Ismael Pérez Vigil 01 de diciembre de 2018
El
Gobierno venezolano, al que ni siquiera le decimos “gobierno”, sino régimen o
dictadura, ha perdido toda legitimidad, interna e internacionalmente; al
proceso electoral del 20 de mayo de 2018, en el que salió reelecto el actual
presidente, apenas concurrió un 40% del electorado –de acuerdo a cifras
oficiales, que para muchos no son fiables– y más de 60 países no han reconocido
tampoco ese proceso. El 10 de enero, cuando según la Constitución debe
iniciarse un nuevo periodo constitucional, tendremos un atisbo completo de la
falta de legitimidad del régimen, al juramentarse solo, frente a sus compinches
internacionales: Rusia, China, Irán, Palestina, Turquía, Bolivia, Cuba, Nicaragua,
El Salvador, y pocos más.
Además
de esa circunstancia política concreta, de no reconocimiento, el país económica
y socialmente se deshilacha; los venezolanos huyen en masa de la miseria, el
desempleo, la inseguridad, la hiperinflación —aún en el cálculo más optimista
es del 4 al 6% ínter diario— de la corrupción que aflora por todas partes, de
la malversación de la riqueza del país, del fracaso de un régimen al que solo
le queda el recurso de la fuerza para mantenerse en el poder.
Pero
en algún momento, no sé cuándo —no es cuestión de generar falsas expectativas—
el país entrará en un proceso de transición política que implicará un intenso
proceso de negociación. Por lo tanto, no podemos continuar satanizando el tema
y sí debemos prepararnos para ese proceso. Naturalmente, lo que se va a
negociar es el fin y la salida de este régimen y el período de transición de la
misma.
El
escenario natural de una negociación política en Venezuela es la Asamblea
Nacional (AN), por algo es el “parlamento”. Pero es evidente que el Ejecutivo
es el que querrá negociar, por parte del régimen, y no aceptará que sean sus
parlamentarios los que lleven la voz cantante.
Pero
por parte de la oposición si debería ser la fracción opositora de la AN —donde
están representadas todas las facciones políticas que en su momento disputaron
esos cargos— la que debe decidir los objetivos y los lineamientos de la
negociación y además, de su seno deben salir los negociadores y escoger, como
parte del equipo negociador, a representante del resto de la sociedad civil.
La
primera disposición de la fracción parlamentaria opositora de la AN, sería
reiterar los objetivos mínimos de la oposición para esa negociación y el
proceso de transición, que suponemos que ya gozan de consenso y han sido
reiterados en múltiples oportunidades: a) libertad de todos los presos
políticos, b) regreso de los exilados, c) reconocimiento de la Asamblea
Nacional, d) designación de un nuevo CNE, de acuerdo con lo previsto en la
Constitución, y e) rehabilitación de los partidos políticos y candidatos
opositores inhabilitados.
Naturalmente
la actuación de la AN debe ir precedida por la disolución inmediata de la
ilegal, ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y la
incorporación a la AN de los diputados de Amazonas, inconstitucionalmente
obligados a desincorporarse por el irregular TSJ. Así reconstituida plenamente,
la AN deberá apoyar la negociación con algunos acuerdos y los instrumentos
legales que se enumeran más abajo, de manera no exhaustiva.
Algunos
le piden a la AN cosas que no están dentro de sus facultades y no puede hacer,
sin violentar el ordenamiento jurídico que estamos reclamando que la dictadura
respete; pero la AN si puede llegar a acuerdos, definir políticas y un conjunto
de leyes que faciliten ese proceso de negociación. Esa podría ser la “hoja de
ruta”, por utilizar un término que ahora está de moda, por la que la AN defina
su participación en el proceso.
Por
tratarse de un acuerdo político, se debe recoger en leyes especiales todo lo
concerniente al proceso de transición; es decir, apoyar con disposiciones
legales aprobadas por la AN, todos los acuerdos que regirán ese período de
transición y los cronogramas de los procesos electorales que eso implique, que
permitan renovar, en plazo perentorio, todos los poderes públicos: Presidente
de la República, la Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldes, Asambleas
Legislativas y Municipales, etc.
Tan
solo a título de ejemplo, para blindar jurídicamente el proceso de transición,
internamente y frente a la comunidad internacional, esas leyes o instrumentos
legales de carácter especial, podrían ser:
* La
libertad de los presos políticos debe producirse por medida presidencial, pero
de no ser así, la AN debe tener lista para aprobar una Ley General de Amnistía.
*
Aprobación de una Ley de Participación Política, que permita que los candidatos
inhabilitados ilegalmente –por la Contraloría, el ilegítimo CNE y el TSJ, con
sus magistrados designados irregularmente– puedan ejercer sus funciones
políticas y aspirar a cargos por elección.
*
Designar un CNE, conforme al procedimiento Constitucional y de acuerdo a lo
establecido en las leyes que regulan la materia.
*
Aprobación de una nueva Ley Electoral, conforme al proyecto que ha venido
discutiendo la AN desde hace más de un año y que regirá los procesos
electorales que se deban celebrar.
*
Aprobación de una nueva Ley de Partidos Políticos, conforme a los parámetros
establecidos en la Constitución y en los Acuerdo Internacionales suscritos por
Venezuela, que permita que todos los partidos políticos que fueron ilegalmente
inhabilitados por el CNE y por el TSJ puedan participar en los procesos
electorales que se vayan a celebrar.
*
Aprobación de una Ley Transitoria que facilite y permita la inscripción en el
Registro Electoral y la votación de los venezolanos en el exterior, conforme
únicamente a los mismos requisitos que se exigen para los electores en
Venezuela.
Lo
responsable y estratégico es prepararnos para negociar con el mejor discurso,
los mejores argumentos, el mayor respaldo, los mejores negociadores y voceros,
el mejor equipo asesor y las herramientas y fortalezas que requeriremos para
actuar y triunfar. Negar esto será debilitarnos, permitir que el régimen gane
tiempo y dividirnos aún más.
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