Declaración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Monteávila en relación con el Decreto que crea la Gran Misión
Justicia Socialista
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Monteávila comprometida con la formación de individuos conscientes de los
valores de justicia y libertad, expresa su preocupación ante la
institucionalización del proyecto del Ejecutivo Nacional llamado Gran Misión Justicia
Socialista, contenido en el Decreto N° 2.718, publicado en la Gaceta Oficial
No. 41.090 de 7 de febrero de 2017, mediante la creación del ente
descentralizado de la Administración Pública Nacional, adscrito al Ministerio
del Poder Popular para la Educación Universitaria, Científica y Tecnológica.
En primer lugar, como proyecto de educación universitaria la Gran
Misión Justicia Socialista viola la autonomía universitaria consagrada en el
artículo 109 de la Constitución, garantía de la búsqueda objetiva del
conocimiento a través de la investigación en las distintas áreas del saber,
debido a que esa misión tiene por objeto imponer la doctrina socialista en la
formación de los abogados egresados de la Universidad Nacional Bolivariana. Así
mismo, viola los principios rectores de la enseñanza universitaria, consagrados
en la Ley de Universidades, conforme a los cuales ésta debe estar inspirada en
el espíritu democrático, de justicia social y de solidaridad humana, y estar abierta a todas las corrientes del
pensamiento universal, que deben enseñarse de manera rigurosamente
científica y no con fines de adoctrinamiento ideológico.
Entre los objetivos de la Misión
Justicia Socialista, según se lee en el Decreto, está el fortalecimiento
del Poder Popular creado en la Ley Orgánica del Poder Popular, al margen de la
Constitución, sin embargo, ninguno de los Poderes Públicos está facultado para
crear nuevos poderes públicos. De tal manera, el Decreto de creación de la
referida misión sufre de la misma inconstitucionalidad que afecta al pretendido
Poder Popular. Conforme al artículo 5 de la Constitución la soberanía reside de
manera intransferible en el pueblo, quien la ejerce directamente o a través de
los representantes del Poder Público según las formas previstas en el artículo
136 de la misma Carta Magna, norma que no contempla ni crea un Poder Popular.
En segundo lugar, el Decreto desconoce los valores esenciales de la
democracia al imponer al Poder Judicial políticas en materia judicial en franca
violación de la separación de poderes que impediría al Poder Ejecutivo
inmiscuirse en la forma cómo se desarrolla otra rama que constitucionalmente
goza de autonomía e independencia. Igualmente es cuestionable el silencio del
Poder Judicial frente al referido Decreto. Al punto que su anuncio se efectuó
en la propia sede del Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión del acto de
inicio del año judicial el 7 de febrero de 2017.
No existe un trato igualitario del Poder Judicial frente a la
intromisión del Poder Ejecutivo al crear la Gran
Misión Justicia Socialista frente a otros poderes como la Asamblea
Nacional, cuando pretendió dictar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia y fue declarada inconstitucional por considerar que sólo
corresponde al Poder Judicial la iniciativa en materia de política judicial.
En tercer lugar, el Decreto atenta contra dos valores humanos
esenciales: el libre desarrollo de la personalidad humana y el pluralismo, al
circunscribir sus considerandos a los egresados de una única universidad
–Universidad Bolivariana de Venezuela– y a una única línea de pensamiento
–socialismo–. En cuarto lugar, incurre en un grave error al calificar el
ejercicio de una profesión liberal como es el Derecho con una profesión
mercantilista, nada más alejado de la realidad. Además, el Decreto ignora la
prolífica doctrina de los Tribunales de la República que han negado pacífica y
reiteradamente el cobro del impuesto por patente de industria y comercio a los
abogados que ejerzan su profesión al no considerarla como el ejercicio de una
actividad mercantil.
Finalmente, en el Decreto se hace referencia a los objetivos de
participación protagónica del Poder Popular en la transformación sustancial del
ordenamiento jurídico. En sus considerandos, se enuncia la iniciativa
legislativa popular, “en pro de un pueblo
legislador que ejerza el poder constituyente en la dimensión comunitaria… en la
construcción de leyes revolucionarias”, ello aunado al parlamentarismo
social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ~ Uiversidad Monteávila al
que hace referencia el artículo 2 del Decreto, atenta contra el ejercicio de la
potestad legislativa constitucionalmente atribuida a la Asamblea Nacional,
única representante y expresión de la voluntad general.
Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Monteávila rechazamos los objetivos de la Misión Justicia Socialista, que
persiguen sustituir el valor axiológico de justicia por una concepción
ideológica conforme a la doctrina socialista, al margen de la Constitución. Y
reiteramos nuestro compromiso con la enseñanza inspirada en los valores de
justicia y libertad, que permita a nuestros estudiantes desarrollar a plenitud
su personalidad desde una perspectiva humanista; y alcanzar la excelencia
académica a través de la búsqueda constantede la verdad y la profundización del
saber.
Dado en el salón de sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas el 6 de marzo de 2017.
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