Fernando Camino Peñalver 17 de septiembre de 2015
Desde
el año 2002, hemos venido advirtiendo
sobre las nefastas consecuencias de las leyes aprobadas por Hugo Chávez
mediante la primera ley habilitante, concedida irresponsablemente por la
mayoría oficialista de la Asamblea Nacional. Nos referimos específicamente a un
paquete de leyes, creadas para intervenir todas las actividades económicas de los
circuitos agroalimentarios, desde las unidades primarias de producción (fincas,
hatos, conucos, pesca industrial y artesanal) hasta llegar al humilde
consumidor.
Para
la “sala situacional cubano-chavista”, la actividad con mayor valor estratégico
es el sector agroalimentario o sector productor de alimentos, ya que
interviniendo este importante sistema de producción privado, “matan dos pájaros
con un solo tiro”. Por una parte con la apropiación y la ruina de las unidades
de producción primarias, se desataba el desempleo en el medio rural y por la
otra, se iniciaba el sometimiento de los sectores más pobres de la población, a
través de la alimentación.
Al
desatarse el desempleo en el campo, el chavismo “colonizó” la zona rural
mediante el populismo y la dádiva representada en las misiones y en los
créditos sin garantía de pago. El consumidor fue sometido, con la creación de
una red de distribución, para suministrar alimentos subsidiados, en su mayoría
de origen importado.
Esta
maniobra política le dio resultados, pudiendo conquistar la votación rural, que
le fue adversa en las elecciones de gobernadores y en las presidenciales del
año 1998. Y con los pobres de la población urbana, que fueron cautivados por la
abundancia de comida barata, en los mercales y pedevales. Lo que no calculó el
régimen, fue el hecho económico de la caída de los precios del petróleo a nivel
internacional. Esta situación los ha puesto en serios aprietos ya que ellos
compensaban la falta de producción nacional con alimentos importados.
La
destrucción del sistema de producción privado de alimentos, está generando una
brutal escasez, imposible de ser cubierta con importaciones, ya que los
menguados recursos en divisas no alcanzan y el gobierno, a mediano plazo,
tendrá que escoger entre importar o pagar la amortización de la enorme deuda
externa, contraída innecesariamente en los años de bonanza petrolera.
Otra
grave consecuencia de la enorme caída de la producción nacional, es el
descomunal aumento de los precios, que en el sector de alimentos ya supera más
del 200% de inflación. Es una elemental consecuencia económica, que cuando la
demanda supera la oferta, los precios de los pocos productos que se consiguen
aumentan, y no hay regulaciones ni controles que los contengan, todo lo
contrario, se incentiva un mercado paralelo que alienta un nivel de desacato a
las regulaciones, trayendo como consecuencia mayor aumento de los precios.
Si en
nuestro país, al momento que se aprobaron esas leyes inconstitucionales, y se
aplicaron las destructivas medidas contra el sector privado de la producción,
hubiese existido una separación y autonomía de los poderes públicos, no
estuviéramos padeciendo la situación antes comentada. Pero como dice el dicho
popular, “nadie escarmienta en cabeza ajena”, lo que hemos sufrido ya ha
convencido a un 80% de la población, sobre la necesidad de un cambio de rumbo,
afortunadamente se ha conformado una mayoría sólida, incluyendo a la engañada
población urbana y rural, que quiere otra forma de vida. Este cambio va a
iniciarse el 6 de diciembre. Con el poder del pueblo, expresado en una Asamblea
Nacional autónoma e independiente, vamos a cambiar el rumbo torcido de este
gobierno.
Fernando
Camino Peñalver
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