Prensa UNT 11 de junio de 2015
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Jesús Ollarves Irazábal, abogado
defensor de Manuel Rosales, calificó la reciente inhabilitación hecha al
dirigente como una nueva fase de la persecución ilegítima y fraudulenta del
gobierno venezolano que busca impedir que el fundador del partido Un Nuevo
Tiempo regrese al país para que sea postulado por su organización como diputado
a la Asamblea Nacional.
“Este régimen ha convertido la
inhabilitación política en un mecanismo fraudulento para apartar a sus
adversarios políticos o potenciales competidores y les conculca su derecho a la
defensa y su derecho constitucional a la participación política”.
Para la defensa del dirigente es tan
evidente que la medida contra Manuel Rosales es una decisión política, que la
Contraloría General de la República no cuida ni el más mínimo de los
formalismos y pasa por alto detalles tan evidentes como que en 2009 el propio
Ministerio Público reconoció ante el TSJ que a Manuel Rosales se le violó su
derecho al debido proceso, señalando “que la Contraloría no puede darle
instrucciones a la Fiscalía, y que no se dio la oportunidad a Rosales de
promover pruebas”.
“El Contralor tampoco parece acordarse
de las escandalosas declaraciones que dio el triste y célebre magistrado,
Eladio Ramón Aponte Aponte, quien aseguró que recibía órdenes de la magistrada
Luisa Estela Morales y de Clodosvaldo Russián para montarle, bajo cualquier
circunstancia, un procedimiento amañado a Manuel Rosales y así sacarlo del
juego político”.
Al respecto, Ollarves le señaló al
Contralor que puede leer esa “vergonzosa confesión” en un documento debidamente
notariado, legalizado y apostillado que se encuentra en Costa Rica desde el año
2012.
El abogado del presidente fundador de
UNT también se refirió “a la jugarreta que le montó el gobierno” a Rosales
cuando lo mandó a solicitar por la Interpol, para resaltar que el mismo
organismo concluyó en un informe difundido el 20 de agosto de 2012, que las
acusaciones contra el ex gobernador y ex alcalde del estado Zulia “tenían un
marcado carácter predominantemente político, y por consecuencia no entraban en
el ámbito de aplicación del artículo 3 de la Constitución de Interpol”.
Jesús Ollarves señaló que el
procedimiento es “tan artificioso y nefasto” que no especifica dónde han
notificado a Rosales y cuál es el número de expediente.
“Si ese acto verdaderamente existe nos
parece una absoluta irresponsabilidad de la Contraloría General de la República
que le hayan dado publicidad a espaldas de una persona que tiene derecho a
defenderse y que debe tener la oportunidad de presentar pruebas de descargo, lo
juzgaron a sus espaldas”.
No obstante, explicó que “a pesar de
todo el ventajismo, de la falta de independencia, autonomía e imparcialidad que
han demostrado recurrentemente tanto el TSJ y el Ministerio Público. Lo primero
que vamos a hacer es tratar de averiguar en qué momento el Contralor publicó
ese acto administrativo y cuáles son las motivaciones”.
Consultado acerca del retorno de Manuel
Rosales, su abogado subrayó que esa decisión es enteramente personal, pero que
estará amparada por el consejo de todo su equipo legal y con todos los recursos
y medios que proporcionan el ordenamiento jurídico venezolano.
Jesús Ollarves también aclaró que el
dirigente puede postularse como diputado a la Asamblea Nacional, tal como lo ha
solicitado su partido.
“Como estamos en presencia de un acto
ilícito por usurpación de funciones y una sanción que es completamente ilegal,
no hay impedimento de que Rosales sea postulado como diputado. En un estado de
derecho, donde se respete los estándares de democracia y los derechos humanos
él perfectamente podría regresar para reclamar su curul y enfrentar en libertad
un proceso del cual el magistrado Eladio Aponte Aponte confesó como se había
montado”.
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