Por Rafael Uzcátegui
La contraparte a lo que el
pre-bolivarianismo cuestionó en los 90´s como “meritocracia” ha sido el
voluntarismo ideológico, que en nuestros predios ha tenido consecuencias que
todos y todas estamos sufriendo en los actuales momentos. Personas que sólo por
su adherencia al partido de gobierno, y no por su experiencia en el tema,
tomaron decisiones en cargos de importancia cuyas consecuencias afectaron a
muchas personas. El menosprecio al conocimiento terminó afectando
principalmente al proyecto que apoyaban, que en buena parte fue sostenido no
por un cambio real de paradigmas sino por la abundancia de recursos económicos
proveniente de la llamada “década de los commodities”.
Lo anterior viene a cuento
por la defensa, no sorprendente a estas alturas, que varios próceres del
bolivarianismo vienen realizando del proyecto Arco Minero del Orinoco. Entre el
abanico se encuentra Jorge Arreaza, donde las notas de prensa lo muestran de
gira por el estado Bolívar, transformando comunidades indígenas en pueblos
mineros, todo en nombre de un curioso “ecosocialismo”. Ni Arreaza, ni el resto
del coro, tienen idea de cuáles serán las consecuencias concretas del proyecto
por la sencilla razón que no se ha hecho el Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
una de las condiciones que pone la Constitución para la promoción de
iniciativas de tal envergadura. Todas las ofertas sobre minería ecológica y
bombardeos humanitarios, a falta de la información técnica y los estudios de
campo, son simplemente gamelote.
Un proyecto minero que
intervendrá el 12% del territorio venezolano tendrá secuelas previsibles de
diverso tipo. Al desarrollarse en las riberas del Orinoco, la primera cuestión
a determinar sería el impacto en los recursos hídricos y en la erosión de
suelos. El abanico de impactos suma y sigue: La calidad del aire, vida
silvestre y biodiversidad. No podemos olvidar las consecuencias sociales, la
posible erosión en la forma de vida de las comunidades originarias, el
desplazamiento y migración de personas, la perdida de acceso al agua potable y
medios de subsistencia, secuelas sobre la salud pública y lugares sagrados,
bienes históricos y sitios de interés cultural. Por último el aporte estimado
al cambio climático del emprendimiento.
Un último detalle sobre el
EIA. Un combustible que ha encendido la conflictividad regional en las
multitudes opuestas al extractivismo ha sido que el diagnóstico haya sido
realizado por instituciones que no generan confianza a la sociedad: Las
empresas mineras o el propio gobierno, ambos interesados en que el negocio
marche como miel sobre hojuelas. En el caso venezolano el EIA debería realizarse
por un tercero respetado por el conjunto: Las universidades, por ejemplo.
No sabemos si la majadería
podría ser considerada alguna vez un derecho. Lo que por ahora es cierto es que
la ignorancia de unos puede poner en riesgo el derecho de todos a tener una
Venezuela en el futuro que no se parezca a una gran cantera a cielo abierto.
22-08-16
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