Por José Miguel Vivanco y
Daniel Wilkinson
Cada vez parece más probable
que el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro termine antes de lo
que él quisiera. Pero es difícil prever cómo terminará. Es de esperar que haya
una transición pacífica hacia un sistema democrático. Pero también podría
correr mucha sangre.
Mañana en Cancún, los
cancilleres del hemisferio se reunirán para definir una respuesta común a las
prácticas represivas del gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro,
deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una
transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar
los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder.
El mes pasado, varios medios
de comunicación difundieron una grabación secreta en la cual un grupo de
generales venezolanos discutían sobre el uso eventual de francotiradores contra
manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las órdenes
que reciba. Pero luego expresa su temor de que en el futuro el Ministerio
Público no los vaya a “amparar”. “Mañana puede caer cualquiera de nosotros
presos”.
Hasta hace poco, estos oficiales
no tenían motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro
reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general
Luisa Ortega no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados
cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su
autoridad fueron cómplices de la represión, e incluso manipularon causas
penales contra víctimas.
Sin embargo, la misma fiscal
general ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de los
manifestantes. En el último mes, repudió detenciones arbitrarias llevadas a
cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de
detenidos, anunció que imputaría a funcionarios de seguridad responsables de
abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro.
¿A qué se debe este repentino
interés de la fiscal Ortega por el Estado de Derecho? Muchas cosas han
cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual
es cada vez más abrumador.
Además, los gobiernos de la
región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión
de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios
venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14
gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a
adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos
políticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes.
Este nuevo contexto regional
aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios
que podrían terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No
sorprende, entonces, que la fiscal general haya empezado a distanciarse de la
represión, ni que los generales teman terminar en la cárcel.
En Cancún, los gobiernos que
firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que
apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberían añadir una
nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos
tarde o temprano sean llevados a la justicia. Un mensaje contundente de la
comunidad internacional advirtiendo que los responsables de abusos deberán
rendir cuentas podría intensificar la preocupación de los generales que podrían
ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces.
En pasadas crisis políticas en
América Latina, era usual que algunos abogaran por amnistías sosteniendo que
las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro
parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima
prioridad para la comunidad internacional debería ser impedir que Maduro
intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a
francotiradores para contener el descontento popular acabará el día que sus
oficiales desobedezcan la orden de disparar.
18-06-17
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