Jesús María Casal: “Lo que se avizora es un gran conflicto de poderes” por @prodavinci

Por Hugo Prieto

Después de leer los argumentos de Jesús María Casal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de esa casa de estudios, abogado y doctor en Derecho, uno llega a la conclusión de que el gobierno desconoce la sentencia popular, según la cual lo que es igual no es trampa. En 2013, sectores de la oposición impugnaron la elección presidencial, en la cual resultó electo el primer mandatario, Nicolás Maduro.

Esos recursos ni siquiera fueron admitidos,  aunque por una norma elemental del derecho debieron ser procesados. En esta oportunidad, ha ocurrido todo lo contrario, la sala Electoral admitió el recurso de amparo del oficialismo que pretende desconocer la proclamación de cuatro diputados del sur del país. Tal como diría el gran Cantinflas, Sí, pero no.

Pero más allá de esta viveza, típica de Jalisco, si no gano arrebato, hay un trasfondo funesto que Casal califica de gravísimo, porque se pretende desconocer la condición de cuatro diputados que al ser proclamados, ya adquirieron la condiciones de tales. Incluso, de acuerdo con la Constitución, ya gozan de inmunidad parlamentaria. El conflicto entre poderes está abierto. Y ha sido decretado por el gobierno, antes del 5 de enero, día en que inicia funciones la nueva Asamblea Nacional. Muchas cosas están por verse, incluida la posibilidad de que los ciudadanos hagan valer sus derechos. Y si la oposición hará valer su mayoría calificada en la AN.

En primer término se decidió cubrir las vacantes de la sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en medio del proceso electoral del 6-D. ¿Una casualidad?

Yo diría que la designación de los magistrados constituye un episodio muy negativo y una violación grave de la Constitución, pues allí se atropellaron todas las normas, tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ese procedimiento se llevó de manera atropellada, no se cumplieron los lapsos. Pero, además, desde el comienzo estuvo plagado de irregularidades, porque ese proceso se inició sin que hubiese certeza del número de vacantes. Se anunció, en aquel momento, que eran cinco suplentes, pero luego, en virtud de jubilaciones, se irían añadiendo vacantes de principales. De entrada, esto denota cuál era el vicio que estaba allí: las , por utilizar un eufemismo, a magistrados para que se jubilaran anticipadamente. Todo ello con la finalidad de que la nueva Asamblea, ya electa, no pudiera participar en la designación de una parte de los magistrados del TSJ.

¿Se tomaron decisiones que no le correspondían a la Asamblea Nacional, cuya legislatura expira el próximo 5 de enero?

Realmente, a la Asamblea electa es a la que le correspondería elegir esos 13 cargos de magistrados principales; y esa elección debería realizarse en diciembre de 2016. Para evitar que eso ocurriera, se desarrolla ese proceso irregular, desconociendo la participación ciudadana, sin hacer una verdadera ponderación de méritos, de acuerdo con un baremo, con todo un conjunto de irregularidades. Se trata de una medida precipitada por parte del oficialismo y en definitiva, lo que se quiere es demorar la manifestación institucional de un cambio que se está produciendo en la voluntad del electorado.

Antes del 6-D se daba por hecho que se iban a producir esos cambios en el TSJ, quizás porque el gobierno calculó que la oposición podía obtener la mayoría calificada, no fue del todo una sorpresa.

Antes de las elecciones, efectivamente, el presidente del comité de postulaciones judiciales, anunció que el proceso quedaba abierto, , entre otras cosas, porque no se sabía con certeza, para el mes de noviembre, cuál sería el número de vacantes, que podrían ser más de 13. Y luego, tras el resultado del 6-D, el día ocho, aparece publicada una lista, sin que se hubiese anunciado formalmente el cierre del proceso, lo cual constituye otra irregularidad. Se lleva adelante un proceso, a sabiendas de que los lapsos no daban. De ahí que un grupo de abogados y académicos, entre los cuales me incluyo, acudimos a la sala Político Administrativa del TSJ para solicitar una medida cautelar a los fines de que se suspendiera ese procedimiento. ¿Buscando qué? Buscando que podamos canalizar las diferencias institucionalmente. Acudimos al TSJ, a sabiendas de que no ha dado manifestaciones de independencia, pero lo hicimos pensando que siempre hay un resquicio de esperanza para que las instituciones cumplan su papel.

Vistos los resultados del 6-D se apela al expediente de impugnar la elección de ocho diputados de la MUD. La sala Electoral otorga una medida cautelar que afecta a cuatro diputados electos por el estado Amazonas y la región sur. ¿Qué implicaciones se derivan de esta decisión?

Considero que estamos ante un grave precedente. La forma en que se tomó la decisión y el hecho de que se haya dictado un amparo cautelar pretendiendo suspender la proclamación de esos diputados. Sabemos la forma en que ocurrió, fuera de todo lo ordinario. La sala Electoral decidió dar despacho entre el 28 y el 30 de diciembre para recibir estos recursos y conceder el amparo cautelar. Pero además es un grave precedente porque un diputado adquiere la condición de tal desde el momento de la proclamación. Ya esos diputados habían sido proclamados y debe respetarse la condición de diputados que ellos ya adquirieron. Siendo, además, que la propia Constitución, establece que desde ese momento adquieren la inmunidad parlamentaria. Habría que leer el texto completo de la sentencia, que aún no ha sido publicado, sino sólo una reseña del dispositivo de la sentencia, pero lo que uno puede decir, de acuerdo a la información que se dispone, es que esos diputados deben comparecer el 5 de enero al hemiciclo de la Asamblea y presentarse con sus documentos que acreditan su proclamación, como todos los demás y, seguidamente, la Asamblea Nacional ejerce la facultad constitucional de calificar a sus miembros y los incorpora como miembros del cuerpo.

                        Jesús María Casal retratado por Andrés Kerese

¿Cómo quedan los criterios y la jurisprudencia que había observado la sala Electoral del TSJ en casos anteriores de impugnación?

Otro elemento muy delicado, en esa línea, es que se pretendiera dar cumplimiento a ese amparo cautelar, lo que generaría una consecuencia absurda. Y es que esos electores quedarían por un tiempo indefinido sin ejercer su derecho a la participación política a través de los representantes que ellos eligieron. Esto sería algo absurdo completamente. Es decir, que mediante una medida cautelar, se impida a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos de participación a través de sus representantes y a los propios diputados el ejercicio de la representación política. Es algo insólito. La negación de la condición de diputado sólo pude ser luego de un proceso completo, contencioso electoral, que pudiera determinar que habría que repetir las elecciones. Y de llegarse a considerar algunos vicios, ahí tendría que considerarse la jurisprudencia anterior y los criterios generales del derecho electoral, según los cuales debe respetarse una posición adquirida como resultado del ejercicio del voto. Es decir, que hay una presunción a favor del funcionario proclamado y quien impugna la elección tiene la carga de demostrar que alguna situación que se haya suscitado encaja en las causales legales para una nulidad de una votación, de una elección, en todo o en parte.

¿Qué criterios se desconocen con esta decisión?
Recordemos que en el caso de los recursos que se ejercieron en contra de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República  (elecciones presidenciales de 2013), todos esos recursos fueron declarados inadmisibles. Es decir, que no solamente no otorgaron una medida cautelar, sino que fueron declarados inadmisibles de plano, lo cual es un exceso, entre otras cosas, porque esos recursos se debieron admitir para que se ejerciera el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo que quiero destacar ahora es la contradicción, en la que incurre la sala Electoral. En aquel momento fue demasiado restrictiva en su criterio, hasta el punto en que ni siquiera admitió los recursos, en cambio, en esta oportunidad, no solamente los admite (y de la forma en que se hizo), sino que pretende suspender la proclamación. Tal como están planteadas las cosas, lo que procede es que estos diputados se presenten al hemiciclo y la Asamblea ejerza su facultad de calificar a sus miembros.

¿En qué terreno nos estamos moviendo con relación al estado de derecho?

A mí me parece muy delicada la sentencia, sobre todo desde el punto de vista de la representación política. Es inaceptable que se despoje a los ciudadanos de sus derechos a la representación política a través de sus representantes. Esta decisión afecta a todos los electores del estado Amazonas y también a los de la región sur del país. Y, el que se adopte una decisión así, pues es muy serio desde el punto de vista de la violación al estado de derecho y de los principios democráticos.

Estas contradicciones flagrantes, estas violaciones a la ley, ¿Dónde nos ubican? ¿Dónde estamos?

Creo que estamos viendo actuaciones del oficialismo que demuestran que se quieren demorar, que se quieren retrasar, manifestaciones institucionales de un cambio que ese está produciendo en la voluntad de los electores. Ahora, yo pienso que hay que rescatar un aspecto importante del 6-D. Ese día tiene la vocación, quiere al menos, iniciar una etapa nueva, en las relaciones instituciones de los poderes públicos. ¿Hasta qué punto puede calificarse como una etapa nueva? Es algo que no está definido. Hay que tener cuidado, porque estos acontecimientos que han precedido la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, pueden restarle vitalidad, puede restarle esperanza a lo que puede iniciarse a partir del 5 de enero. Pareciera que también el objetivo de estas medidas es minimizar la importancia que tiene la Asamblea, que sin duda, debe tenerla, de acuerdo al voto popular que se expresó. Por eso pienso que es muy importante que los actores rescaten el significado del 6-D, lo hagan valer y defiendan el sentido de ese voto. Hay cosas que aún no están definidas y que van a perfilarse mejor, una vez que se instale la Asamblea.

¿Cómo cuales?

Ahí comenzará la solicitud de créditos adicionales, autorizar el nombramiento de embajadores, autorizar viajes del presidente al exterior, aprobación de leyes (expira la ley habilitante) y la Asamblea, seguramente recibirá propuestas de ley de parte del Ejecutivo. Sería interesante, sobre todo porque no tenemos experiencia en este ciclo político del chavismo, ahora que la oposición tiene mayoría, una mayoría holgada, en un órgano fundamental del Estado como es el parlamento. ¿Hasta qué punto va a ser nueva esa experiencia? Va a depender mucho de las dinámicas políticas, que se defienda el resultado electoral, que se defienda el espacio de la Asamblea. Al mismo tiempo, pienso que esa mayoría calificada que tiene la oposición, que debe respetarse, tiene mayor capacidad de influir, en la medida en que se mantenga un mínimo marco de comunicación institucional entre el Ejecutivo y la Asamblea. Un escenario donde la cuerda se tensa, pero no llega a romperse, donde hay algunos espacios institucionales para las interacciones. Ese es el escenario donde más poder puede tener la oposición con el resultado electoral del 6-D. Falta ver cuál va a ser la posición del gobierno. Pero allí van a estar encontrándose esas, una a favor de mantener el estatus quo, otra a favor del cambio, en medio de un contexto que no cambia sustancialmente.

A simple vista, el margen de maniobra es muy reducido

Si bien el contexto es similar, se abre una senda, una brecha, con un horizonte de futuro hacia unas relaciones diferentes entre los poderes. Desde el oficialismo, se ha dicho que la oposición debe entender que sólo tiene un poder del Estado, mientras la revolución controla los otros cuatro poderes del Estado. Estas son, precisamente, como las cosas que no quisiéramos que se enfocaran en Venezuela. Debe haber instancias que por definición sean independientes. Y esa es parte de la crisis, digamos, ese enfoque hay que superarlo para rescatar las instancias que ejercen el control. En todo caso, viene esa etapa, donde van a estar en confrontación esas dos tendencias: una a tratar de iniciar una etapa nueva, en el sentido de que se pueda ejercer control sobre el gobierno, en la que pueda haber ciertos equilibrios y otra que intentará minimizar a la Asamblea y a considerar que ese escenario no va ser fructífero.

Eso sería abrir un juego político distinto a la concentración absoluta del poder, que se inauguró en Venezuela a raíz de la abstención opositora en 2005. Al chavismo le ha resultado muy placentero gobernar sin controles. ¿No sería una mortificación establecer esos mecanismos de diálogo institucional? No creo que haya disposición de ánimo para eso.

Efectivamente hay una importante concentración de poderes y una forma autoritaria de conducir el gobierno, pero el 6-D abre una brecha democrática, genera algunas oportunidades dentro de un marco político institucional que en términos generales se mantiene. Y tanto como sea posible, hay que aprovechar esa brecha, esos espacios, y tanto puede cambiar el marco a la larga. Efectivamente, ese marco cerrado, donde no hay una apertura al pluralismo, está allí. Pero la Asamblea Nacional puede contribuir abriendo unos surcos, pero dentro de lo que ya se avizora: un gran conflicto de poderes. Lo difícil es ir a un escenario nuevo dentro de una gran conflictividad política Pero a pesar de eso, hay que tratar de identificar algunos espacios institucionales para las interacciones entre los poderes.

Que yo recuerde, en Venezuela no habíamos vivido un conflicto de poderes como el que usted avizora —había debate, había discusiones, incluso, había la famosa aplanadora en la IV República—, pero aquí estamos hablando de un conflicto de otro tenor. ¿Adónde podría conducir una crisis si se agudiza?
Yo insistiría en que es esencial que los actores políticos traten de identificar esos espacios, aunque sean muy pequeños, de comunicación institucional. Digámoslo así, para no hablar de diálogo, acuerdos, que tal vez serían deseables. Hablemos de espacios de comunicación, de interacción apropiada entre los poderes, de mutuo reconocimiento. Pero es cierto, ya se avizora una alta conflictividad y al respecto hay quienes han planteado que, en ese caso, habría que evaluar algunos caminos para el cambio político. Uno de ellos no debería causar mayor sorpresa, por ejemplo, el tema del referéndum revocatorio. Es una figura perfectamente constitucional y el que se pueda discutir de ello no debería generar alarma. A partir del 1 de marzo puede impulsarse el referéndum revocatorio, en el caso de que se cuente el período desde el momento de su elección. Ese es el cómputo más favorable para el gobierno.

Tenemos la experiencia del referéndum revocatorio, de la llamada lista de Tascón que sirvió además como palanca para la discriminación política.

Son temas que hay que estudiar, que hay que trabajar. Pero este tema está claramente establecido en la Constitución. El CNE dictó unas resoluciones en 2007 y, por ejemplo, la recolección de firmas exige el uso de las captahuellas. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de un proceso electoral, todo el que vaya está solicitando la revocatoria. Allí hay una diferencia importante con lo que es una diferencia electoral, al que concurren todos los venezolanos de todas las corrientes políticas. Mientras el que solicita la revocatoria ya está asumiendo una posición política.

La figura del fallecido presidente Chávez, su caudal electoral y su capital político, quizás pudieron disuadir  a la oposición, pero el presidente Maduro no goza de esa cualidad.

Eso es parte del análisis que le corresponde hacer a los actores políticos. Pero lo que quiero destacar es que hay una vía, claramente establecida en la Constitución. Ahí un tema puede ser la regulación provisional que dictó el CNE (que, entre otras cosas, exige la utilización de las captahuellas en la recolección de firmas), pero esa materia debe regularla la Asamblea Nacional a través de una ley de referéndums, ese podría ser un primer paso de la Asamblea, dictar esa ley, para que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho, sin tantas complicaciones. Se han planteado otras opciones legales (una enmienda constitucional, una constituyente, entre otras), pero no me corresponde a mí analizarlas. Yo creo que hay que concentrarse en rescatar todo lo que significa esa mayoría calificada en la Asamblea Nacional, lo cual no es excluyente en que en paralelo se rescate el espacio parlamentario, se democratice la Asamblea.

 A las dificultades que enfrenta el gobierno habría que agregar el tiempo que corre en su contra.

Tal vez conviene aclarar, ciertamente, que a partir de marzo se pudiera activar el referéndum revocatorio, pero antes hay que realizar un proceso de recolección de firmas (20% del padrón electoral) y de manifestaciones de voluntad (que de acuerdo a la resolución del CNE tiene que acompañarse con el uso de las captahuellas), todo eso lleva su tiempo, sin prejuicio de que una eventual ley de referéndums pudieran introducir cambios en esta resolución. Pero sí, 2016 sería el año para esa convocatoria, porque si se hace dos años antes de que culmine el período, de acuerdo con la Constitución, no se realizarían elecciones, sino que asumiría el vicepresidente Ejecutivo.

En Venezuela hay quienes piensan que vivimos sin un estado de derecho y, por lo que se avizora, tal vez nos permitamos el lujo de vivir sin una Asamblea Nacional. ¿Cómo queda el estado de derecho con estas decisiones que se tomaron en diciembre (la elección de la sala Electoral y la impugnación de los diputados de la MUD?

Yo pienso que uno de los grandes desafíos de Venezuela es construir los pilares de un estado de derecho. Y el resultado del 6-D es muy importante, porque reivindica la posibilidad de que la Asamblea Nacional ejerza control sobre el gobierno. Reivindica el pluralismo político. Pienso que el camino no va a ser ni corto ni fácil. Será una ruta llena de dificultades, pero no perdamos de vista ese horizonte, ese objetivo, de rescatar el estado de derecho, que a pesar de la conflictividad y la diatriba política se entienda que son necesarios los límites al poder y a los gobernantes.

En el ciclo del chavismo y particularmente bajo los gobiernos de Hugo Chávez, el voto sirvió para posponer los conflictos, pero eso se acabó el 6-D. Ya no hay esa posibilidad, a menos que se intente una vía que no sea institucional. ¿No están obligados los factores políticos a buscar una solución al conflicto? En caso contrario, ¿no sería un acto de honestidad decirle a los venezolanos: señores aquí no vale la pena votar?

Yo creo que una consecuencia que se puede derivar del 6-D es ese mandato popular a que se resuelvan los conflictos de manera institucional. Es decir, allí hubo una manifestación de voluntad mayoritaria a que los conflictos se resuelvan por una vía pacífica, por una vía electoral y yo pienso que esto debe ser algo sagrado para los actores políticos, más allá de la diatriba y de la confrontación que lleven adelante. Pero no pueden desconocer per se este mandato de que se resuelvan los conflictos institucionalmente. Nuevamente, la cuerda se va a tensar, pero que no se rompa, porque es esencial que el cauce institucional y electoral se mantenga allí. Porque de lo contrario, lo que se estaría produciendo es una invitación, cínica, velada, a que los ciudadanos se resignen, que su voto no cuenta. O a que se apele a mecanismos distintos que nadie quiere.

03-01-16

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