Acabo de firmar la
petición de "Liberen a Coral y Antonio, ilegalmente privados de su
libertad en #México" y me encantaría que me ayudaras sumando tu firma.
Nuestro objetivo es
llegar a 10.000 firmas y necesitamos más apoyo. Para obtener más información y
firmar la petición puedes abrir el siguiente link:
Lee la historia
completa:
Antonio Urbina y
Coral Rojas tienen ocho meses presos a pesar de haber logrado dos amparos a su
favor tras ser contrademandados penalmente por el colegio.
Un matrimonio
venezolano, legalmente establecido en México hace seis años, lleva preso ocho
meses por una demanda penal que introdujo el colegio Westhill Institute de
Santa Fe en represalia por una demanda civil que interpuso la pareja contra la
institución educativa, la cual promovió a tercer grado de primaria a mitad
de año, de forma indebida e inconsulta, a su hijo -hoy de 12 años- en el
período escolar 2011-2012 sin notificar a la Secretaria de Educación Pública -
SEP; No lo niveló académicamente después de haberlo cambiado de grado, No entregó
boletas oficiales de calificaciones a los padres de 2do, 3er ni 4to grado e
incluso llegó a falsificar exámenes para hacerlos pasar por los del niño con el
fin de obtener una boleta de 4to que no aparece en los sistemas de control
escolar de la SEP, por medio de una dudosa acreditación.
Antonio José Urbina
Romero -alto ejecutivo de una importante empresa- y su esposa Coral Rojas han
ganado dos amparos federales contra la demanda penal por presunto fraude
procesal al Westhill-del constructor José María Rioboó quien está casado con la
Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del DF- pero como el colegio pidió revisión a ambos amparos, aún
están tras las rejas como si fueran delincuentes comunes, él en el reclusorio
Oriente y ella en el de Santa Marta.
El colegio ofreció
a los padres una Promoción Anticipada para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes
a su hijo mayor por ser muy inteligente. Este proceso que pública la SEP como
mecanismo para avanzar a niños que se encuentran ya inmersos en el Sistema
Educativo Mexicano, toma un año y comprende una variedad de estudios. Después
de año y medio en espera de soluciones, los padres se presentan a la SEP donde
les informan que el colegio nunca solicitó tal promoción para su hijo y que en
el sistema de control escolar el.niño estaba cursando tercer grado y no cuarto
donde el colegio lo tenía físicamente año y medio después de la supuesta
promoción.
El matrimonio dejó
de pagar las matrículas de la onerosa escuela, a manera de presión, mientras se
buscaba una solución. Con el único fin de cobrar las colegiaturas, el colegio,
en dos semanas y presentando cuatro exámenes , dos de los cuales no
corresponden a la caligrafía del menor, realizó sin autorización de los padres,
una Acreditación ante la SEP como si el niño estuviese llegando de otro país
con lo que obtuvieron una boleta de cuarto grado que no aparece ni en los
sistemas de la SEP.
Los padres deciden
cambiar al niño de colegio y lo llevan a presentar exámenes de admisión en dos
colegios privados para quinto grado confiando en que eventualmente el colegio
resolvería el problema de su hijo pero el niño no pasa ninguno de los exámenes
por falta de conocimientos. Terminan inscribiendo al niño en otro colegio para
cuarto grado ya que era el grado siguiente que tendría que cursar acorde a los
sistemas de la SEP. Esto afectó al niño ya que a sus ojos, era repetir de grado
lo que le produjo frustraciones al niño y gastos no previstos a los padres.
Ante la burla de la
que fueron víctimas por parte del colegio, los padres deciden contratar a un
abogado y demandan en primera instancia en la vía civil al colegio y a la SEP
por la ilegal emisión de la boleta de cuarto con la que le querían cobrar las colegiaturas
suspendidas y luego de que en las vías jurídicas les resolvieran que tenían que
realizar dos demandas, una por la vía civil al colegio y otra por la vía
administrativa a la SEP, establecen una segunda demanda exclusivamente en
contra del colegio por la negligencia con la que llevaron el tema educativo de
su hijo.
El colegio, en
lugar de presentar sus alegatos en el juicio civil, transformó el asunto en un
caso penal, encarcelando a los padres para obligarlos a quitar la demanda a
sabiendas que obraron mal en contra de este niño y su familia. Los del colegio
se han valido del trafico de influencias y el abuso de poder en contra de esta
familia y están así intimidando indirectamente a cualquier padre que decida
reclamar al Instituto Westhill cualquier derecho, lo cual debería estar
consagrado para todas las personas que habitan en este gran país.
Por otra parte, los
tres hijos de la pareja -de 12, 5 y 2 años- están al cuidado de la abuela
paterna quien tuvo que viajar a Mexico de emergencia desde Caracas, Venezuela
–donde reside- en diciembre para evitar que, con los dos padres presos, los
niños terminaran en un asilo u orfelinato.
Lo único que pide
el matrimonio -que fue detenido el 13 de diciembre en el CC Interlomas mientras
hacía compras navideñas- es que la revisión del amparo, que está en el
Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, se haga lo más
rápido posible para que puedan volver con sus hijos, ya afectados
psicológicamente por la falta de sus padres.
Desde que inició el
proceso penal contra el matrimonio se han violado sus derechos humanos a nivel
nacional, así como a los tratados de derechos humanos internacionales que
México ha suscrito. Comenzando con la violación a la debida defensa y al debido
proceso derivado del hecho de que nunca fueron notificados de que existía una
averiguación previa en su contra lo que permitió que los judiciales los
aprehendieran de manera violenta, siguiendo instrucciones del procurador del
D.F. según ellos mismos informaron a la pareja en el momento de su detención.
No es casualidad que fueran detenidos al día siguiente que los tribunales
civiles salieran de vacaciones navideñas y en día sábado para atarlos de mano
con su defensa. A los Urbina les han dilatado los plazos hasta más no poder.
Los padres han
recurrido a la justicia federal sabiendo que toda la maquinaria del sistema de
procuración de justicia del DF esta en su contra. En el ámbito Federal lograron
dos amparos favorables; Un primer amparo contra la negación de la juez del
juzgado sesenta penal del DF por la negativa a permitirles el beneficio de la
libertad bajo caución o fianza que instruye a la juez a determinar y documentar
el por qué de su negativa y cómo agravó el supuesto delito y un segundo amparo
concedido en contra del auto de formal prisión dictado por la misma juez del
DF, donde el Juez Federal estudia el caso a fondo y determina que no existe en
su caso el delito de fraude procesal que se le imputa a los padres de familia y
mucho menos responsabilidad de los acusados.
Por favor ayuda a
Coral y Antonio con tu firma para que puedan reunirse con sus
tres hijos lo más pronto posible. Gracias.
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