Emili J. Blasco 18 de agosto de 2016
Las
causas de narcotráfico contra destacados elementos del chavismo empiezan a
acumularse en Estados Unidos, país que, como destino de gran parte de la droga,
combate especialmente el comercio internacional de estupefacientes. «Era solo
cuestión de tiempo», afirma alguien que colabora con la DEA en la obtención de
testigos que ayuden en las investigaciones, y aporten pruebas ante los
tribunales federales de EE.UU.
El
desmoronamiento del régimen, acentuado por la crisis económica y la penuria
general, está multiplicando la fuga de cargos intermedios, que aportan
información como salvavidas propio. «Es un sálvese quien pueda. Finalmente,
está saliendo a la luz lo que desde hace años, instituido por Hugo Chávez, ha
sido un narcoestado», añade la fuente.
LAS PRUEBAS
¿Cómo
calificar, si no, a un país cuyo director y subdirector de la Agencia Nacional
Antidrogas (ONA), los generales Néstor Reverol y Edylberto Molina,
respectivamente, han sido acusados formalmente de narcotráfico, al permitir el
traslado de cargamentos a través del territorio nacional, como anunció esta
semana una de las fiscalías de Nueva York? Un país cuyo director de la
inteligencia militar y el de espionaje civil, los generales Hugo Carvajal y
Henry Rangel, fueron sancionados en el exterior por ayudar a las FARC a poner
droga en el mercado.
¿Qué
decir cuando esos mismos dirigentes han sido luego colocados al frente del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior y Justicia, o han pasado a
dirigir gobernaciones de estados? ¿O cuando desde el entorno de la familia
presidencial se pueden establecer contactos para lograr una gran carga de
cocaína y traficar con ella, como han reconocido los dos sobrinos de Nicolás
Maduro que aguardan juicio en Manhattan? El Gobierno venezolano responde con
ataques, sin investigar siquiera lo denunciado, cerrando filas con los
acusados, que mientras sigan en territorio nacional podrán esquivar órdenes
internacionales de detención.
Y todo
ello, aunque cada vez más voluminoso, es solo la punta del iceberg, es decir,
los casos que por ahora han sido hecho públicos desde varios tribunales
federales de Estados Unidos y desde el Tesoro de ese país. Quedan imputaciones
«selladas», no hechas públicas, con el ánimo de poder apresar a los acusados.
Las
mismas fuentes que ya en enero develaron a ABC que el general Reverol, jefe de
la Guardia Nacional hasta el mes pasado, había sido imputado secretamente,
apuntan que además de él y Molina habría otra media docena de altos mandos de
la Guardia Nacional con un «indictment» sellado, preparado por la misma
Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
La
investigación fue llevada a cabo por Loretta Lynch, que fue jefa de esa
Fiscalía y luego nombrada Fiscal General de EE.UU. por Obama. Las acusaciones
de su equipo indican que cuando Reverol y Molina dirigieron la ONA entre 2008 y
2010 «recibieron pagos de narcotraficantes por asistirles en distribuir cocaína
para su importación dentro de EE.UU.». Así, «alertaron a los traficantes de
futuras redadas o de lugares donde funcionarios venezolanos antinarcóticos iban
a desarrollar actividades para así permitir a los narcotraficantes que
cambiaran de lugar su droga almacenada o que alteraran las rutas de transporte
de droga».
En su
comunicado, la Fiscalía de Brooklyn recuerda que ya hace tres años imputó a
otros dos oficiales de la Guardia Nacional, de rango inferior, Vassyly
Villarroel y Rafael Villasana, por haber usado vehículos oficiales para
transportar más de siete toneladas de cocaína desde la frontera con Colombia
hasta varios aeropuertos y puertos de Venezuela.
COCAÍNA DE LAS FARC
Otras
muchas investigaciones están en curso y pueden desembocar en acusaciones
formales. Como se detalla en el libro «Bumerán Chávez», hay testigos que
aseguran haber presenciado cómo el propio Hugo Chávez diseñó la estrategia de
ayudar a las FARC comprándoles la droga y sacándola al mercado a través de
Venezuela, por donde ha llegado a salir el 90% de la producción de cocaína
colombiana. Esos testigos presentan a Diosdado Cabello, el número dos del
chavismo, como el principal capo de toda esa red paraestatal, conocida como el
Cartel de los Soles. En ella habrían participado también muy activamente su
hermano, David Cabello, que ha sido director de la Administración Aduanera y
Tributaria, y Tareck el Aissami, exministro de Interior y Justicia y actual
gobernador de Aragua, a quien las investigaciones presentan como el principal
interlocutor con la red de narcotráfico de Hezbolá. En toda esta estructura, la
emisión de bonos de la petrolera estatal PDVSA y otras operaciones de la
compañía habrían permitido el lavado de dinero a gran escala.
Ante
todas esas acusaciones, el Gobierno venezolano responde amenazante hacia los
que las formulan. «Expreso mi solidaridad con este oficial y su familia,
quienes han sido agredidos desde EE.UU.», dijo Maduro tras conocerse la
imputación del general Reverol. El presidente respondió nombrando al general
ministro de Interior y Justicia. Abrir una investigación habría sido la
reacción normal en muchos países, pero en Venezuela lo normal es que el
Gobierno redoble su apoyo y enaltezca a todo miembro del núcleo duro chavista
acusado de vinculación con el negocio de las drogas.
Ya
Chávez nombró ministro de Defensa en 2012 al general Henry Rangel, quien tiempo
antes había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por asistir a las
FARC en su labor de narcotráfico. El propio Maduro recibió como un héroe en el
verano de 2014 al general Carvajal, después de conseguir que Aruba negara su
extradición a EE.UU., país que lo solicitaba tras imputarlo por coordinar el
transporte de 5,6 toneladas de cocaína. Además, Maduro no ha admitido la
posibilidad de que sus sobrinos detenidos en Nueva York tuvieran culpa, a pesar
de que confesaron nada más ser detenidos.
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