Por Henrique Capriles
La corrupción y el
narcotráfico se han convertido en políticas de Estado en Venezuela.
Quienes actualmente ostentan
el poder en Venezuela gobiernan bajo una Cleptocracia, es decir, un sistema de
gobierno en el que prevalece el interés por el enriquecimiento propio a costa
de los bienes públicos.
La corrupción se ha insertado
en todas las instituciones para proteger a los verdaderos delincuentes y el
tráfico de drogas se ha fortalecido con este entramado. El dinero de la
corrupción se ha mezclado con el de la droga. En Venezuela sucede aquello que
dijo el sacerdote y sociólogo Alejandro Moreno: “No tenemos un estado criminal,
tenemos el crimen que se ha convertido en un Estado”.
Si hablamos de números, más de
350 mil millones de dólares han ido a parar indebidamente a los bolsillos de un
grupito de enchufados que está completamente enfermo con el poder.
Que un funcionario se corrompa
por poco o mucho dinero es inaceptable. Sólo en el gobierno de Maduro van más
de 100 altos funcionarios y militares, sancionados por los Estados Unidos por
narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales. Lo más grave de las
acusaciones que desde otro país se hace es que en nuestro país la justicia
apreta más la venda para no ver lo que tiene enfrente. No hay ni una sola
investigación abierta sobre estos casos.
En los últimos 10 años,
figuras pertenecientes a los poderes públicos, se han involucrado de una u otra
manera en el flagelo del tráfico de drogas. El arresto de los dos venezolanos a
los que les hicieron juicio marcó un hito en la historia de Venezuela, no solo
por su vinculación con las altas esferas del gobierno, sino porque el caso fue
llevado por la justicia internacional.
Esta semana, luego de una
investigación exhaustiva por parte de los organismos de inteligencia
norteamericanos, saltó a la luz pública otro escándalo que involucra a quien
ocupa la Vicepresidencia de la República de Venezuela al narcotráfico. Ya
nosotros veníamos diciendo que eso iba a ocurrir.
Frente a las serias
imputaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la
Fiscalía venezolana debería abrir una investigación y ese señor debería, como
mínimo, separarse del cargo. El jueguito del gobierno de decir que es un ataque
contra Venezuela no tiene cabida ante el señalamiento con nombre y apellido. La
acusación no es cualquier cosa, y lo más grave es que si Maduro renunciara hoy,
Venezuela quedaría en manos de una persona señalada como narcotraficante.
Y si de corrupción se trata,
en 2016 el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), el cual incluye una escala
del 1 al 100, donde 1 es más corrupto y 100 es el menos, nos catalogó como el
país más corrupto de América y dentro de los 10 más corruptos del planeta, con
un indicador de 17 puntos. De 176 naciones evaluadas, Somalia es el peor
ubicado en el mundo con 10 puntos.
El registro de casos de
corrupción en Venezuela comenzó en 2001 con las revelaciones del Plan Bolívar
2000, la entrega de más de 230 millones de dólares sin control por Cadivi y
Cencoex para la importación de alimentos desde 2003, el robo del Fondo de
Pensiones de Pdvsa, las cuentas o negocios ilícitos de funcionarios venezolanos
en paraísos fiscales, y más recientemente el escándalo de Odebrecht por el pago
de sobornos por el orden de 98 millones de dólares a enchufados.
Todos han dejado en la boca el
amargo sabor de la impunidad reinante en el país. En una nación verdaderamente
democrática, con separación de poderes e instituciones, con medios de
comunicación libres; cualquiera de estos hechos, además de la desaprobación
total de la opinión pública, acarrearía la destitución, juicio y
encarcelamiento de los culpables.
En el caso concreto de
Odebrecht, la corrupción es del más alto nivel y en el Registro Nacional de
Contratistas cursa una larga lista de grandes, medianas y pequeñas obras y
contratos responsabilidad de la empresa brasileña.
Entre los múltiples ilícitos
figuran sobreprecios ordenados, duplicación de estudios, dotaciones fantasmas,
evaluaciones infladas o falsas y compras innecesarias. Si se hiciera una
investigación exhaustiva sobre este caso más de la mitad del gabinete de Maduro
se vería salpicado.
Y si quieren saber sobre
Odebrecht en Miranda, busquen al señor Cabello. En Miranda, está la mayor parte
de las obras inconclusas, por ejemplo el Metro de Guarenas-Guatire, el Cable
Tren Bolivariano, el Metro de Los Teques y la Línea 5 del Metro de Caracas. Que
además, no serían los únicos casos donde se vería implicado, engavetado en
Fiscalía está el “expediente negro” que armó la Procuraduría cuando llegamos a
la Gobernación con todas las irregularidades que se consiguieron. Doscientos
ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos veinte y
nueve mil bolívares (BS. 284.541.429.000 / BSF. 284.541.429) daba el monto de
las irregularidades que se consiguieron en un solo año y que reposan en
Fiscalía sin que jamás se abriera una investigación.
Por nuestra parte, nada
tenemos que temer porque nunca hemos firmado contrato alguno con la empresa
brasileña, y ponemos a disposición todos los archivos de la Gobernación para
que se revise a fondo. Nosotros somos transparentes, retamos al gobierno a que
lo sea y que se abra una investigación para que se conozca hasta el último
dólar que se le pagó a esta empresa.
Un gobierno serio y
responsable abriría una investigación ante cada uno de estos hechos, pero el
régimen que usurpa actualmente el poder en Venezuela, porque secuestraron
también las elecciones y más del 80% del pueblo quiere cambio, se ha
victimizado como siempre.
Si Maduro cree que imponiendo
la censura comunicacional, echando a periodistas del país para que no
investiguen lo de Odebrecht y sacando del aire a un canal de televisión por
ventilar el escándalo mundial por narcotráfico vinculado a El Assaimi, no se va
a saber la verdad, está muy equivocado. No se puede ocultar el sol con un dedo.
Censurando los problemas no cambiarán la verdad.
Aplica muy bien el gobierno el
manual de propaganda nazi: “miente, miente, miente, que algo quedará, cuanto
más grande sea una mentira, más gente la creerá”.
Por eso, hoy más que nunca la
verdad debe conocerse. Quienes queremos un cambio, tenemos que ser mensajeros
de la verdad y luchar para que esta se imponga.
Hoy las redes sociales están
llamadas a ser esa ventana que mantenga informados a todos los venezolanos, y
eso al gobierno lo perturba, porque no las han podido controlar. Mientras más
el gobierno se empeñe en ocultar los problemas, nosotros tenemos que usar todas
las redes para que se conozca la realidad del país.
Estamos seguros que más
temprano que tarde en Venezuela reinará la justicia. Todos los presos
políticos, como Simonovis, Leopoldo, Ledezma, Ceballos, por nombrar a varios de
la extensa lista de más de 100, saldrán en libertad y los que saquearon el país
para comprar propiedades y lujos pagarán ante la justicia, porque la justicia
tarda, pero llega.
¡Qué dios bendiga a nuestra
Venezuela!
19-02-17
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