Fernando Camino Peñalver 16 de agosto de 2016
Un
Nuevo Tiempo, ha presentado al país un plan de producción de alimentos, para
lograr a corto mediano y largo plazo el pleno abastecimiento, con un nivel de
producción nacional de por lo menos el 80% de productos de consumo directo y
materia prima para la agroindustria.
El
Plan PAPA, Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento, es la
alternativa al Plan de la Patria. La
aplicación del Plan de la Patria ha traído como consecuencia, que nuestra
población tenga que soportar colas de
hasta más de ocho horas, con el fin de conseguir los alimentos básicos que en
la mayoría de los casos cuando llegan al final, no los consiguen todos o los
precios son tan elevados que no pueden comprarlos. Es decir una escasez de un
90% en la mayoría de los alimentos y un aumento de más de 800% anual en el
costo de la canasta alimentaria.
Con la
situación actual de escasez y carestía de los alimentos, estimamos que estamos
consumiendo 900 gramos de alimento al día, significa que en el primer trimestre
de este año, la oferta de alimentos fue mínima. Con el plan PAPA se podrá
llegar a una oferta de alimentos de aproximadamente 28 millones de toneladas
anuales, para generar un consumo de 2.5 kilogramos de alimentos al día, lo cual
es lo recomendado por las organizaciones internacionales para mantener una
buena nutrición. Con la producción nacional se estima que se aportara a la
oferta anual unos 20 millones de toneladas.
El
aumento de la producción va a racionalizar los precios y permitirá que la
población pueda adquirir los alimentos.
El nuevo gobierno tomará medidas de orden macroeconómico que haga posible la
estabilización del ingreso de la población, con sueldos y salarios superiores a
la canasta alimentaria. Así como la implementación de un subsidio directo para
permitir el consumo a la población más vulnerable del país.
El
plan PAPA se fundamenta en cuatro propuestas: Dar seguridad jurídica a los
productores de alimentos, aumento de la producción y de la productividad,
racionalización del financiamiento nacional y la obtención de financiamiento
externo.
La
seguridad jurídica que genere la propensión a invertir y a trabajar en la
producción de alimentos, será posible si reformamos inicialmente por lo menos
tres leyes, que impiden el normal desarrollo de los circuitos agroalimentarios:
La Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley
de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Con la
reforma de la Ley de Tierra, se podrá otorgar la propiedad a los miles de
campesinos, productores, ganaderos y agrotécnicos que han ocupado por años sus
unidades de producción, bajo situación
precaria de posesión de la tierra que cultivan. Se dará protección legal a los
propietarios de las casi cinco millones de hectáreas despojadas por el INTI y
se eliminaran alrededor de 70 artículos que “autorizan” al INTI a cometer
atropellos contra campesinos y productores.
Con la
reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura, se eliminará su carácter
intervencionista y centralizador, para convertirla en una ley que promueva y
estimule la inversión y el desarrollo del sector pesquero. Se eliminará el
artículo 23 de la ley, que prohíbe las actividades de la pesca industrial de
arrastre a pescadores artesanales e industriales, para permitir esta actividad
de captura, conforme a las regulaciones y normas ecológicas internacionales.
De la
reforma a la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, se eliminarán los
artículos que le han permitido al gobierno intervenir al sector productivo
privado y violentar aún más, sus derechos de propiedad. Mediante esta ley el
gobierno ha tomado el control de numerosas empresas, todas en producción. Estas
empresas se encuentran actualmente sin producir o produciendo con muy baja
capacidad, contribuyendo de esta manera con la escasez y la carestía de los
alimentos.
Con el
aumento de la producción y de la productividad, vamos a estimular el pleno
crecimiento de la producción de los circuitos agroalimentarios, de la
Producción Agrícola Vegetal, correspondiente a los 12 rubros que superan el 80%
del Valor de la Producción Agrícola del país, la reactivación de los circuitos
de la Producción Agrícola Animal y de la recuperación de la actividad Pesquera.
Se estimulará también la capacidad para exportar de los circuitos
correspondientes a la producción de cacao, ajonjolí, palmito, frutas y licores
autóctonos, mediante esta política comercial iremos avanzando hacia el
equilibrio de la balanza comercial agrícola.
Dentro
de nuestra propuesta dirigida al financiamiento interno de la producción de
alimentos, consideramos que se debe racionalizar los recursos financieros de la
banca pública y de la banca privada. Estos recursos son necesarios para hacer
posible las metas de producción y de productividad planteadas. El sector
financiero público requiere del reordenamiento de las instituciones de
financiamiento, para convertir el Fondas en un banco de segundo nivel, para que
se puedan realizar operaciones de apoyo financiero, mediante convenios con la
banca pública, la banca privada y los fondos regionales. El Banco Agrícola de
Venezuela, debe destinar su cartera al crédito del sector campesino, de los
agrotécnicos y de los medianos productores.
Debido
a la actual situación financiera de nuestro país, es necesario el
financiamiento internacional para
impulsar el crecimiento de la producción y de la productividad. Para lograrlo,
se requiere reinsertarnos en la normativa del comercio internacional, y poder
acceder a los recursos financieros de instituciones de desarrollo como el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Estos recursos
financieros se requieren para inversiones a largo plazo, con bajos intereses,
en las áreas de investigación, extensión y transferencia de tecnología. También
para la inversión en infraestructura vial, de riego y drenaje, de saneamiento
ambiental, en el Biocomercio agrícola, del desarrollo pesquero y para el
desarrollo rural.
Por
razones obvias la aplicación del plan financiero y de producción, será
ejecutada después que ocurra el cambio político que está en pleno desarrollo.
Pero el hambre no espera y la crisis humanitaria aumenta día a día, hora a
hora, por lo tanto hemos emplazado al gobierno que acepte la oferta de ayuda
humanitaria prometida como donaciones de alimentos por países amigos y la
Iglesia Católica. Esta ayuda debe ser dirigida a los sectores más vulnerables
de la población y distribuida con la ayuda de la Iglesia y organizaciones
internacionales especializadas sin ningún tipo de sesgo político.
El
otro ofrecimiento de ayuda que el gobierno no acepta, se trata de buenos
oficios de parte del gobierno de España, de la Unión Europea y de naciones
amigas que están dispuestas a dar facilidades para el refinanciamiento de la
deuda comercial con los proveedores y para obtener líneas de financiamiento.
Esta ayuda estaría dirigida a la compra de bienes necesarios para la urgente
producción de alimentos y para la mediata producción de materia prima y
alimentos de consumo directo por parte del sector primario.
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