Por Gioconda San-Blas
Náusea. Náusea es lo que se
siente al leer las 409 páginas del Informe
de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel
de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de
crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Probablemente no haya allí nada
que los venezolanos medianamente informados no supiéramos: un documento que
recoge de manera sistemática y exhaustiva una enorme cantidad de pruebas de
atropellos generalizados desde 2013, incluidos asesinatos de manifestantes por
miembros de los cuerpos de seguridad del estado, encarcelación, torturas
indecibles, violación y otras formas de violencia sexual y psicológica contra
presos políticos, persecuciones por el simple hecho de pensar diferente, acoso
a activistas, desaparición forzada de personas, control del régimen sobre
jueces y fiscales, convertidos en agentes en la manipulación de la justicia
para fines perversos, pruebas en muchos casos narradas al detalle, a viva voz,
por los propios presos.
Ver todo junto en ese
documento acaba siendo un ejercicio doloroso. Se nos vienen a la mente las “Memorias
de un venezolano de la decadencia” de José Rafael Pocaterra, narrando sus
desventuras como preso político en las cárceles de Juan Vicente Gómez, o los
testimonios de José Vicente Abreu en su libro “Se llamaba SN”, un relato
terrible de las torturas que sufriera en las prisiones de la Seguridad Nacional
del dictador Marcos Pérez Jiménez. Uno hubiera querido creer que después de
esas experiencias crueles e inhumanas, nunca más se aposentaría sobre nuestra
tierra una experiencia similar y si se quiere, más desalmada que las
anteriores.
El panel contabiliza más de
12.000 venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente desde 2013, lo que
arroja una media de siete personas al día. En el momento álgido de las
protestas de 2017 había 676 presos políticos, el número de presos políticos en
Venezuela más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950. También
nos informan que después de estabilizarse en torno a 220 en los primeros cuatro
meses de 2018, el número de presos políticos se disparó en las semanas previas
a las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Al 13 de
mayo de 2018, había 338 presos políticos tras las rejas. Mientras algunos
son liberados (la mayoría con medidas cautelares que perpetúan la prisión bajo
otras formas), otros entran, en un mecanismo nefasto de puerta rotatoria. Así,
desde 2013 ha habido más de 1.300 presos políticos, algunos de ellos mantenidos
en prisión a pesar de contar con órdenes de liberación emitidas por los
tribunales.
No se les escapa a los
miembros del panel la crisis humanitaria, el acceso a la alimentación y a los
medicamentos de manera selectiva a los pocos sectores de la población afectos
al gobierno, a través de instrumentos de control como el carnet de la patria.
“No cabe la menor duda de que la tragedia que se ha abatido sobre el pueblo
venezolano es de una magnitud incalculable”, expresan con firmeza, añadiendo
que además de prácticas cuestionables en materia de derechos humanos, el
régimen se empeña en debilitar y desmantelar sistemáticamente las instituciones
democráticas.
Son muchas más las
situaciones analizadas al detalle en este exhaustivo inventario, todas
confluyentes en concluir que “cuando los sistemas nacionales permanecen
inactivos o de otro modo carecen de la voluntad o la capacidad de investigar y
enjuiciar de manera auténtica, la Corte Penal Internacional (CPI) debe colmar
el vacío que deja el incumplimiento de su deber por parte de los Estados”, a la
vez que insiste en que “frente a la inexistencia de mecanismos nacionales
eficientes, y la dificultad en la que se encuentran los mecanismos regionales
para ponerle fin a las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de
lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI y la propia CPI, han pasado
a ser la última instancia internacional para lograr la justicia, ponerle fin a
la impunidad en Venezuela y evitar la repetición de tan graves hechos que
ofenden la conciencia de la comunidad internacional.”
No cabe duda de que este
informe, dado a conocer a principios de junio, ha debido pesar en el ánimo de
los participantes en la 48ª Asamblea General de la OEA, realizada el 4 y 5 de
ese mes, cuando por mayoría de 19 votos el continente americano desconoció la
validez de las elecciones del pasado 20 de mayo y por ende, la legitimidad del
presidente en el cargo. No es poca cosa en estos duros momentos
TUITEANDO
Contra
el socavamiento de las instituciones académicas en Nicaragua y Venezuelaes
un documento generado en una reunión de científicos realizada en la Ciudad de
México la semana pasada. Invitamos a leerlo, suscribirlo y difundirlo.
07-06-18
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico