MIGUEL HENRIQUE OTERO 03 de octubre de 2017
Las
casi 60 páginas que contiene el Cuarto Informe sobre Venezuela,
emitido el pasado 25 de septiembre por el Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, constituyen un documento irrenunciable. No hay una
afirmación que no esté sustentada en los hechos. Ni un dato que no provenga de
fuentes confiables como la del Foro Penal Venezolano. Tal como se dice hacia el
final del mismo, el primero de sus objetivos es cumplir con el deber de
defender los derechos humanos y políticos del pueblo venezolano.
En lo
que sigue no me propongo resumir lo que, por sí mismo, es una síntesis
irrepetible y dolorosa de la situación venezolana. Se trata de la denuncia de
la consolidación del régimen dictatorial en nuestro país, a partir
de la referencia fundamental de la Carta Democrática Interamericana -CDI-.
En una
de sus primeras secciones, Almagro recapitula los cinco factores contenidos en
el artículo 3, que describen los elementos esenciales de la democracia
representativa según la CDI. Cabe realizar este ejercicio: leer cada
uno y preguntarse si el régimen de Maduro cumple con alguna de estas
premisas.
Uno: Respeto
a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dos: Acceso al poder
y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tres: Celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto. Cuatro: Régimen plural de partidos y organizaciones
políticas. Cinco: Separación e independencia de los poderes públicos.
Pero
todavía hay más. El artículo 4 de la misma CDI, cuando se refiere al ejercicio
de la democracia, lista otras cinco categorías que merecen ser revisadas:
Uno, transparencia de las actividades gubernamentales. Dos,
probidad. Tres, Respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y
de prensa. Cuatro, la subordinación constitucional de todas las
instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida.
Y, cinco, el Respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de
la sociedad.
Quien
contraste al régimen encabezado por Nicolás Maduro con las mencionadas diez
categorías, no encontrará otra respuesta: se trata de una dictadura,
construida a partir de la demolición paulatina de la democracia, y de la
violación programática de los Derechos Humanos y las llamadas Libertades
Fundamentales. El venezolano un «Estado represivo», sin atenuantes. El informe
describe sus procedimientos evidentes: mantiene secuestradas a personas por
largos períodos de tiempo; no hace efectivas las boletas de excarcelación;
procesa a civiles en la jurisdicción militar; asesina a personas
indefensas durante las manifestaciones. El balance que presenta este Cuarto
Informe Sobre Venezuela, al 25 de septiembre, es inequívoco: 130 venezolanos
fueron asesinados durante las manifestaciones y 16 mil fueron heridos. A esa
fecha, el número de presos políticos ascendía a 645, es decir, más
presos políticos que los correspondientes a la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez.
La
lectura detallada no sólo se refiere a la autoría por parte de los cuerpos de
seguridad del Estado de una parte de estas muertes, sino también a las causadas
por la acción coordinada de civiles armados con esos mismos organismos
de seguridad. Mi conclusión, y la de cualquier ciudadano que haya visto los
videos y estuchado los testimonios recopilados, es que se planificaron y
ejecutaron acciones con el propósito de matar y liquidar por la fuerza el
derecho constitucional a la protesta.
Este
cuarto informe, dada la gravedad de la cuestión, y porque se trata de crímenes
que no prescriben, recuerda el atroz asunto de las torturas,
que el Centro de Estudios Para América Latina -el relevante Instituto CASLA
dirigido por Tamara Suju-, ha denunciado ante la Corte Penal Internacional, en
La Haya. «Los 120 nuevos casos presentados el 15 de junio
hacen referencia a personas torturadas por la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) y algunas policías regionales o municipales».
Entre
las cosas que no es posible omitir, y que resaltan entre las numerosas
denuncias, está la cuestión del hambre: 54% de los niños venezolanos
padece algún nivel de desnutrición. Esto significa que no consumen las
calorías suficientes para aprender, jugar y vivir a plenitud. Esta es una
de las consecuencias más aborrecibles, quizás la más aborrecible de las
responsabilidades de la dictadura de Maduro, la de haber erosionado, en muchos
casos de forma irreversible, las existencias, el futuro de millones de niños
venezolanos.
No
solo se somete a condiciones de hambre a la base de la población venezolana
-Venezuela es hoy un país de niños con hambre-, sino que se ha instigado la
erradicación del talento, resultado neto de una vida donde la muerte acecha en
cada esquina: 2 millones de desplazados, entre ellos, cientos de
miles de jóvenes talentosísimos, que han huido de su país, no solo para salvar
sus vidas, sino para encontrar oportunidades económicas que
les permitan una vida más digna y segura.
La
lista de cuestiones que todavía no he mencionado daría tela para muchos otros
artículos. Las violaciones al debido proceso; el uso de tribunales
militares para asuntos civiles; la exacerbación de lo militar en la vida
pública venezolana; la turbiedad operativa y en las decisiones del CNE;
la liquidación de la separación de poderes y la acción de un
TSJ dedicado, de forma abierta y descarada, a violar la Constitución y prestar
su apoyo al régimen; la condición ilegal e ilegítima de la Asamblea Nacional
Constituyente, en todos sus aspectos: cómo fue convocada, cómo fue elegida
-destruyendo el principio universal del sufragio universal-, cómo fue instalada
y cómo opera.
En
numerosos artículos he insistido en la importancia que la acción internacional
tiene en la crisis venezolana. Luis Almagro, así como numerosos otros líderes
internacionales, demuestran que el pueblo venezolano está acompañado, día a
día, en esta lucha. Los candidatos a las gobernaciones, por ejemplo, así como
las altas dirigencias de los partidos políticos democráticos, deberían leer
este Cuarto Informe sobre Venezuela. Estamos en un momento, donde la
política, a menudo tentada por el populismo, incurre en el riesgo de olvidar
cuestiones que son fundamentales: que en las protestas fueron asesinadas
130 personas; que hay centenares de presos políticos, algunos de ellos
sometidos a torturas; que no hay día en que los demócratas no debamos cumplir
con la obligación de denunciar el carácter ilegítimo, ilegal y
fraudulento de la ANC; que la tarea de restablecer el orden constitucional
no puede dejarse atrás, y que la ANC debe desaparecer, que Luisa Ortega Díaz
debe volver a su despacho a dirigir el organismo que le corresponde, que el TSJ
debe estar ocupado por los integrantes que la Asamblea Nacional designó sobre
la base de sus atribuciones.
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