Por El Nacional Web
Erika Guevara-Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la administración de
Nicolás Maduro está convirtiendo la crisis política en un conflicto violento
El incremento en el despliegue
de fuerzas militares para reprimir protestas, el aumento en el uso excesivo de
la fuerza contra manifestantes y otros, y el uso de tribunales militares para
tratar de silenciar voces disidentes, ilustra un terrorífico cambio de enfoque
de las autoridades venezolanas para lidiar con la crisis de derechos humanos
sembrando el caos a lo largo y ancho del país, declaró Amnistía Internacional.
“Al desplegar fuerzas y cortes
militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa,
la administración de Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien
intenta apagar un incendio con gasolina”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización no
gubernamental repudió el asesinato de al menos 60 personas durante las
protestas en los últimos 60 días.
“El nivel de violaciones de
derechos humanos y las acciones despiadadas de las autoridades venezolanas son
una reminiscencia de los peores tiempos para los derechos humanos en las
Américas”, indica.
En el comunicado se destaca
que al desestimar a los manifestantes como “terroristas” y acusar a civiles de
crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro
está convirtiendo la crisis política en un conflicto violento, “cuando debería
estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para
encontrar soluciones”.
Durante las últimas semanas,
las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva para evitar que
manifestaciones pacíficas se lleven a cabo. Personas que viven en áreas
residenciales, y que no toman parte en las manifestaciones, también han
reportado ser víctimas de ataques indiscriminados con gas lacrimógeno.
La comunidad de La Isabelica,
Carabobo, es un ejemplo notable del alcance del uso indiscriminado de la
violencia contra las personas que no participan en la reciente ola de
protestas. Amnistía ha recibido reportes directos de disparos al azar a
transeúntes, gas lacrimógeno disparado directamente hacia casas y un miedo
generalizado de reportar estos incidentes a las autoridades.
La situación ha sido
particularmente grave en los estados de Carabobo, Lara, Barinas y el estado
fronterizo de Táchira, donde más de 600 soldados han sido desplegados para
responder a manifestaciones pacíficas.
“Desplegar fuerzas militares
para contener manifestaciones y perseguir manifestantes en cortes militares son
formas infalibles e ilegales de escalar aún más esta crisis. Por el contrario,
las autoridades deben retirar urgentemente al personal militar de las
manifestaciones, investigar las diversas violaciones a los derechos humanos
reportadas en las semanas recientes y asegurar que las personas puedan
protestar sin temor a ser lastimadas o asesinadas”.
Grupos de civiles armados
–algunos de ellos presuntamente apoyados por el gobierno- han sido también
reportados por haber agredido manifestantes y a cualquiera que proteste en
contra de la administración de Maduro. Estos reportes son particularmente
preocupantes, teniendo en cuenta la activación del gobierno del Plan Zamora, un
programa gubernamental que aparentemente moviliza el uso conjunto de fuerzas
civiles y militares para confrontar la crisis que se apodera del país.
Las autoridades no han
publicado todos los detalles del plan, pero la referencia a la movilización de
civiles junto con las fuerzas de seguridad del Estado es muy preocupante en el
contexto actual de creciente violencia y tensión, agrega Amnistía
Internacional.
02-06-17
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