La escalada de la
confrontación, violencia socio-política y crisis de gobernabilidad se acelera
en Venezuela. Quizás tanto o más que la precariedad de alimentos y medicinas,
la violación sistemática de los derechos humanos por organismos encargados de
garantizarlos y las acciones anárquicas de individuos, bandas y grupos
paramilitares, que ya causan dolor e indignación social en todo el país, con su
secuela de ataques, saqueos y muerte.
Una multiplicidad de
organismos internacionales y diversos sectores de la vida nacional –gremios,
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, gremiales, academias,
educativos, sanitarios, comunitarios, religiosos, comunicacionales, sindicatos,
etc.,–han advertido en torno a los riesgos de esta escalada de violencia,
situación que se agudiza con la decisión gubernamental de imponer, a través de
procedimientos ilegales y el apoyo del Consejo Nacional Electoral, una
constituyente corporativa como recurso para convertir en mayoría lo que a todas
luces es una minoría del país, y así aglutinar sus fuerzas con evidentes
propósitos políticos y militares para consolidar el control absoluto del poder.
La ampliación de su actuar
represivo que ejerce con apariencias seudo legales – por ejemplo el
desconocimiento y graves agresiones a la Fiscalía General de la República y a
la Asamblea Nacional al margen de la Constitución y de las leyes-, agudiza la
división de la sociedad venezolana y contribuye tanto a agudizar el Estado
fallido que padecemos como a incentivar la emergencia de un Estado paralelo de
las fuerzas que se oponen al proyecto autoritario. Dicho contexto, puede
favorecer episodios masivos de violencia, en los que impere la lucha por
territorios y recursos, cuya dificultad de contención y control puede desbordar
las medidas institucionales y derivar en otro de los conflictos intra estatales
y guerras fratricidas que se viven a nivel mundial.
A este enfrentamiento entre
instituciones del Estado: El Poder Ejecutivo, el Judicial, la Contraloría y la
Defensoría del Pueblo por una parte, y por la otra, el Poder Legislativo y la
Fiscalía, se agregan múltiples y diversos sectores que resisten en la calle y
en otros espacios sociales, con tenacidad y compromiso, la arremetida
autoritaria y militarista, sean partidos y grupos de oposición organizados o no
en torno a la MUD; sean grupos y diputados disidentes y críticos del
“chavismo”.
En ese ambiente diverso y
plural con diferentes perspectivas ideológicas, pero también coexistiendo en
ese contexto de confrontación cada vez más crudo y violento, hay que construir
un espacio de negociación, de unidad nacional que garantice una transición
pacífica y democrática. Espacio que conduzca a conversaciones, entendimientos y
posibles negociaciones con todos los factores en disputa sin excepción, con el
apoyo técnico e internacional más adecuado. Esfuerzo que propicie un necesario
gobierno de transición y fortalezca la República.
Aquí, en esta coyuntura crucial
para construir una paz inclusiva y sostenible en democracia, cabemos todos.
Todos unidos, los ciudadanos que defendemos los principios de justicia, paz y
derechos humanos contemplados en la Constitución de 1999, hoy verdadero pacto
social, núcleo y norte de la reconstrucción nacional.
Para ello nos hemos convocado
y estamos convocando.
Arnaldo Esté, Alberto Lovera,
Ignacio Avalos, José María Cadenas, Francisco Alfaro, José Virtuoso, S.J, Luis
Lander, Luzmely Reyes, Margarita López Maya, María Teresa Urreiztieta, Mireya
Lozada, Rafael Uzcategui, Verónica Zubillaga.
09-07-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico