ALFREDO MEZA Caracas 16 ENE 2014
El presidente de
Venezuela abandona cualquier concesión al pragmatismo y decreta que la
revolución bolivariana es irreversible
El presidente Maduro
radicaliza la revolución chavista
La primera rendición de cuentas ante
la Asamblea Nacional del presidente Nicolás Maduro estuvo
marcada por el recuerdo de su padre político Hugo Chávez. Lo
que parecía una mención como tantas otras terminó de cobrar sentido con las
novedades anunciadas. El gobernante venezolano ha decidido profundizar la
apuesta económica ideada por el líder bolivariano dejando de lado cualquier
concesión pragmática esbozada al comienzo de su mandato. “Construir ese modelo
será la tarea principal de la revolución en los próximos cinco años, pero la
tarea principal de la Nación será construir un nuevo modelo de paz”, dijo al
final de su intervención.
Esa última frase fue quizá de las más
esperadas de la noche. Mientras avanzaba en su copioso recuento –otro modo de
homenajear a su fallecido antecesor, que estuvo hablando sin parar en 2012 en
el mismo escenario durante nueve horas- parecía haberse diluido entre el alto
Gobierno el efecto generado con el asesinato de la actriz Mónica Speary su exesposo. Maduro
ha pedido a su ministra de Comunicación de Información, Delcy Rodríguez, la
revisión a fondo de la programación de los canales que se ven en Venezuela. El
Gobierno explica una parte importante del incremento de la violencia criminal
del país con la oferta televisiva. Esa instrucción precedió una promesa con la
cual Maduro comprometió su empeño. “Este año será el comienzo de un plan de
pacificación social. Hay que reconstruir a Venezuela desde los valores sagrados
de la paz y el respeto a la vida”.
El 4 de febrero, cuando se conmemoren
22 años de la intentona golpista que dio a conocer a Hugo Chávez, el
vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente
ejecutivo, Jorge Arreaza, deberán presentar al Presidente un plan concreto para
reducir los índices de criminalidad. Se trata de una oferta que busca revertir
el varapalo recibido por el Gobierno como consecuencia del homicidio de Spear.
La matriz de opinión más extendida sugiere que la inseguridad se ha
incrementado en el país en virtud de la cesión del principio de autoridad.
Fueron los anuncios económicos, sin
embargo, los que coparon el mayor interés de los venezolanos. Hasta este
miércoles el gobierno no había autorizado a los particulares el uso de las
tarjetas de crédito locales para comprar a través de la web. En un país tan
consumista como Venezuela el asunto ha tomado visos de preocupación. Se
esperaba entonces el anuncio de una devaluación que finalmente no llegó. O
llegó de forma encubierta, de acuerdo con el parecer de algunos economistas que
comentaban la intervención de Maduro a través de las redes sociales. La
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha sido eliminada. Todo el
trabajo de asignar dólares subvencionados por el Estado será asumido por el
Centro Nacional de Comercio Exterior, que será presidido por Alejandro Fleming.
El dólar oficial, de 6.30 bolívares por dólar, será mantenido al menos por este
año.
El gobierno piensa fortalecer el
Sicad, un segundo mecanismo creado en 2013 para asignar dólares, a través del
cual se convocan a subastas semanales a sectores específicos de la economía por
un monto que generalmente ronda los 100 millones de dólares. La tasa de cambio
en esa modalidad es casi el doble de la oficial, 11.30 Bs por dólar. Los
analistas consideran que al fortalecer el Sicad el gobierno ha hecho una
devaluación implícita porque liquidará la mayoría de las importaciones a esta
última tasa.
No fue el único cambio crucial para
entender hacia dónde marcha la economía local. Maduro anunció además la fusión
de los ministerios de la Banca Pública y de Economía. El gran damnificado es el
pragmático ministro de Finanzas Nelson Merentes, quien volverá a presidir el
Banco Central de Venezuela. En los primeros meses del nuevo gobierno Merentes
fue partidario de flexibilizar el control cambiario, convocó al diálogo al
empresariado y prometió que serían atendidas sus solicitudes de divisas
preferenciales. Parecía ganarle la mano a uno de los ideólogos de la política
económica chavista, el titular de Planificación Jorge Giordani. Al final la
influencia de Giordani en el gabinete ha podido más. Proseguirán las
importaciones para el Estado a la tasa de 6.30 Bolívares por dólar, habrá un
control férreo de las importaciones del sector privado y una mayor impresión de
dinero sin respaldo. Maduro pareció reivindicarlo al mencionarlo en dos pasajes
de su discurso y al citar sus trabajos académicos. Giordani sonreía. “Se
equivocaron los enemigos del gigante [uno de los tantos
eufemismos usados para llamar a Chávez]. La revolución bolivariana no
desapareció con su muerte”, agregó.
a mención a Chávez fue casi una
constante, pero Maduro tampoco perdió la ocasión para mandar otros mensajes que
revelan las contradicciones al interior del movimiento que lidera. En un inciso
criticó a la ultraizquierda que hace vida dentro del proyecto bolivariano, que
considera que el Presidente ha adoptado una corriente restauradora, lejana del
socialismo ideado por Chávez. “Los dogmas solo han servido para infringir
derrotas al movimiento popular”, dijo el gobernante en respuesta a esos
señalamientos. Pareció una clara alusión al colectivo Grano de Maíz que ha
denunciado la falsificación del “Plan de la Patria”, el último plan de gobierno
redactado por el comandante presidente antes de ganar las
elecciones de 2012. Tal vez estas críticas internas demuestren las amplias
interpretaciones que tiene el legado del líder. Por un lado Maduro anuncia que
no entregará más dólares a empresas fantasmas; por el otro también está
consciente de que es imposible ser tan riguroso y que alguna que otro
importador terminará recibiendo divisas subsidiadas para luego revenderlas en
el mercado negro. En los próximos meses podría pagar un alto costo político si
mantiene la obsesión de centralizar todas las importaciones y sustituye la
labor que cumplía el sector privado.
La ofensiva económica –la
fiscalización y eventual confiscación de mercancías para rematarlas a precios
fijados por el Gobierno– continuará en los próximos meses. El comercio
deberá ajustar los márgenes de ganancias. Para ello podrá echar mano de una Ley
de Precios Justos, que aprobará con los poderes legislativos recibidos del
Parlamento, y que establecerá un tope de 30% en las ganancias; de una
superintendencia de precios justos y de los fiscales que contratará el Estado
para vigilar hasta el último palmo del país. “Tengan la seguridad de que los
fiscalizaremos a todos tarde o temprano”, vaticinó el Presidente.
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