la posibilidad de hechos violentos durante la
manifestación:
“Estamos preparados para
cualquier tipo de amenaza que se nos presente y que atente contra el sistema
democrático, [que] atente contra las instituciones del Estado. Yo pongo a
disposición del pueblo de Venezuela 77.500 hombres y mujeres de la Guardia
Nacional Bolivariana, quienes vamos a estar rodilla en tierra para defender la
institucionalidad del Estado, la defensa de la patria para evitar cualquier
tipo de alteración grave del orden público”
Benavides Torres forma parte
de la lista de siete funcionarios venezolanos sancionados por Estados
Unidos luego de las protestas violentas de 2014. En
ese momento, el citado general comandaba la Guardia Nacional en la Región
Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, “cuyos miembros han
incurrido en actos de violencia o conductas que constituyen serios abusos a la
violación de los Derechos Humanos, incluso aquellas contra personas que se
encontraron envueltas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde
febrero de 2014”, de acuerdo con la Orden Ejecutiva emitida
por el gobierno de Estados Unidos.
Voceros de la oposición han
expresado en reiteradas ocasiones el carácter no violento de la convocatoria,
como Jesús
Torrealba, Henry
Ramos Allup, Henrique
Capriles y Luis Florido. El
25 de agosto, el Secretario Ejecutivo de la MUD afirmó:
“No queremos una capucha, no
queremos un vidrio partido, no queremos una piedra en el aire, lo único que
queremos es ver ciudadanía movilizada, exigiendo la demanda central de esta
movilización, que es el cronograma electoral, es decir fecha del 20%, fecha del
referendo revocatorio y fecha de las elecciones regionales”.
El jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte,
aseguró el 26 de agosto que “Al municipio libertador no van a entrar. (…) Ellos
se creen que están por encima de la ley y cada vez que ingresan al Libertador
perpetran hechos violentos. Nosotros no vamos a permitir violencia en el
Distrito Capital”. En consonancia con esta afirmación, las fuerzas del orden
público han impedido que las manifestaciones políticas ingresen a la
referida localidad. El diputado oficialista Elías Jaua también afirmó
que la marcha no tiene autorización de entrar a Caracas y
responsabilizó a los alcaldes opositores de Caracas y al gobernador de Miranda
de los posibles hechos de violencia.
El Secretario General de
Primero Justicia, Tomás Guanipa, denunció el 22 de agosto en rueda de prensa
que el gobierno tendría previsto cerrar los accesos a Caracas para
evitar el paso de los manifestantes. Lo mismo afirmó el periodista Alberto
Rodríguez de Telemundo, quien especificó que la Guardia Nacional estaría
elaborando un plan para restringir el acceso a la ciudad a partir del 31 de
agosto.
Los reglamentos que regulan
la actuación de los Cuerpos de Policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en
reuniones públicas y manifestaciones establecen que su objetivo es “garantizar
el orden público, la paz social y la seguridad ciudadana”.
En ambos textos legales se
hace énfasis en el respeto y garantía a los Derechos Humanos, el uso progresivo
y diferenciado de la fuerza y la ponderación de esos derechos. Aunque hacen
especial énfasis en la protección al Derecho a la vida, la Resolución 008610, permite a las
Fuerzas Armadas el uso de “fuerza potencialmente mortal” con arma de fuego,
cuando “sea necesario su porte y uso”.
El derecho a manifestarse se
encuentra consagrado en el Artículo 68 de la Constitución:
“Artículo 68. Los ciudadanos
y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros
requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas
de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La
ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el
control del orden público.”
3.
¿Cómo se va a manejar la “ofensiva”?
El jueves 25 de agosto de
2016, el presidente Nicolás Maduro anunció el “Plan Integral de Ofensiva
Revolucionaria” para “un remate victorioso” del año que iniciará el mismo día
de la “Toma de Caracas” y culminaría el 31 de diciembre. Hasta los momentos no ha
habido detalles sobre este plan ni si convocará a una movilización de calle el
1 de septiembre.
El sábado 27 de agosto,
trabajadores del oficialismo se movilizaron en apoyo al gobierno como parte del
plan de ofensiva revolucionaria. En ella, Nicolás Maduro denunció una
conspiración para derrocarlo y ordenó a los trabajadores presentes que, en caso
de que eso ocurriese, “deben paralizar al país hasta tanto no se restituya la
Constitución y al Presidente electo por el pueblo”, según el Minci.
