Por Econ. Jesús Alexis González, 08/08/2016
A pesar que por sabido se calla, resulta altamente
confuso y contradictorio el imbricado (argumentos
parcialmente superpuestos) enfoque oficialista según el cual la revocación popular del mandato del actual
Presidente de la República obedece a una maniobra de la oposición vinculada
específicamente con la aspiración de
desviar el “exitoso” régimen socioeconómico instaurado por el movimiento chavista fundamentado (¿?) en
los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia,
protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el
desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la
colectividad (Art. 299 CRBV);
dejando de lado (con obvia intención soterrada) el profundo temor que les acosa
ante la inminente obligación que tendrán de rendir cuentas a la luz de un
desastroso desenvolvimiento gubernamental, en mucho cargado de acciones
contrarias a la sanidad administrativa que
sin duda alguna coloca a la intentona revolucionaria en el umbral de la reversión definitiva habida cuenta del ejercicio de un
proceso cargado de improvisaciones y apego
al poder muy por encima de su obligación de orientar el destino nacional,
al punto de haberse convertido en una intrincada componenda de múltiples proyectos individuales de corte
subalterno.
El movimiento chavista y su nefastogobierno, se han
reducido a una elite que intenta perpetuarse
a sí misma al tiempo de procurar masas
de gentes pasivas para lo cual actúan física y mentalmente en permanentes
batallas ficticias en un escenario de guerras
imaginarias, que ha inducido un descontento y desconfianza ciudadana en un
marco de ominoso silencio
interinstitucional y de ciertos “liderazgos” políticos, militares y
empresariales (¿cómplices?) en relación a la urgente tarea de salvación nacional como consecuencia de
la crisis de confianza política que
en el presente está experimentando Venezuela.
Tan prominente desgobierno, ha venido acumulando una indignación en la población que para el
II trimestre del 2016 (según prestigiosas empresas encuestadoras) un 93% opina que la situación del país se
encamina hacia un entorno totalmente
negativo (incluido un 72% de los aún heroicos chavistas), al igual que un 74% que considera que la culpa de la crisis política-económica-social
recae en el movimiento chavista (gobierno 41%,Nicolás Maduro 23% y H. Chávez
10%), mientras que apenas un 9% asume
que dicha crisis es culpa de la guerra
económica(un 85% no cree en su existencia), al punto que un 81% considera que la deplorable
situación es solo superable con la salida
del Presidente de la Republica que en un 73% votaría por revocarlo en
2016 (un 11,6% lo haría por el oficialismo); así mismo un 55% opina que los militares hacen un peor manejo de la administración pública que los
civiles, un 92% califica el
desenvolvimiento de las empresas expropiadas como ineficientes y corruptas y un 86%
rechaza como alternativa las bolsas
de comida y su sesgada distribución comunitaria.
El significativo malestar poblacional, puntualmente
impulsado por la escasez y el desabastecimiento, se acrecienta en
razón a una impúdica ostentación de
súbita riqueza por parte de muchos individuos que “marchando con la revolución” (sin otros méritos personales que ser
altos funcionarios o “amigos” del gobierno) reflejan una “movilidad social”
(experimentada también de forma encubierta por los “benefactores”) alcanzada a
un ritmo y velocidad evidentemente
motorizada por la corrupción (¿y el narcoestado?) protegida desde las altas
esferas burocráticas, e incorporada como patrimonio
encubierto (para el caso de los funcionarios civiles y militares) bajo el
amparo de una acomodaticia estructura en registros y notarías (aparte de
testaferros); en un ambiente que suponen “distraer” con un ensayado prusianismo y los reiterados “conflictos internacionales” ahora
representado por el caso Mercosur y el autoproclamamiento en la Presidencia que
por orden alfabético debía responder a Venezuela mediante un obligatorio
consenso no alcanzado dada el autoritarismo antidemocrático que muestra nuestro
gobierno. Dentro de los muchos eventos de corrupción de reciente data, destacan
(i) un “empresario” venezolano arrestado
en Houston, Texas en diciembre pasado acusado de pagar más de US$ 1 millardo en sobornos para obtener contratos en Pdvsa
(2008-2014), quien se declaró culpable en una Corte Federal (sexta persona
involucrada que lo hace) en pro de alcanzar una rebaja en una sentencia de 100 años por cargos de
conspiración al violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; (ii) un venezolano accionista
mayoritario de una compañía de seguros con vínculos gubernamentales (hasta hace
poco era un empleado de mediana categoría), acusado y arrestado esta semana en República
Dominicana por violación a la Ley
Monetaria y Financiera y coautor en lavado de activos, quien entre otros
activos cuenta con un yate valorado en US$ 17 millones, (iii) dos militares venezolanos con alto rango a quienes unos
Fiscales estadounidenses les formularon cargos
por narcotráfico que deben ser ratificados en una Corte Federal en Brooklyn,
Nueva York; (iv) un ahora
multimillonario empresario argentino (hasta hace poco de pequeña escala)acusado por lavado de capitales y
contrabando, quien igualmente realizó “negocios” en Venezuela por cerca de
unos US$ 600 millones con
participación del kirchnerismo al tiempo de asumir “obligaciones con terceros”
en nuestro país luego de firmar contratos con el gobierno con un sobreprecio promedio del 300%; sin dejar de referenciar el
caso de los “narcofamiliares” quienes
enfrentan juicio en EEUU siendo que, tristemente, en nuestro país se está más
pendiente de si “se saldrán con la suya”
por una intermediación venezolana en lugar de repudiar tal proceder que
deja en entredicho el señalamiento según el cual se debe gobernar ¡como un buen padre de familia!.
Es de relevante perogrullada, afirmar que el
movimiento chavista está atrincherado (defender
con obstinación una opinión sin ánimo de querer cambiarla) en contra de un referendo revocatorio en 2016 (¿y 2017 0 2018?)
desconociendo que si las autoridades gubernamentales pierden la moral y la
ética, los gobernados les perdemos el
respeto. Sin odio, sin violencia pero con entrega apasionada debemos accionar para cambiarlos; ya que en caso contrario se convierte en
¡complicidad!
La Gran Marcha
hacia Caracas del venidero 01 de septiembre es una clara oportunidad para
reflejar nuestro talante democrático,
así como para demostrarle al gobierno la energía
potencial con la cual contamos y que un indeseable atrincheramiento
oficialista en pro de impedir la celebración este año del referendo revocatorio
presidencial puede hacerla explotar con
consecuencias inestimables.
Jesús Alexis González
@jesusalexisgon
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