Fernando Camino Peñalver 04 de diciembre de 2018
El 20
de agosto de este año el régimen anunció el Programa de Recuperación,
Crecimiento y Prosperidad Económica. En ese momento se dijo que se iba a
establecer una “disciplina fiscal prusiana y se eliminaría definitivamente la
emisión de dinero no orgánico y que de ahora en adelante, se sustentaría la
emisión de dinero en la producción de riqueza”
Para
aumentar los ingresos se elevó el IVA a 16%, se creó el impuesto a las grandes
transacciones financieras con una tasa del 1% para las empresas y del 2% para
los bancos y obligó a las empresas a adelantar el pago semanal de los tributos.
Además, anunció que el precio de la gasolina aumentaría hasta alcanzar niveles
internacionales. Como medida de compensación elevó el monto de los bonos que
reparte discrecionalmente y aumentó en 3.711% el ingreso mensual mínimo de los
trabajadores.
Pero
el aumento y el pago tanto de los bonos como del salario integral, tuvieron que
ser desembolsado mediante la emisión de dinero inorgánico debido al déficit
fiscal. Entre el 20 de agosto y el 16 de noviembre, la cantidad de dinero en la
economía creció 545%, dejando en el aire la fallida promesa de “establecer una
disciplina prusiana para eliminar definitivamente la emisión de dinero no
orgánico”. Los aumentos tributarios y del IVA anunciados como medidas para
equilibrar el déficit fiscal, no dio los resultados esperados debido a que el
sector privado de la economía y los consumidores están padeciendo una terrible
recesión que impide que se genere riqueza y se recaude lo suficiente para
mantener al sector oficial, también la exoneración del impuesto a Pdvsa y a las
empresas importadoras contribuye a disminuir los ingresos fiscales.
El
aumento del precio de la gasolina no se ha concretado aún, a pesar de que ese
subsidio beneficia en un 45% a los contrabandistas de este combustible.
El
jueves pasado, cuando se cumplieron cien días del fracasado plan de
recuperación económica, el régimen anuncia un aumento de salario mínimo de un
150% a partir del primero de diciembre. A finales de agosto cuando se anunció
el aumento de salario anterior, este tenía un valor 30 dólares al tipo de
cambio libre, en cien días ya ese salario mínimo pasó a costar 6 dólares al
tipo de cambio libre, disminuyendo su poder adquisitivo en un 85%. El nuevo
salario mínimo mensual de 4.500 Bs.S, es el equivalente a 9,40 dólares al tipo
de cambio libre del día de su anuncio y representa el 8,6% de la canasta
alimentaria familiar del mes de octubre. A pesar de todos los aumentos de
salario decretados por el régimen este año, el salario real del trabajador
habrá perdido su valor en un 93% de su poder adquisitivo para finales de 2018.
Al
régimen le resulta muy difícil entender que la generación de riqueza de un país
depende de la garantía de la seguridad jurídica y de las políticas públicas
eficientes que un Estado Democrático le ofrezca al sector privado, para que
exista la propensión a invertir y poder producir en paz. Y entender también que
hay que mantener un equilibrio de las variables macroeconómicas, que haga
posible un desarrollo armónico entre la oferta y el consumo. Es por ello que el
gobierno en todo lo que hace, pero sobre todo en materia económica, va de retro
y en contravía de la globalización así como del normal crecimiento y desarrollo
de las naciones.
Inexplicablemente
en el sector de la producción de alimentos, el régimen ha hecho todo lo posible
para que estemos padeciendo esta crisis humanitaria debido a la escasez y a la
carestía de los alimentos. El irrespeto a la propiedad privada, la aplicación
de regulaciones y controles, así como la monopolización del suministro de
fertilizantes y agroquímicos, han conformado cuadro de permanente acoso hacia
todo el circuito de la producción de alimentos que impiden el normal desarrollo
de esta preciada actividad.
En los
países donde se le garantiza la seguridad alimentaria a su población, la
producción de alimentos es una Política de Estado que permite que la actividad
se desarrolle con normalidad. El desarrollo de la producción eficiente y
competitiva de alimentos, requiere que exista una liberalización de la
actividad de la producción y de la comercialización de la materia prima y del
producto final, protegiendo al consumidor únicamente en lo que respecta a la
calidad de su contenido nutricional y a la excelencia de sus condiciones
sanitarias. La regulación de precios no tiene sentido cuando hay una armonía
entre la oferta y la demanda, mucho menos los controles de precios cuando hay
escasez de los productos, de eso ya tenemos suficiente experiencia, la más
nefasta y dolorosa para el consumidor.
Basado
en estos principios, con un nuevo gobierno democrático y moderno, lograremos
alcanzar nuestra seguridad alimentaria. Trabajamos en ello, permanentemente.
Fernando
Camino Peñalver
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