ABC 11 de julio de 2017
La
Junta de Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela ha suspendido la sesión
que se disponía a celebrar este martes ante las restricciones de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) para que acceda la prensa a la
sede del Legislativo.
Según
se ha denunciado en la cuenta de Twitter de la propia Asamblea, la Junta
Directiva informa de que la sesión «queda suspendida por las restricciones que
GNB impuso al mando del coronel Lugo a periodistas».
«¿Qué
oculta la GNB, impidiendo el acceso al Palacio a los medios? La AN es un poder
autónomo que sólo responde al mandato del pueblo», señala en otro mensaje.
Otros
diputados se están haciendo eco de la situación que se está viviendo en la
Asamblea. La parlamentaria Mariela Magallanes hace responsable al coronel Lugo,
al mando de la fuerza de la Guardia Nacional en la sede del Parlamento, «de lo
que ocurra» y de la «integridad física» de los diputados que se encuentran en
el hemiciclo.
Minutos
antes, la también diputada antichavista Delsa Solórzano había relatado cómo los
propios parlamentarios lograron entrar al recinto «con dificultades» y entre
«gritos, insultos» y objetos que le lanzaba un grupo de chavistas concentrados
en el exterior.
Para
este martes la Asamblea tenía prevista una sesión «en defensa de la
inviolabilidad» de la sede del legislativo y un debate sobre «la
inconstitucional pretensión» del presidente Nicolás Maduro de remover a la
fiscal general, Luisa Ortega, de su cargoy la potestad de
la Cámara «para defender la institucionalidad» de la Fiscalía.
El
Parlamento aprobó la semana pasada la realización de un referéndum para el
próximo domingo en el que preguntará a los ciudadanos si rechazan o aprueban la
elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por
Maduro para elaborar una nueva Carta Magna.
Esta
iniciativa es vista por la oposición como un intento del presidente de
«consolidar la dictadura».
La
convocatoria al plebiscito fue aprobada por el Legislativo minutos después del
asalto a la sede del Parlamento del grupo de chavistas, un ataque que según los
líderes de la oposición fue responsabilidad de Maduro.
El
Gobierno -que no reconoce la legitimidad de esta consulta opositora- ha llamado
a los venezolanos a las urnas el próximo 30 de julio para elegir a quienes
deben redactar la nueva Constitución, una jornada electoral que los partidos
antichavistas han llamado a sabotear.
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