Miguel Méndez Rodulfo 01 de junio de 2019
El
30 de mayo se cierra el ciclo administrativo de Plan País, o lo que es lo
mismo, se deben entregar los documentos que el núcleo de técnicos o
especialistas de alto nivel, hayan preparado para afrontar la Transición. Se
abrirá entonces un proceso de divulgación, análisis, discusión y consensos a lo
largo de toda la Nación, para lograr acuerdos acerca de cómo vamos a abordar de
manera efectiva la nueva gobernabilidad. Sin embargo, esta nueva etapa pudiera
ser muy bien aprovechada si a estos mismos grupos técnicos se les encomienda la
responsabilidad de preparar borradores de leyes en cada uno de sus respectivos
sectores. Me consta que muchos de ellos ya han estado involucrados en esto
porque tienen claro que para poder gobernar hace falta una base jurídica que
acompañe este esfuerzo de reconstrucción e institucionalización. Ahora bien,
como quiera que este tema es crucial, vale la pena aclarar, porque algunos
equipos técnicos están pensando rescatar, sin más, leyes que se elaboraron al
final del gobierno de Caldera, que se sancionaron en el chavismo, pero que éste
no aplicó o desvirtuó, que 20 años es mucho tiempo en la vida de una ley, sobre
todo considerando el vertiginoso cambio tecnológico, el cambio climático y la
nueva forma de relacionarse el Estado con el ciudadano.
Lo
que se impone es una nueva ley elaborada a partir de esta realidad,
considerando los cambios que han ocurrido en el mundo, pero además el estado de
situación en que vamos a recibir el país. Una de las cuestiones novedosas que
debemos introducir en las nuevas leyes son las Comisiones Nacionales de
Desarrollo así como los Órganos Reguladores, que en cada sector de política
pública del país, debemos crear, otorgándoles independencia del ministro
respectivo, al mismo tiempo que haciendo vinculantes sus opiniones y
decisiones. La participación de la iniciativa privada mediante las APP, el
cuidado del ambiente, la participación ciudadana, el gobierno electrónico, son
algunos de los temas a considerar en la redacción de estos nuevos textos
legales.
En
relación con la agenda legislativa el país no puede esperar los tiempos de
discusión normales de las leyes, esta es una situación que debe ser conocida;
hay muchos grupos trabajando en los instrumentos jurídicos que corresponden a
su sector: hidrocarburos, electricidad, Desarrollo Urbano y Vivienda, agua
potable, etc., la posibilidad de que estos borradores desemboquen
simultáneamente en la asamblea y saturen la capacidad del parlamento para
aprobarlos en un plazo perentorio, es muy alta, con lo cual para evitar el
embudo de la Asamblea Nacional, lo más sensato es que estos proyectos sean
revisados por las respectivas comisiones de la AN para darles la técnica
legislativa necesaria, y luego enviados al Ejecutivo para su aprobación en
bloque por vía habilitante. Si los proyectos están bien en un 80%, vamos
adelante, que luego se discutirán en la AN con tiempo y se mejorarán.
No
obstante que hay que hacer nuevas leyes, éstas no pueden ser elaboradas en
forma inconexa; deben estar encuadradas en el marco de las Políticas Públicas.
Un grave error que cometimos en la democracia, fue haber hecho leyes y planes,
sin referenciarlos a una visión de mediano plazo, escenario sectorial en el que
actúan las políticas públicas. Pero además hay que tener visualizado el contexto
de largo plazo o Visión País, aquel en que Venezuela se inserta en la
modernidad, supera sus problemas estructurales que hoy la aquejan como la
pobreza, el rentismo, el populismo, el centralismo, la ausencia real de
división de poderes y la corrupción, por sólo citar los cambios más importantes
que debe emprender Venezuela. Por último hay que tener una aproximación
pertinente al período de Transición; esto es, focalizada en acciones
específicas para reconstruir infraestructura, procesos, institucionalidad,
equipos humanos y valores de trabajo.
Miguel
Méndez Rodulfo
Caracas
27 de Mayo de 2019
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