Por Simón García
Una dura prueba de las
dificultades y complejidades de la lucha democrática es no haber podido avanzar
en el 2016. Hubo una evolución contradictoria en medio de los efectos de
situaciones diseñadas por el oficialismo para dividir a la oposición.
Sin embargo, entre el
“trabajo” de la crisis y el persistente acierto de la MUD de no dejarse sacar
del campo electoral y constitucional se sigue acentuando una notable reversión
de la correlación de fuerzas: el oficialismo es minoría social y electoral.
Una reciente investigación de
Varianzas en el Estado Barinas, cuna del mito revolucionario-populista, revela
que el 70% está con la oposición, 10 % con el chavismo y 20% se define como
independiente. Una redistribución de fuerzas que tiende a consolidarse Estado
tras Estado.
Es cierto que la MUD expresa
una fuerza que es mucho mayor a la suma de la de los partidos que la integran,
varios de los cuales están por debajo del 1%. El dato exige reformular el papel
de los partidos, rescatar su enraizamiento social y cultural, repensarse en
términos de contar con una oferta creíble de país y demostrar que internamente
anticipan el país que desean construir. No parece ser, por la fuerza de
gravedad de lo inmediato, lo que está ocupando a los dirigentes partidistas.
Los líderes de la implantación
histórica de la democracia, como Betancourt y Caldera, pudieron atender
simultáneamente todos estos aspectos. ¿Las nuevas élites, que tendrán bajo su
responsabilidad la reconstrucción del país, podrán hacerlo?
Impera una manía que nos
impide crear síntesis entre aspectos de la lucha que se convierten en
excluyentes, descarta herramientas exitosas cuando han sido manejadas
oportunamente y con pertinencia o desvaloriza formas de lucha, opiniones y
líderes de la oposición con una furia destructiva.
El ejemplo más reciente es
considerar vendido, traidor y quién sabe qué más a quienes han decidido, como
Avanzada Progresista y el partido de Ledezma, ir a la relegalización de los
partidos.
Se le pide a lo que se
denuncia como dictadura que no actúe como lo que es y se renuncia a combatirla
en las condiciones ventajistas que ella impone. Se le entrega al gobierno la
posibilidad de hacer pasar como legal la liquidación del sistema de partidos.
Se ayuda al régimen a imponer un nicaraguazo, que si ocurre sin resistencia y
sin costos, hará más viable la operación totalitaria de ilegalizar
posteriormente a la MUD vía TSJ.
Otro ejemplo es la renuencia
del pensamiento extremista a lograr una segunda victoria decisiva de la opción
democrática mediante el cambio pacífico y electoral del poder regional. En vez
de convertirla en prioridad se afirma que hay que insistir en unas ilusorias
elecciones generales para tranquilidad de las conciencias de los extremistas.
No les importa propinarle esa derrota real al régimen, sólo les importa
aparecer como los más radicales.
Validar a los partidos del
cambio y lograr la convocatoria de las elecciones regionales confiscadas son
dos tareas que permiten una lucha descentralizada, en la cual se mejore la
organización, se multiplique la fuerza movilizadora y se tienda el vínculo
entre intereses de la gente, cambio económico y cambio político.
Suma dos acciones efectivas
para acumular condiciones, factores y actores para ponerle fin a la destrucción
de país que sigue impulsando una cúpula descompuesta.
17-02-17
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