Marta Lucía Ramírez y tres abogados del Partido Conservador
pedirán medidas cautelares para Henrique Capriles, Antonio Ledezma y María
Corina Machado.
En abril del año pasado, cuando la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos –CIDH- le concedió medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, uno de los sectores políticos del país que más cuestionó esa decisión
–pues permitió la restitución del alcalde- fue el Partido Conservador.
Era lógico. Varios de sus máximos dirigentes consideraban que esas
medidas cautelares ponían en tela de juicio la destitución e inhabilidad de 15
años con la que Alejandro Ordóñez sancionó a Petro por las irregularidades que
se presentaron en el cambio del modelo de recolección de basuras. Su reacción
se trataba de un respaldo a uno de sus principales referentes, el procurador
general.
En ese momento, cuando la CIDH concedió las medidas cautelares a favor
de Petro, consideró que el fallo disciplinario de Ordóñez ponía en riesgo los
derechos políticos del alcalde. Por eso ordenó su restitución.
Los conservadores cuestionaron duramente esa decisión argumentando que
a Petro se le había garantizado el debido proceso, su derecho a la defensa, y
pidieron respeto a las instituciones colombianas.
Diez meses después los conservadores hacen otra lectura de aquella
‘Resolución 5 de 2014’ de la CIDH. Y encontraron que en el caso Petro estaría
la fórmula para que el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dirigente opositor
del gobierno de Nicolás Maduro, y que fue capturado el pasado miércoles por
agentes del servicio de inteligencia venezolano, pueda recuperar su libertad. A
Ledezma, el presidente Maduro lo señaló de estar detrás de un supuesto golpe de
Estado.
Cuando la CIDH protegió los derechos políticos de Petro tuvo en cuenta
tres factores: gravedad de la situación que pone en peligro los derechos políticos,
la urgencia de atender la amenaza y el daño irreparable que implica la amenaza
a los derechos.
Tres abogados conservadores, el exmagistrado Jaime Arrubla, el
excandidato a la vicepresidencia Camilo Gómez, y el exviceministro de Justicia
Miguel Ceballos, consideran que esos mismos argumentos deben ser aplicados en
el caso de los dirigentes políticos de oposición elegidos por voto popular en
Venezuela.
Por eso tienen lista la solicitud a la CIDH para que con la misma
urgencia que procedió a proteger los derechos políticos del alcalde de Bogotá,
haga lo mismo en favor del alcalde de Caracas Antonio Ledezma, la diputada
María Corina Machado, y el gobernador del estado de Miranda Enrique Capriles.
En los próximos días Marta Lucía Ramírez y el presidente del Partido
Conservador David Barguil viajarán a Washington para presentar formalmente la
solicitud.
“Si la Comisión protegió los derechos políticos del alcalde de Bogotá
por tener una situación de urgencia y ante un posible daño irreparable, mal
haría la Comisión en no ocuparse de una solicitud como la que hará el Partido
Conservador relacionada con tres personas que han sido elegidas
democráticamente y cuyos derechos políticos están en grave riesgo”, le dijo a
Semana.com el exviceministro Ceballos.
Varias preguntas surgen sobre la procedencia de este recurso. Primero,
si Venezuela no está bajo la órbita de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, no significa que no esté bajo observación de la CIDH que está en la
jurisdicción de la Organización de Estados Americanos, OEA, a la cual pertenece
Venezuela.
Por ejemplo, Estados Unidos Estados no reconoce la jurisdicción de la
Corte, pero sigue bajo vigilancia de la Comisión, por lo que ésta ha estado
visitando la cárcel de Guantánamo.
En el momento en que se presente la solicitud la Comisión tendrá que
estudiarla, pues se documentará que el peligro a la violación de los derechos
políticos de estos dirigentes de oposición es más que evidente. De hecho hay
rumores en Caracas de que la Fiscalía ya habría expedido orden de captura
contra la diputada Machado.
Los conservadores han estado muy involucrados con la crisis de
Venezuela. El expresidente Andrés Pastrana estuvo allí recientemente y trató de
visitar al exdiputado Leopoldo López, quien lleva más de un año en prisión. Y
el partido ha reclamado pronunciamientos más fuertes al gobierno colombiano.
Ahora que el presidente Juan Manuel Santos pidió la libertad de López,
y exigió que se le respete el debido proceso a Ledezma, los conservadores
quieren ir más allá y que se respeten sus derechos políticos pues fue elegido
popularmente. “Si el gobierno de Venezuela exige respeto a su democracia
pues también hay que pedir que se respete los derechos de todos los demás
elegidos popularmente en esa democracia”, agrega Ceballos.
Los conservadores confían en que prospere su solicitud, y si la CIDH
otorga las medidas cautelares, el gobierno de Maduro podría entrar en una
encrucijada. Si no las acata dejaría en evidencia ante el mundo el
incumplimiento de la carta de Derechos Humanos de la OEA, y probablemente los
países de la región podrían tomar decisiones drásticas.
Lo paradójico de este caso es que una decisión que protegió a un
dirigente de izquierda en Colombia, podría servir para los opositores de un
gobierno de izquierda en Venezuela.
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