Días antes, Maduro advirtió
que el presidente turco Recep Tayyip “Erdogan va a quedar como un niño de pecho
para lo que va a hacer la Revolución Bolivariana si la derecha pasa la frontera
del golpismo otra vez”, en referencia a la purga en
instituciones públicas y la detención de decenas de miles de personas en
Turquía, luego del intento de golpe de Estado.
4.
¿Responderá el CNE?
En reiteradas ocasiones, las
rectoras del CNE han asegurado que la presión política de la oposición no
afecta los lapsos establecidos por el ente comicial. La más reciente fue la
declaración de Socorro Hernández, quien aseguró que la marcha del 1 de septiembre no afectará el calendario electoral.
Tibisay Lucena, durante su declaración televisiva del 9 de agosto, se
pronunció en los mismos términos:
“Pierden su tiempo quienes
creen que por vía de la presión política mellarán la voluntad de cumplir y
hacer cumplir la ley en resguardo de la República y la estabilidad del país. Lo
repetimos como ayer: este Poder Electoral no acepta presiones de nadie. Nuestro
deber está con la garantía de los derechos constitucionales del pueblo todo de
Venezuela”
El periodista especializado
en la fuente electoral, Eugenio Martínez, informó que si el CNE utiliza todos
los días de los lapsos establecidos en la norma, no sería sino hasta mediados de septiembre cuando
se conocería la fecha definitiva de la recolección del 20% de las firmas.
A pesar de las declaraciones
de los representantes del CNE, el ex rector Vicente Díaz afirmó que “si
hay movilizaciones, presión institucional, exigencia ciudadana firme y con
argumentos, se generan niveles importantes de presión sobre la autoridad máxima
electoral”. Esta presión no sólo sería sobre los rectores; también afecta a
otros funcionarios de la alta dirección del CNE: directores generales y
sectoriales.
5.
¿Participará la comunidad internacional?
Tras conocerse la
ratificación de la condena a Leopoldo López, el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, redactó una carta destinada
al dirigente de Voluntad Popular. López contestó la misiva
mediante una serie de tuits, entre los cuales solicitaba a la OEA observación
para la marcha del 1 de septiembre.
Días antes, el diputado de
Voluntad Popular, Luis Florido, quien encabeza la Comisión de Política Internacional
del Parlamento, también solicitó a Almagro que la comunidad de Estados
Americanos esté atenta a la marcha del 1 de septiembre. En
esa oportunidad, Florido comentó: “Hemos venido a
ratificar el deseo de los venezolanos de que la OEA se mantenga vigilante de lo
que está ocurriendo y mantenga la presión internacional”.
En rspuesta a la pregunta de
un periodista presente sobre los mecanismos de observación, Florido contestó:
“La observación de la marcha
es in situ. Es decir, nosotros estamos haciendo la invitación para que
distintos personeros de la vida política, de la vida pública de países que
conforman el hemisferio, puedan asistir a esta manifestación y ratificar que la
vocación del pueblo venezolano es salir de esto en paz. Pero salir de esto”.
Hasta el momento, la
Organización de Estados Americanos no se ha pronunciado ante esta solicitud.
Sin embargo, el 27 de agosto un grupo de parlamentarios ecuatorianos fueron
deportados de Venezuela mientras intentaban visitar a Leopoldo López en la
cárcel militar de Ramo Verde. De acuerdo con la información publicada por El Universal, la diputada y precandidata
presidencial Cynthia Viteri, habría solicitado licencia a la Asamblea Nacional
de Ecuador para ausentarse hasta el 2 de septiembre. A continuación, las
consideraciones de Viteri luego de su deportación de Venezuela.
El lunes 29 de agosto, Luis Florido también solicitó al jefe del gabinete de Ban
Ki-moon, Secretario General de la Organización de Naciones
Unidas, que el organismo multilateral observe el desarrollo de la
manifestación. En caso de no ser posible que se envíe una misión, solicitaron
que alguno de los representantes de Naciones Unidas observase las protestas ese
día.
29-08-16
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico