Ramón Antonio Pérez 31 de mayo de 2019
El
arzobispo emérito de Caracas denunció que “hay un exterminio político” de los
líderes opositores, incluso “amenazas y agresiones a familiares de personas
detenidas” por el gobierno de Maduro
Al
cardenal Jorge Urosa Savino, no lo sorprenden las fallidas negociaciones entre
representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, en Noruega, de acuerdo a lo
informado por las partes, y cuya “máxima discreción” pidió el país ubicado al
norte de Europa. “Era difícil concebir esperanzas cuando se acude a una mesa
de negociación sin exigir, al menos, una tregua en los ataques a la Asamblea
Nacional”, dijo Urosa este 31 de mayo.
El
arzobispo emérito de Caracas señaló que “debía haberse exigido” al gobierno de
Maduro, “al menos una tregua, cese de los ataques a los diputados, y la
liberación de todos los presos políticos”, entre los que mencionó al médico
José Alberto Marulanda, detenido desde el 20 de mayo de 2018, y quien ha
recibido trato crueles por parte de la policía política de Maduro; así como al
secretario del parlamento Roberto Marrero, entre otros.
De
igual manera, el purpurado denunció las presuntas agresiones sufridas por la
esposa del ex ministro Miguel Rodríguez Torres, Rocío Ramírez, quien se
encuentra detenida desde el 12 de mayo pasado y que estaría “siendo torturada e
incluso violada”, en los calabozos de la dirección de contrainteligencia
militar.
A
continuación la entrevista del cardenal Urosa:
¿Cardenal
Urosa, qué le parece el cese de las negociaciones entre el gobierno y la
oposición? ¿Todo indica que no se llegó a ningún acuerdo?
“En
efecto, ayer salió un comunicado del Centro de Comunicación de la Asamblea
Nacional en el cual se informa al pueblo venezolano y a la comunidad
internacional que el encuentro de mediación realizado en Oslo, Noruega ha
concluido. “Finalizó sin acuerdo”, dice el comunicado del que hago
referencia. La delegación de la oposición informa, sin embargo, que “una
mediación sería útil siempre que existan elementos para avanzar en pro de una
verdadera solución”. Y afirman además que se mantendrán “en la lucha
hasta resolver la crisis que padecemos los venezolanos”.
“Yo
lamento que el resultado haya sido negativo y no haya habido acuerdo. Pero era
difícil concebir esperanzas cuando se acude a una mesa de negociación sin
exigir, al menos, una tregua en los ataques a la Asamblea Nacional”.
- ¿Cardenal
qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué elementos de negociación debía
llevar la comisión opositora a este encuentro?
“Tiene
que ver mucho. Precisamente, el 1 de diciembre del 2016, el cardenal Pietro
Parolin, Secretario de Estado del Papa Francisco, exigía que, para que se diera
un verdadero dialogo hacían falta cuatro condiciones: primero, se debía
respetar y restituir las facultades de la Asamblea Nacional; segundo, liberar a
los presos políticos; tercero, tener elecciones libres; y cuarto, resolver la
crisis humanitaria. Pues bien, siguen los presos políticos, ahora con otros
nuevos, y hay ataque más fuertes a la Asamblea Nacional.
- ¿Podría
explicar cuáles son esos ataques recibidos por el Parlamento?
“Ciertamente,
los ataques se han multiplicado en este año 2019. Por ejemplo, el ilegal e
indebido allanamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea
Nacional Constituyente; el arresto de algunos diputados, como Juan Requesens,
Edgar Zambrano y Gilber Caro, cuyo paradero se desconoce. Y la permanente
amenaza de allanamiento para muchos otros. Se trata de una especie de
exterminio político de los diputados opositores. Por supuesto que rechazamos
esto, pues esas personas representan legal y constitucionalmente al pueblo
venezolano que los eligió. Deben cesar los ataques a los
diputados a la Asamblea Nacional”.
- ¿Usted
cree que bajo esas condiciones se debe negociar con Maduro?
“La
negociación política para la solución de la grave crisis venezolana es cada vez
más necesaria y urgente. Pero debía haberse exigido al Gobierno al
menos una tregua, cese de los ataques a los diputados, y la liberación de todos
los presos políticos, como el doctor Marulanda, y Marrero, por ejemplo, para
citar unos casos”.
“La
cuestión de los presos políticos es grave, pues ahora parece que se suman
presuntas amenazas y agresiones a familiares de personas detenidas o en
clandestinidad. Un ejemplo de esto es la detención de la señora del Mayor
General Miguel Rodríguez Torres -también preso-. Hay horribles rumores –no
confirmados– de las agresiones sufridas por esa señora, es decir rumores de
estar siendo torturada e incluso violada. Eso -de ser verdad- sería una
crueldad y una violación indigna y flagrante de los derechos humanos de una ciudadana
venezolana. La conciencia verdaderamente humana y cristiana debe rechazar esas
acciones. Y la justicia internacional será implacable contra los presuntos
culpables.
“Los
Obispos venezolanos y yo personalmente hemos ya levantado nuestras voces muchas
veces contra la existencia de presos políticos. Por todas esas razones es
preciso que se continúe la lucha democrática y pacífica para resolver esta
intolerable crisis que estamos sufriendo los venezolanos”.
- Cardenal
Urosa, para concluir, ¿qué opina de la actual situación social y económica que
viven los venezolanos?
“El
alto costo de la vida golpea cada vez más al pueblo venezolano, sobre todo a
los más pobres. El aumento de los alimentos ha sido terrible en estas últimas
semanas. Y la escasez de gasolina es algo vergonzoso. ¿Cómo es posible que un
Estado, un Gobierno, con tanto petróleo no pueda garantizar la gasolina al
pueblo? Realmente es inaceptable e intolerable”.
“Debo
señalar con tristeza que la crisis humanitaria no se ha resuelto en Venezuela,
por el contrario, cada día hay más niños que fallecen esperando ser operados o
trasladados a otros países donde sí les puedan garantizar una intervención
quirúrgica, como los niños con leucemia de los que recientemente algunos
fallecieron en el hospital JM de los Ríos”.
“Y en
otro orden de ideas, hay que deplorar y condenar un hecho gravísimo ocurrido
recientemente como la masacre de los presos en Acarigua, semejante a la que
hubo hace algunos meses en Puerto Ayacucho. La responsabilidad final de todas
esas muertes recae en el Gobierno Nacional, por su pésima política
penitenciaria”.
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