Juan Francisco Alonso 14 de junio de 2017
Documentos obtenidos por Crónica.Uno comprueban
las denuncias realizadas los últimos días por la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, en relación con que el proceso de remodelación
del TSJ efectuado en diciembre de 2015 por la anterior Asamblea Nacional,
dominada por el chavismo, estuvo viciado.
Abogados
que no entregaron documentos que demuestren que cumplen los requisitos
académicos exigidos por la Constitución y la ley, que estaban vinculados con
hechos de corrupción o que tenían abiertas investigaciones penales por
distintos delitos. Estas fueron algunas de las anomalías que los funcionarios y
técnicos del Consejo Moral Republicano hallaron al revisar los expedientes de
los entonces 13 candidatos a magistrados principales y 21 suplentes del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la anterior Asamblea Nacional les
remitió en diciembre de 2015. Pese a los hallazgos, el defensor del Pueblo,
Tarek William Saab; y el contralor Manuel Galindo los avalaron y el Parlamento
los nombró en la víspera de la Navidad de ese año.
Documentos
obtenidos por Crónica.Uno comprueban las sospechas que la oposición y
académicos tenían en relación a la idoneidad de algunos de los escogidos, así
como las denuncias que en los últimos días ha realizado la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, en relación con los vicios que rodearon el
proceso y por los cuales ella rechazó respaldarlo.
De los
13 magistrados principales, solamente cinco aprobaron la revisión que los
funcionarios del Consejo Moral hicieron (Luis Damiani, Juan Luis Ibara, Yanina
Karabin, Marco Medina y Eulalia Guerrero). Es decir, que obtuvieron al menos 10
puntos sobre 20 en el baremo elaborado por el máximo organismo del Poder
Ciudadano y el cual, según el artículo 264 de la Constitución de 1999, tiene
que hacer una segunda preselección de potenciales candidatos a integrar el
máximo juzgado, la cual remitirá a los diputados para que haga la selección
definitiva.
Por su
parte, Calixto Ortega y Lourdes Suárez, actuales miembros de la Sala
Constitucional, reprobaron, lo mismo que Vilma Fernández, Francisco Velásquez e
Yván Darío Bastardo o Jesús Jiménez Alfonzo, quienes integran las salas Civil y
Social, respectivamente.
Respecto
a Fanny Márquez y el exdiputado Christian Zerpa, quienes terminaron en la Sala
Electoral, los técnicos del Consejo Moral ni siquiera los evaluaron porque no
entregaron los documentos que demuestran que tienen los estudios de cuarto
nivel o las especializaciones requeridas para ocupar los puestos que ahora
desempeñan.
El
Consejo recibió 381 expedientes a principios de diciembre y el 16 de diciembre
se los reenvió al Parlamento, según lo afirmado este martes por el Defensor en
el TSJ. No obstante, se pudo conocer los expedientes apenas llegaron al
organismo el 14 y el 17, es decir, tres días después, fueron devueltos al
Legislativo.
Sobre los suplentes
A
primera vista con los suplentes, la situación fue mejor, porque al menos más de
la mitad (13 de 21) de los elegidos superaron la evaluación del Consejo. Sin
embargo, entre ellos hay tres vinculados con hechos de corrupción o que estaban
siendo investigados por otros delitos.
Entre
los objetados figuraba Juan Carlos Cuenca, actual suplente en la Sala Penal, y
quien aunque obtuvo la mayor calificación (17 puntos) fue objetado por los
técnicos del organismo por cuanto estaba relacionado en Costa Rica con un caso
“de unos pagos por unos tanques hechos para Cavim (Compañía Anónima Venezolana
de Industrias Militares)” y además que porque en 2013 el TSJ rechazó
reincorporarlo como juez.
Desde
el Consejo también objetaron las candidaturas de las ahora magistradas
suplentes de la Sala Social y Electoral, Betts Luna y Mary Ramos, por estar
“incursa en supuestos casos de corrupción en Nueva Esparta”, la primera; y
porque “cursan ante el Ministerio Público cuatro investigaciones por presuntas
irregularidades en el ejercicio de sus funciones como juez Sexta de Control”.
Fuentes
del máximo organismo del Poder Ciudadano recordaron que ellos le solicitaron a
la Fiscalía, a la Contraloría e incluso el Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin) y a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) información sobre los
aspirantes al integrar el TSJ para asegurarse que cumplen con los requisitos
fijados en la Constitución, en particular el de “gozar de buena reputación”,
pero “la última palabra la tienen el Defensor, el Contralor y la Fiscal”,
aclararon los informantes.
Con
todo, el caso más llamativo es el del ahora suplente de la Sala Constitucional,
Juan Carlos Valdez, porque su nombre “se encontraba en el listado de prensa,
pero sus expedientes no llegaron al Consejo Moral y por ende no fue evaluado
aquí”.
Valdez
firmó la sentencia 378, en la cual se avaló que la Constituyente impulsada por
el presidente Nicolás Maduro se elija sin necesidad de un referendo previo.
Pese a
todas las irregularidades antes señaladas, los abogados terminaron siendo
nombrados magistrados porque Saab y Galindo, sin contar con el visto bueno de
Ortega Díaz, enviaron la lista a la AN y allí la votaron. La entonces
secretaria del Consejo, María José Marcano, tampoco firmó el acta donde se
avalaban los nombramientos, por considerar que el proceso estaba viciado. Se
conoció que la funcionaria se encuentra fuera del país desde el pasado año tras
recibir amenazas.
A
estas anomalías habría que sumarle el hecho de que los lapsos no se cumplieron
y fundamentalmente que para el momento de la elección de magistrados no había
vacantes en el TSJ, pues a los magistrados principales se les vencían sus
períodos de 12 años en diciembre de 2016. Sin embargo, ellos fueron forzados a
jubilarse anticipadamente, tal y como dos de ellos, Carmen Porras y Luis Ortiz,
denunciaron a la Comisión especial que investigó este proceso a principios del
año pasado.
El
lunes la fiscal general demandó en la Sala Constitucional dejar sin efecto
estas designaciones.
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